La biblia en lo que pareciera describir a los colombianos alienados por los «miedos» de conspiración, señala en Isaías 5:20 que hay quienes «a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo…». Eso sintetiza de alguna forma también la inversión de valores en nuestra sociedad.
En esa dinámica y «lógica» absurda, es un escándalo y una afrenta condenable que un candidato presidencial diga que ningún policía y/o militar debe estar excluido de la posibilidad de acceder a la educación superior y que debe tener opciones de hacer cosas diferentes a enrolarse, si así lo quiere.
Contrario a ello, es «bien vista» por ejemplo, la discriminación que impide que un joven de escasos recursos pueda aspirar a ser un oficial de nuestras fuerzas militares o de policía o, peor aún, esa especie de sistema de organización por castas, que impide la movilidad al interior de las fuerzas, esto es, que los suboficiales puedan aspirar a la oficialidad a partir de experiencia, tiempo de servicio y estudios.
A esto es a lo que la oficialidad en retiro en verdad le teme: A que la extensión de la oportunidad en el estudio a todos los miembros de la fuerza pública, sin excepciones, sea el preludio de una democratización que permita esa preparación que posibilite que cualquier miembro pueda aspirar a ascender hasta general de 3 soles, sin que para ello represente obstáculo su condición económica. Le temen a la democracia y a perder privilegios que se soportan sobre exclusiones.
Paradójicamente dentro de esta espiral de cosas sin sentido, se reprueba que policías y militares puedan servir a la patria con las armas pero también con los libros; al tiempo que se aprueba frenéticamente que nuestros jóvenes en lugar de ir a las aulas vayan al campo de batalla a acabar con sueños de otros jóvenes que poco se diferencian de ellos; a retornar a las salas de sus casas en un ataúd cubierto por la bandera de Colombia o, peor aún, a regresar mutilados y con graves secuelas físicas o psicológicas al seno de sus familias.
Se condena y muestra como enemigo de los militares a quien en el Sumapaz dignificó las condiciones de existencia de soldados surgidos de sectores pobres de la geografía nacional (Petro), pero se muestra como «salvador» y «redentor» de los mismos muchachos a quien por razones fiscales les quitó a los soldados profesionales, a través del Decreto 3770 de 2009, el subsidio que les había otorgado el artículo 11 del decreto 1794 de 2000 (Uribe)
En buena hora, una alta corte de justicia, una de esas que el uribismo-duquismo pretenden acabar por incómodas, les restituye a nuestros héroes de la patria, a través de demanda, lo que el mesiánico presidente les había arrebatado (Sentencia 00065 de junio 8 de 2017, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B)
J.J. Rendón, o más bien J.J. el HAMPÓN, lo había anticipado: Haría todo lo posible, aún gratuitamente, para destruir con su especialidad, es decir, con la mentira, a Gustavo Petro.
En su propósito, el ciudadano venezolano de marras siempre ha contado con los «miedos» de comunicacion, que colocan la cuota inicial de la mentira, para que el ejército de fanáticos de las redes las diseminen sin ninguna vergüenza y pudor y, obvio, sin ningún análisis.
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