
El pasado 26 de octubre, es decir, apenas 15 días después de que los estudiantes universitarios decidieran emprender un paro nacional indefinido en defensa de la financiación de la educación superior, los rectores anunciaron un «acuerdo» con el gobierno.
Hasta ahí no habría nada por cuestionar a no ser por el hecho de que los rectores se aprovecharon de la protesta estudiantil para negociar y a la hora de hacerlo lo hicieron a espaldas de estudiantes y docentes universitarios en un claro acto de oportunismo y traición a quienes se atrevieron a poner en el centro de la discusión pública el tema de la financiación estatal de la educación pública superior.
Hasta por delicadeza y pudor los rectores han debido de abstenerse de esta acción desleal que desde un principio hizo evocar una especie de transacción en la que a cambio de la tan cuestionada mermelada (llamada así por el uribismo) el gobierno pretendía quitarle fuerza a la protesta estudiantil y granjearse el apoyo y la solidaridad incondicional de quienes con el pactaron coptándolos.
Luego de esa movida estratégica de un gobierno que hasta la fecha se niega a recibir y atender a los estudiantes, era solo cuestión de tiempo para visibilizar otros efectos del mal llamado pacto.
Poco a poco, varios rectores han venido pagando favores al gobierno y dejándose instrumentalizar de una manera vergonzosa, haciendo uso de su poder real y mediático para tratar de dividir al movimiento estudiantil con base en amenazas de cancelación del semestre académico, como si lo que estuviese en juego no fuese algo de una mayor importancia estratégica.
Ejerciendo presión soterrada y enmascarados en una supuesta preocupación por lo académico, rectores como Dolly Montoya (Universidad Nacional) y Carlos Prasca (Uniatlántico) han pretendido quebrantar y/o socavar la autonomía estudiantil a través de procesos de consulta que buscan el levantamiento del paro y dividir al movimiento estudiantil en una arbitraria injerencia en las decisiones del estamento discente y docente.
Todo puede esperarse. Incluso que se adulteren los resultados de consultas virtuales en las que nadie garantiza que a nivel informatico no se manipulen los datos. Funcionarios de esta índole, habiendo tomado partido del lado de la contraparte a los estudiantes no pueden pretender que se les reconozca como garantes de este tipo de procesos. No se puede aspirar a ser juez y parte al mismo tiempo.
De Prasca, el rector de Cambio Radical que puso la Universidad al servicio de intereses politiqueros nada extraña. Haciendo y pagando favores propios de la politiquería, y no por méritos intelectuales y académicos, accedió a la dirección de la universidad y sabe Dios que estará esperando ahora en contraprestación burocrática al favor o mandado que le hace de manera casi servil al presidente Duque.
Incluso no debe ni siquiera extrañarnos, dado su talante godo y reaccionario, que en cualquier momento opte por autorizar la intervención de la fuerza pública al interior del alma mater sin importarle en lo más mínimo la vida e integridad física de sus estudiantes.
Es bueno que la comunidad universitaria, más allá del ropaje populista con el que se disfrazan, identifique a estos oportunistas y traidores que en lugar de ser llamados rectores deberían ser llamados reptores por su enorme capacidad de reptar ante las migajas que se les arroja desde el poder central. No nos cabe la más mínima duda: Judas han existido en todos los tiempos.