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Uribe de nuevo gobierna: Demos gracias al voto en blanco y a los tibios

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No cabe ya ninguna duda. Volvió Uribe y nos gobierna en cuerpo (¿o quizás puerco?) ajeno. De nuevo hay chuzadas a magistrados, periodistas y políticos. Se reactivaron los «asesinatos aplazados». Volvieron a ser cotidianas (como en épocas de la UP) las muertes selectivas que huelen a masacre con «criterio social». Se repite la historia: los militares, convenientemente, no ven ni combaten a los paramilitares. Otra vez los paramilitares se toman el territorio y con desparpajo hasta hacen videos anunciando como extorsionarán para financiar su «industria de la muerte».

Pero ese retorno tenebroso y que nos recuerda la célebre frase «se le dijo, se le recomendó (y) se le advirtió» del fallecido humorista uruguayo Hebert Castro tiene unos responsables concretos, en este caso quienes en Colombia, como el personaje «peraloca» de los años 80, «se pasaron la advertencia por la faja» y «desatendieron el consejo» de no hacer todo lo posible a su alcance para evitar que el uribismo retomara el control del país y sobreviniera de nuevo el oscurantismo y la barbarie.

De la tragedia que hoy afronta el país y que implica nuevamente derramamiento de «litros de sangre», muerte, amenazas y abusos de poder, puede responsabilizarse por complicidad por acción y omisión a varios «personajes». En primer lugar los que, como Sergio Fajardo, dejaron de tomar partido y prefirieron irse a ‘ver ballenas’ a sabiendas y conscientes que «cada que una persona deja de votar porque dice que para que votar si todos son iguales» los que celebran «son los corruptos».

En segundo lugar quienes como «líderes de opinión» votaron en blanco y, acéptenlo o no, promovieron que otros ciudadanos siguieran sus pasos descalificando a la opción política que competía con Duque, misma que más allá de sus malquerencias y mezquindades sabían que por mala que resultara jamás tendría las implicaciones que si sabían que se desprenderían de la reconquista del gobierno y del poder por Uribe. Sabían de sobra de que este último era capaz y aún así no les importó.

En este último grupo puede ubicarse, por ejemplo, a Daniel Samper Ospina y Daniel Coronel, quienes en su soberbia y por omisión posibilitaron de nuevo el acceso de Uribe al poder dando a entender malintencionadamente (al no ser cierto) que un gobierno de Petro en nada se diferenciaría de Duque y tambien desembocaría irremediablemente en autoritarismo, restricción de las libertades democráticas, interceptación de las comunicaciones, rearme del paramilitarismo, avivamiento de la guerra, asesinatos y destrucción del marco institucional y del medio ambiente.

Lo peor de estos nefastos personajes, más allá de la falta de empatía con quienes en Colombia si padecen los rigores de las políticas de exterminio de la extrema derecha, es su insensibilidad para aún, con el baño de sangre que ha vuelto a surgir en su país, reconocer que en su decisión primó, más allá del interés colectivo y/o general, sus animadversiones y sus posiciones subjetivas.

No van ni siquiera a admitir que se equivocaron. Por el contrario se vanaglorian de decisiones y posiciones que han vuelto a ocasionar derramamiento de sangre. Mientras tanto, como Fajardo, miran para otra parte como si en lo que viene sucediendo no tuvieran, y en grado alto, una gran cuota de responsabilidad política.

Historia con plastilina para uribistas que odian guerrilleros

IMG_20200109_145619.jpgCada determinado tiempo la jauría uribista arremete contra el M-19 pero por una razón en específico: haber albergado entre sus filas a Gustavo Petro. Poco les interesa hablar, o no saben nada al respecto, de otros militantes guerrilleros del Eme que han sido de los afectos de Uribe como Everth Bustamante, Rosemberg Pabón (comandante toma Embajada República Dominicana), Eduardo Chávez y Augusto Osorno entre otros.

