A raíz de la propuesta de Gustavo Petro de garantizar educación universitaria pública y gratuita se han suscitado dudas entre escépticos y opositores políticos del candidato que sostienen que tal propuesta sería presupuestalmente imposible de materializar.
En la perspectiva de aportar elementos a la discusión presentamos algunas posibles fuentes de financiación para esta propuesta que encaja dentro de lo que debería garantizarse a los ciudadanos en un Estado Social de Derecho. Veamos como la propuesta podría ser viable:
1. Revirtiendo las reformas constitucionales mediante las cuáles en 2001 se modificaron los artículos 356 y 357 constitucionales cercenándole un volumen importante de recursos a la educación y a la salud públicas.
Dentro de este escenario, habría que retomar la fórmula de cálculo instituida por el constituyente del 91 para el sector social dentro del marco de una constitución que caracterizó al nuestro como un estado que privilegia el gasto en lo social.
Cómo se recordará el acto legislativo 01 de 2001 generó, de manera transitoria, una reforma constitucional que creó el Sistema General de Participaciones y por dónde por vías de la fórmula de cálculo de las transferencias a los entes territoriales se redujo porcentualmente y en favor de la banca los recursos para salud y educación. Posteriormente el gobierno de Uribe a través del acto legislativo 03 de 2007, en lugar de retrotraer la fórmula de cálculo a su estado inicial, volvió la reforma permanente en favor ya no del sector financiero sino del gasto de guerra.
2. Una segunda forma de financiación es ejerciendo controles más estrictos e imponiendo sanciones más fuertes contra la corrupción que le cuesta a los colombianos aproximadamente 50 billones de pesos al año, dineros suficientes para garantizar la financiación de lo social.
3. Una tercera forma es la de controlar y sancionar la evasión y la elusion de impuestos por parte de los grandes contribuyentes que también le representan al erario un importante faltante calculado en varios billones de pesos.
4. Una cuarta vía no sería subir impuestos sino ampliar las base de personas naturales y jurídicas sujetas de ser gravadas, de tal suerte que no solo se hagan exigibles los impuestos a los pequeños propietarios en las ciudades (como hoy ocurre por ejemplo con el impuesto predial), sino que también empiece a hacerse un inventario de la propiedad rural, sobre todo de la gran propiedad rural (latifundio), de tal suerte que esta parte de la sociedad (hasta hoy excluida de pago de impuesto predial) empiece también solidariamente a contribuir como lo hacen todos los habitantes de las zonas urbanas.
5. Otra importante fuente de recursos, para no hablar de revisión de las condiciones leoninas y desventajosas para el estado de los contratos de concesión y explotación de recursos naturales, es gravar las remesas de las ganancias que se giran al exterior por las multinacionales (como se estila en todos los países del mundo), con lo cual aún las multinacionales mantienen unos importantes márgenes de ganancia.
6. Si se moderniza el campo, por vías de una reforma rural y el uso maximizado de la tierra fértil, como lo propone también Petro, tal situación debe conducir a incrementar la producción de alimentos.
Con ello se logra no solo por vías de colocar la oferta por encima de la demanda bajar precios en el mercado interno, sino también producir excedentes que bien pueden ser procesados (industrialización) para su exportación, generando divisas (gravables) y nuevas industrias que entran a ampliar los recaudos sin necesidad de acudir a elevar los impuestos, que es la vía por la que todos los gobiernos han optado en todas las reformas tributarias implementadas en los últimos 30 años.
7. Si se consolida la paz con las FARC y se concretan acuerdos para la desmovilización del ELN y el sometimiento a la justicia de las BACRIM, sobre la base de verdad, de reparación, de no reincidencia en el delito y de entregar tierras adquiridas a través de la violencia, el gasto militar, que absorbe una importante parte del Presupuesto General de la Nación, puede reducirse paulatinamente y no sobre la reducción y/o retiro del personal ya activo sino sobre la reducción gradual del porcentaje de incorporación del nuevo personal, lo que liberaría importantísimos recursos que hoy se destinan al sector defensa.
8. Una industria que también podría crecer, a partir de lo anterior, en su oferta de servicios, y contribuir a ampliar la base gravable sin incremento de impuestos, es la industria hotelera. Ello, al volverse Colombia por su diversidad y por la existencia de condiciones para ser visitada un destino turístico y para el ecoturismo, lo que además genera también divisas.
Como también existe la errada percepción que un gobierno progresista podría generar inseguridad jurídica y que ello podría hacer que las multinacionales opten por irse del país, hay que decir, que aunque los contratos que ligan al estado con las multinacionales se han firmado en términos desventajosos para la Nación y podrian por tanto renegociarse, por razones de seguridad jurídica y de respeto al principio de confianza legítima, no necesariamente hay que desconocer los contratos ya existentes. Ello no significa, que los futuros no deban negociarse en mejores términos para un país que por razones de soberanía nacional tampoco está para regalar sus recursos naturales y el trabajo de sus connacionales al capital extranjero.
No obstante, la consolidación del proceso de paz con las FARC; los avances para la desmovilización definitiva del ELN y los procesos que puedan llevar al fin de las bandas criminales emergentes, debe propiciar un ambiente que haga favorable no solo la permanencia de capital extranjero, sino la llegada de nuevos inversionistas extranjeros.
Finalmente y como otra de las premisas falsas que ha hecho carrera a través de redes sociales, es que resulta muy díficil que se creen nuevas empresas en el país bajo un escenario de impuestos altos, hay que aclarar que la idea de elevación de impuestos solo es producto de la experiencia histórica que han dejado los gobiernos de derecha durante las últimas décadas, al optar siempre por incrementar impuestos en lugar de propiciar la riqueza y el empleo (en el agro y en la industria).
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