En la lógica maniqueísta del uribismo, en el que hay guerrilleros malos (como Petro) y otros guerrilleros que se volvieron buenos, bajo la unción de Uribe, (como los ya mencionados) tampoco se hace alusión a Adolfo Bula (desmovilizado del ELN) o a los ex guerrilleros del EPL Carlos Franco y Darío Mejía.

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En esa mezcla entre ignorancia, hipocresía y doble moral, los militantes del Centro Democrático se mueven entre el odio por los «guerrilleros malditos» y el silencio frente a los bendecidos a partir de su complicidad con su «mesías» montañero. Enardecidos se enseñan en las redes sociales exigiendo aún hoy cárcel para los «criminales» del M-19 pero pasan por alto muchos detalles.

En la absurda lógica recientemente defendida por Uribe Vélez ante un joven bañista en Santa Marta, muchos hablan destilando absoluta ignorancia, quizás convencidos de que como no les tocó vivir la historia en carne propia, les es innecesario conocerla y leerla.

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Ignoran por ejemplo, que muchos de los delitos que le indilgan a Petro y por los cuales quisieran verlo tras las rejas nunca se produjeron. También que bajo el gobierno de Virgilio Barco, la ley 77 de diciembre 22 de 1989 concedió indultos al M-19 y que cuando la libertad de los integrantes de esa guerrilla estuvo en peligro, Álvaro Uribe Vélez fue coautor y ponente de la ley 7 de julio 3 de 1992 o ley de reindulto en favor del M-19. También que cuando el proceso con esa guerrilla volvió a estar en peligro en noviembre de 2015 Uribe volvió a defender el indulto, tres años (2018) antes de «arrepentirse» también por culpa de la popularidad de Petro. Por nada diferente. Por nada más.

 

Arrancó la «estabilización» con 300 paras pasándole cuentas a Bojayá

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Cómo si lo vivido en mayo de 2002 cuando más de un centenar de sus habitantes murió refugiada en una iglesia tras la explosión de un cilindro bomba arrojado por las FARC, Bojayá (Chocó) ha vuelto a ser noticia, esta vez por la incursión al mediodía del 31 de diciembre de 300 paramilitares, sin que se perciba un accionar preventivo y no reactivo de las fuerzas militares.

Bien podría afirmarse que era previsible lo ocurrido bajo un gobierno en que los grupos paramilitares se han reactivado y se dan el lujo de movilizar grandes cantidades de efectivos sin que la fuerza pública, convenientemente y como en el pasado tenebroso de Colombia, se percate de su presencia. Del accionar del nuevo comandante del ejército, General, Enrique ‘Mago’ Zapateiro, habían dudas que han empezado a ser despejadas: Ya, los paras y no el ausente ejército comenzaron a «estabilizar las regiones de Colombia» a punta de terror y prometiendo plomo.

En este escenario, la escogencia de Bojayá no es gratuita. Es simbólica y aleccionadora. A sus habitantes se les cobra el SI al plebiscito por la Paz del 2 de octubre de 2016 donde de 2074 votantes un 95,8% (1987) se expresaron afirmativamente en las urnas y solo un 4,2% (87 personas) lo hicieron siguiendo los dictámenes y deseos del uribismo.

Pero no sólo eso. Están pasándole factura a sus habitantes por los resultados de las presidenciales en donde Petro se impuso en primera vuelta sobre Duque por 847 votos (50%) contra 242 (14,28%) y casi triplicó su votación para derrotarlo en segunda vuelta por 1494 votos (72,20%) contra 532 (25,71%).

Los datos de la incursión paramilitar atribuida a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC, dan cuenta de que arrancó por la zona de Pogue (Atrato medio) donde en sus dos mesas Petro arrasó con Duque en primera y segunda vuelta presidencial sacándole una ventaja bastante considerable y vergonzosa: 140 votos contra 1 en primera vuelta y 194 votos contra 0 en segunda vuelta.

Si algo ocurre en Bojayá la única responsabilidad recaerá sobre el gobierno y su ejército. Desde los documentos Santa Fe I y II (elaborados por la CIA como manual de actuación para América Latina y trabajado como doctrina de seguridad en la Escuela de las Américas) se conoce que el paramilitarismo es una forma paralela de actuación estatal que considera ‘enemigo interno’ a cualquier persona que se aparte de lo que quiere el establecimiento y/o ‘piense diferente’ y que para minimizar las consecuencias por condenas por violación de derechos humanos el Estado recurre a personal ajeno a la institucionalidad para hacerle el trabajo sucio.

Enrique «mago» Zapateiro: el nuevo pacificador «positivo» del ejército

ENEKn94WwAAy_vl.jpgEduardo Enrique Zapateiro Altamiranda es el general cartagenero que por órdenes de Duque asumió la conducción del Ejército Nacional de Colombia en remplazo del también cuestionado general Nicacio Martínez Espinel. Si su designación se hubiese dado 24 horas después los colombianos de seguro la habrían tomado como una inocentada más.

Y es que el nuevo número uno de la más importante fuerza de «defensa del país» al igual que su antecesor está seriamente cuestionado por lo que la comunidad internacional de derechos humanos identifica como falsos positivos. Por eso su promesa de «estabilizar las regiones de Colombia» siembra serías dudas sobre sus propósitos sobre todo por el significado del término: «Dar a algo estabilidad» de acuerdo a la RAE.

Surge entonces la pregunta sobre qué es exactamente lo que el general quiere estabilizar a lo largo y ancho del país si se tiene en cuenta que la protesta social ha generado inestabilidad al actual gobierno pese a los asesinatos impunes de cientos de lideres sociales. ¿Fungirá el ejército como un instrumento más efectivo para acallar voces disonantes y el general se eregirá en una suerte de «pacificador» al estilo del español Pablo Morillo?

Lo cierto es que el general, salvó a Duque y a la extrema derecha que gobierna el país, no genera confianza alguna entre la ciudadanía, aclarando que no se trata de una prevención infundada. Existen sobradas razones para esa desconfianza en quién constitucionalmente debería garantizar la vida de todos los colombianos sin excepción.

Sobre Zapateiro Altamiranda pesan entre otras muchas razones de desconfianza sobre su compromiso real con la defensa de los derechos humanos dos casos relevantes en los que está involucrado. Uno de ellos la ejecución del agricultor Jorge Eliecer Blanco en San Pablo Bolívar cuyo asesinato se justificó por su aparente pertenencia a la guerrilla (aunque se le ejecutó sin armas) y la desaparición de Jaime Quintero (padre del futbolista Juan Fernando Quintero) en marzo de 1995 cuando este prestaba servicio militar y el «mago» Zapateiro ordenó su traslado sin que el ejército volviera a responder por su paradero.

Reclutamientos de menores: ¿Algunos si son bendecidos?

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El uribismo, sus partidos aliados, instituciones del Estado como Procuraduría e ICBF y los medios de comunicación al servicio de los poderosos siempre rasgaron sus vestiduras y fueron enérgicos en su condena al tema de reclutamiento de menores de edad por parte de la guerrilla e incluso este proceso reprobable continuó siendo uno de sus caballitos de batalla con posterioridad a la desmovilización de las FARC.

Hoy el fenómeno persiste y existen ya denuncias concretas como el caso de Tarazá (Antioquía) y la Caucana, pero a diferencia de épocas pasadas los mismos protagonistas ya mencionados antes, esta vez guardan sepulcral y cómplice silencio. La razón: quienes ahora reclutan a niños y niñas son paramilitares y al parecer desde su lógica de la hipocresía hay reclutamientos malos e inconcebibles y reclutamientos buenos y justificables. El plazo para «incorporación» de estos niños es el 6 de enero de 2020. Los padres que no los entreguen serán declarados objetivo militar. No pueden huir. Nadie puede abandonar la zona.

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Es la neopramilitarización del territorio que resurge bajo el influjo del uribismo en el poder y que tiene por cometido reactivar la máquina de la guerra y de la muerte del que este sector se lucra económica y electoralmente. Por eso, a pesar de las denuncias, que más que eso son un grito desesperado de padres de familia que bajo amenazas de muerte deben entregar a sus niños y niñas, nadie desde el poder hace o dice nada.

Los niños de los privilegiados, a diferencia de los de Tarazá, ya recibieron sus regalos, muchos están en el exterior disfrutando de vacaciones y nunca serán amenazados y obligados a empuñar un fusil, para en lugar de estudiar y jugar acostumbrarse a asesinar sin remordimientos.

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Pero no es sólo en Colombia donde se guarda sepulcral silencio. A la Comunidad Internacional de Derechos Humanos tampoco pareciera interesarle el tema. Igual ocurre en Colombia y no en Venezuela, donde si saldrían prestos a denunciar semejante crimen que le roba la inocencia y el futuro a niños pobres.

Extranjeros: No visiten la Colombia uribista de los «asesinatos aplazados» y las muertes sin pena

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Colombia es un país hermoso, de paisajes únicos y con mucha gente buena, amable y hospitalaria, pero no todos son así. Hay una pequeña minoría empoderada y armada que tiene licencia para los peores de los crimenes que se puedan imaginar. Tal es lo que se esconde detrás del atroz crimen de la ambientalista Nathalia Jiménez y su esposo Rodrigo Monsalve en Palomino (Guajira) o de la muerte de Lucy Villareal en Tumaco (Nariño). Por eso responsablemente le aconsejamos a los extranjeros que piensan en turismo: Por ahora, no visiten Colombia.

Colombia volvió a ser un país peligroso. Desde la nueva llegada del uribismo a la casa de Nariño se reactivaron las amenazas y las muertes. Los asesinatos aplazados de los que habló Álvaro Uribe Vélez el 17 de julio de 2018 volvieron cobijados por la impunidad que les garantiza el actual gobierno. En Colombia está proscrita constitucionalmente la pena de muerte pero se practica y permite la muerte sin pena.

Para el público ingenuo Uribe adelantó un proceso de desmovilización de los grupos paramilitares que tienen su génesis en las Convivir y en la Antioquía que tuvo por gobernador a Uribe Vélez. Sin embargo, quedaron estructuras en una suerte de hibernación. Asesinando de manera selectiva para no despertar sospechas y reacciones y listas para el momento en que pudieran volver a empezar a dejar su estela de sangre, con la seguridad de que lejos de ser combatidos por las fuerzas militares y de policía serían, como en épocas pretéritas, cobijados y auxiliados por estas.

La bandera más mentirosa del uribismo fue que con la política de seguridad democrática se podía volver a viajar por carretera sin temor a las «pescas milagrosas» de la guerrilla. Hoy son los sectores en armas afines al gobierno, los que detienen, encapuchan, torturan y asesinan en terrenos donde ellos imponen vedas para ciudadanos, que discrecionalmente pueden (a raíz del odio inoculado por el uribismo) ser asumidos como contrarios a la ideología del gobierno y ser asesinados por ello.

Cualquiera en cualquier parte puede ser una potencial o futura víctima. Hasta los extranjeros que bien podrían ser confundidos con integrantes de grupos antinarcóticos internacionales y desaparecer o aparecer muertos o mutilados por los únicos psicópatas en el mundo que se sienten respaldados por un gobierno. Todos los días asesinan y tras las exhaustivas investigaciones no hay individualización de autores intelectuales y materiales ni detenciones. No pasa nada. Absolutamente nada diferente a las sonrisas sádicas de los asesinos y sus cómplices.

Radiografía extensa de la élite enferma y criminal que nos gobierna

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Lo nuevo emerge de lo viejo y de manera rara vez no violenta lo sepulta. Un ejemplo emblemático lo constituye la revolución francesa como superación de un orden caduco y el surgimiento de uno novedoso: el de la ilustración y la burguesía.

Quienes ejecutan cambios de este tipo que significan evolución pueden ser llamados revolucionarios. Son revolucionarios los franceses que lucharon contra el absolutismo y por la instauración de la república y también los americanos que lo hicieron contra España con los mismos propósitos (libertad, igualdad, fraternidad). La concepción política de estos últimos podría calificarse también como liberal o progresista.

A la par de estos, la oposición al cambio con pretensiones de frenar y/o impedir lo nuevo o emergente y de mantener el statu quo o garantizar la inmovilidad de la sociedad puede llamarse reacción y quienes la defienden pueden denominarse sectores retardatarios y/o reaccionarios .

Su actitud riñe con la libertad y pretende básicamente conservar y/o preservar a como de lugar y evitando que perezca lo anacrónico. Por ello, la concepción política de estos últimos podría calificarse también como clerical y conservadora.

En Colombia a pesar de la Constitución de 1991 de corte liberal y progresista y opuesta a la conservadora Constitución de 1886 no ha sido posible el desarrollo de un modelo de Estado que favorezca a las mayorías y no a las minorías ultraconservadoras y reaccionarias que para perpetuarse en el poder han apelado siempre a la misma estrategia: Desprestigiar y mostrar cómo auténticos demonios a quienes no lo son.

De la misma manera como a Petro se le sataniza hoy acusándolo de ateo y hereje se hizo con Gaitán en su momento. Lamentablemente los colombianos desconocen su propia historia y la repiten una y otra vez, casi que de manera masoquista.

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Por eso, lo que queda de la Constitución de 1991 después de más de 50 reformas en 28 años, se ha convertido en letra muerta. Lo del Constituyente del 91 es un intento de modernización de país y de transito de formas estatales de características premodernas y con altos rasgos de autoritaritarismo, sustentadas en lo religioso y con el objetivo de justificar casi de manera medieval la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos, hacia un país moderno, laico, que reivindica las libertades (liberal) y la democracia y cuyo cometido en lo económico es sentar las bases para el desarrollo de un verdadero capitalismo.

Sin embargo tal tránsito ha encontrado la férrea oposición de los sectores reaccionarios que defienden lo caduco. Su política de «atravesarse en la vía» ejemplifica la tendencia natural de lo viejo a no desaparecer, a no perecer y no abrir espacio a lo nuevo, sino a resistir y a reaccionar intentando devolver todo a su estado anterior como una especie de cáncer que hace metástasis una y otra vez.

En Colombia nos gobierna un sector minoritario con estas últimas características y en mayo de 2018 los electores, pudiendo optar entre iniciar el verdadero desarrollo de la Constitución vigente (impulsando lo social), o en su defecto dar un salto al pasado, prefirieron esto último. De esta forma accedió al gobierno un sector ultra retardatario extremo (el uribismo) al que ni siquiera le resulta suficiente retrotraer el país a las guerras superadas y a la Constitución de 1886.

Nos gobierna un sector de la sociedad que siente que aún la democracia es peligrosa, revolucionaria y por lo tanto digna de ser, junto a sus promotores, perseguida y proscrita. Un sector al que el Estado Social de Derecho les parece una aberración y una concesión inadmisible que los iguala como élite al resto de ciudadanos, a quienes conciben solo como vulgo o una plebe amorfa con una única misión en la vida: servirles y enriquecerlos.

Tal élite, sobre la instrumentalización de la «nueva fe» (la de las iglesias evangélicas), paradójicamente nacidas y fortalecidas a partir de la libertad de cultos que una visión progresista instauró en la constitución del 91, sataniza a todo lo que les resulta contrario y a quienes amenazan heréticamente sus privilegios y propiedades (en términos de millares de hectáreas acumuladas mediante el despojo violento).

Igual proceden, con quienes despiertan sus miedos de pérdida de privilegios y cuestionan su pretendida e infundada superioridad racial. A estos quisieran azotarlos o eliminarlos encendiendo, como en la inquisición, hogueras para exterminar «pecadores» que no son otra cosa que los líderes sociales que reclaman derechos en nuestros tiempos.

Desde esta suerte de supremacismo prefieren la autocracia sobre la democracia, pues igual que en el medioevo están convencidos de haber sido designados por el mismísimo Dios (teocracia) para gobernar y subordinar (destruir) a la naturaleza y al resto de mortales inferiores y sin alma. Al fin y al cabo sus antepasados consideraban de manera similar a indígenas y negros.

Desde su disociación mental, en la que fungen como grandes hacendados blancos que se sirven de formas hispánicas de esclavismo, desearían vivir en la América preindependentista y por tanto sueñan con unas relaciones de pleitesía, subordinación y resignación servil del que les trabaja, en las que los salarios en dinero desaparecieran.

Sueñan con que se reinstauraran las contraprestaciones por trabajo en especie, de tal suerte que quienes ejercieran los trabajos fuertes les agradecieran por dominarlos y azotarlos a cambio de permitirles un pequeño espacio para pernoctar, un poco de agua y un poco de las sobras de su comida ostentosa.

No son demócratas. Son defensores de una estructura piramidal en la que desearían que se les concibiera como una nobleza inaccesible y que se soporta a su vez sobre un neo estamento religioso (evangélico) y uno militar parasitario, que se conforman y extasían con recoger lo que los de sangre azul dejan caer desde sus mesas. En la base de la pirámide sueñan con tener una enorme masa de ignorantes que, como ya se ha dicho, les rindan reverencia y se inclinen a su paso sin la posibilidad siquiera de mirarlos a los ojos.

Por eso reniegan de Bolívar. Por su legado de libertad, igualdad y fraternidad, no sólo en teoría, sino en su practica sin hipocresías. No le perdonan su «mal ejemplo» de liberar a sus esclavos y de llamar madre a la negra que asumió su crianza.

Si el enemigo no existe hay que crearlo (la estretagía del Uribismo)

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El uribismo está desesperado. Nada le viene saliendo bien. Las encuestas no.muestran mejoría; Maduro no cae y se fortalece tras el «cerco» (o cerdo) diplomático de Duque; el inconformismo y la protesta social interna escalan frente a la inoperancia del «presidente» que colocó el ventrílocuo; las objeciones a la JEP (Hacer trizas la paz) no cuentan con el necesario consenso parlamentario; Trump de manera pública descalifica a Ivancito y, para colmos, el parlamento ruso les hace una seria advertencia de no intervenir en los asuntos internos de Venezuela ni agredirla (principio de no injerencia).

Para agravar la situación Richard Maok Riaño, el ex miembro del CTI exiliado en Canadá y más conocido como Hacker Fiscalía (@hackerfiscalia en twitter) aprovecha la marcha de colombianos hacia la Corte Penal Internacional (CPI) y presenta personalmente ante la misma un cúmulo de pruebas científicas que muestran los nexos entre el ex fiscal Luis Camilo Osorio y Álvaro Uribe Vélez con el paramilitarismo.

Inmediatamente y como reacción «surge» un nuevo grupo paramilitar autodenominado MEP (Muerte a Enemigos de la Patria); surgen amenazan a toda la familia de Gustavo Petro Urrego y, militares activos y en retiro, desde sus redes sociales, empiezan a difundir supuestas amenazas de la Columna Móvil Jaime Martínez de las FARC EP (Frente Primero) donde se declara objetivo militar a todos los miembros de la fuerza pública y de la policía.

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La idea pareciera ser clara: Generar caos y zozobra para ocultar o minimizar el mal momento del patrón, a partir de exacerbar el odio y la polarización y, además, crear (artificialmente) la sensación de existencia de una amenaza «real» proveniente de un «enemigo interno» (guerrilla) financiado por un «enemigo externo» (Maduro) que busca desestabilizar al gobierno y al país utilizando, entre otros muchos medios, a civiles aliados (indígenas, campesinos, trabajadores, estudiantes, oposición política) que deben ser enfrentados sin contemplaciones y recurriendo a la razón de la fuerza, es decir, a las balas.

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En todo este maquiavélico contexto, no es de extrañar que, al mejor estilo de las épocas de Pablo Escobar, empiecen a estallar carros bomba que afecten tanto a civiles como a militares y que se arranque un «plan pistola», como en las épocas del capo,
en el que se asesine a «piezas sacrificables» por su bajo rango para que más de un incauto vuelva a creer en que lo que necesita el país es una mano firme y un corazón sanguinario que a punta de balas, exterminio y muerte se reinventa como nuestro «salvador».

La lógica demencial del uribismo, cuando pierde el oxígeno de la guerra, aunque mezquina y perversa es simple:

Si no hay enemigos, «peligro» inminente o miedos y se pierde respaldo, hay la necesidad de crearlos recurriendo a los medios que sean necesarios para hacerlo (el fin justifica los medios). Divide y reinarás. Auto conviértete en víctima (aunque seas victimario) y lograrás movilizar ejércitos de ignorantes e incautos fanatizados, que son el insumo fundamental para reiniciar nuevos fuegos y nuevas guerras

¿Atentado suicida u otro falso positivo?

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La pregunta del día en Colombia es: ¿Estamos frente a un ataque suicida sin precedentes en la historia del país, o frente a un nuevo caso de falso positivo?. La duda crece tras el calificativo de mentiroso que el periodista Gonzalo Guillen le otorgó al Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez a raíz de la hipótesis que este último tejiera sobre la pérdida de la mano derecha del acusado y consultas que muestran que este era reservista del ejército y no tenía antecedentes penales.

Jose Aldemar Rojas Rodriguez era en vida el nombre del supuesto terrorista del ELN que el Fiscal se apresuró a responsabilizar como la persona que conducía el vehículo de placas LAF 565 que ingresó a la Escuela de Policía General Santander y detonó una carga explosiva que acabó, lamentablenente, con la vida de varios cadetes. No obstante fotografías y vídeos muestran que ingresó como perro por su casa a la escuela y que pasó en medio de formaciones de cerca de 150 policías sin mostrar interés de inmolarse y ocasionar una mayor cantidad de víctimas ¿Ingresó acaso engañado y el vehículo fue detonado convenientemente mediante control remoto?

https://youtu.be/Y qwnfmmvcfp8

A partir de la información que ha venido conociéndose (fotos, vídeos, consultas) y de la rápida sindicación a Rojas Rodriguez y al capturado Ricardo Andrés Carvajal Salgar emergen serias dudas entre la opinión pública en torno a si en este caso no se estará cocinando un nuevo falso positivo en que unos inocentes son sacrificados y otros cumplen el papel de chivos espiatorios de las autoridades.

Las sospechas y desconfianza aumentan frente al reciente anunciado atentado contra el presidente Duque que quedó en nada y en el que un supuesto ciudadano venezolano comisionado para atentar contra el mandatario terminó siendo en realidad colombiano y, además, la segunda supuesta muerte de alias «guacho» de quien no se han publicado aún las pruebas dactiloscópicas que ratifiquen su muerte.

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El Ministro de defensa Guillermo Botero señaló que Aldemar Rojas Rodriguez era militante del ELN en cuyas filas era conocido como ‘El Mocho Kiko’, quien hacia parte de esa organización guerrillera desde 1994 y era un reconocido explosivista, actividad en la que se aseguró que perdió su mano derecha. No obstante, y luego de la presentación de su registro civil ante los medios, Gonzalo Guillén no dudó como ya se dijo en desenmascarar al fiscal pues en ese documento aparece que carecía de ese miembro desde su nacimiento.

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A las dudas sobre la responsabilidad de Jose Aldemar Rojas Rodriguez se suman ahora dos hechos significativos. El primero, que el supuesto miembro de la guerrilla del ELN aparezca ahora como miembro de la reserva del ejército nacional con libreta de primera categoría. La segunda, que siendo un «reconocido explosivista» no le figuren antecedentes judiciales registrados en la policía nacional ni hubiera orden de captura alguna emitida en su contra.

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Una tercera duda se desprende de la consulta de la cédula del sindicado en el Registro Único Nacional de Tránsito donde aparece que la fecha de su inscripción en el RUNT es apenas el 5 de febrero de 2018 muy a pesar de una discapacidad de nacimiento que lo limita para conducir.

Por último, llama poderosamente la atención que la consulta sobre el Nissan Patrol modelo 1993 de placas LAF 565, color plateado, número de serie WGY60121364, de motor TB42085716 y con licencia de tránsito 10016071455 haya sido expedida no en zonas con presencia e influencia del ELN sino por la Secretaria de Tránsito de Bello, Antioquía.

¿A quién o a quienes convenía el atentado? Es la pregunta que Noticias Uno fórmula a uno de sus invitados y en cuyas respuestas existe coincidencia con otro video en donde un ex policía bumangués se cuestiona sobre quienes pueden ser los grandes beneficiados con las muertes de los policías

El florero de Llorente del uribismo y el peligro de marchar

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Lo necesitaban. Lo requerían. Lo anhelaban. Ansiaban un acto de las características horrorosas y demenciales del ocurrido en la Escuela Francisco de Paula Santander para revalidarse socialmente como sector político que personifica a un número bastante importante de gente enferma, de disociados de la guerra que en el país añoran las explosiones, la muerte y la guerra y que detestan cualquier intento de paz que no se construya sobre la base de la derrota militar y el exterminio y/o aniquilamiento total del otro.

Tenían varios y serios problemas. La caída de la credibilidad y aceptación del ex presidente Uribe en las encuestas, los niveles precarios de favorabilidad de Duque en el mismo tipo de mediciones, los nombramientos cuestionados, la mermelada revivida y exorcisada, muertes bajo extrañas circunstancias de quienes debían testificar contra poderosos e intocables, escándalos de corrupción que vinculan a su Fiscal amigo y muchas otras cosas más por ocultar tras una densa e irrespirable cortina de humo o por enfriar en el refrigerador del olvido. Necesitaban un florero de Llorente así, para incitar, ánimar y encender los ánimos bélicos como en 1810.

Todo lo anterior no es suficiente para afirmar, apresuradamente, que fue la extrema derecha la autora del atentado. Tienen los medios, los motivos, las complicidades y la habilidad suficiente para manipular y sacar y/o extraer rentabilidad o, más bien, para capitalizar o sacar partido político aún de las cenizas y de la desolación que deja tras de sí la cobardía de unos y la desgracia ajena, pero no lo podemos decir sin ser irresponsables como si lo es el Fiscal para sindicar y el presidente para actuar.

Nuestra responsabilidad y sentido de humanidad nos permite repudiar pero no sindicar. No es descartable que sean los mismos que asesinan líderes sociales los que hoy sacrifican policías buscando lo mismo: una respuesta violenta que vuelva trizas la paz como lo prometieron. Más sin embargo, no es descartable tampoco que haya sido el ELN porque la guerra tiene la propiedad de degradar y borrar todo vestigio de humanidad de quienes son sus actores y promotores de lado y lado.

Y no es descartable tampoco lo último, hasta que no exista un pronunciamiento en el que lo reivindiquen o lo nieguen, porque en Colombia quienes se han levantado en armas contra el Estado en más de una ocasión con sus acciones no calculadas y sin sentido, han jugado para lo más obtuso del establecimiento y hasta elegido y reelegido presidentes. Ya el 27 de enero del año pasado, en la Estación de Policía de San José en Barranquilla, el ELN a meses de una elección presidencial, hizo un significativo aporte a la elección de Iván Duque con un atentado que cohesionó a las fuerzas proclives a la guerra.

Mientras se esclarecen las cosas, si es que logran esclarecerse con un Fiscal que no es prenda de garantía, salvo para el uribismo, lo más prudente es no marchar y no por insolidaridad o ausencia de humanidad sino porque es peligroso. Así la autoría del atentado se la atribuya el ELN, lo cierto es que la extrema derecha es muy capaz de sacrificar personas del común y perpetrar uno o varios atentados, en medio de las marchas ciudadanas, con el objetivo de exacerbar aún más el odio y espíritu de guerra que constituye el combustible u oxígeno para la vigencia y continuidad de su «proyecto politico».