El paro por decreto

Veintitrés (23) días de Paro, los objetivos alcanzados no han sido muchos, acaso la objeción del Artículo 44 del Presupuesto General de la Nación, los trece puntos del pliego de exigencias siguen siendo inobservados por parte de quienes detentan el poder en Colombia. 

La mesa que está en conversaciones con el presidente Iván Duque aún no ha podido ni siquiera tener un nombre, mientras que el Comité Nacional de Paro propone que sea una mesa de negociación, el Gobierno Nacional aconseja una “mesa de trabajo”, hasta el día de hoy ni se negocia ni se trabaja.

La falta de discusión, de dirección política y articulación entre los distintos sectores ha desencadenado en un paro, con excepción de Bogotá, caótico y sin horizonte claro.

Las condiciones objetivas de desocupación laboral, informalidad, aumento de los costos de vida, etc., acompañadas de las iniciativas legislativas por parte del ejecutivo, denominadas ‘el paquetazo de Duque’, son un verdadero ataque a la Colombia más pobre.

Entre tales iniciativas gubernamentales se encuentran la reforma tributaria (ley de crecimiento económico) que exonera de responsabilidad tributaria a las grandes empresas en sumas que llegan a los 9 billones de pesos; la reforma laboral que pretendía contratar por horas y reducir el salario mínimo a un 75% para jóvenes menores de 25 años; el holding financiero decretado por Duque en medio del descontento (el cual se constituye en una privatización encubierta de las empresas estatales vinculadas al sector financiero)y la reforma pensional que busca convertir a Colpensiones en un fondo privado.

Todo ello, debería crear un panorama idóneo de agitación y propaganda que tenga como objetivo la unidad del movimiento obrero, campesino, estudiantil y de aquellos sectores que se verán golpeados con la aprobación de estas reformas en torno a una única plataforma de lucha.

Sin embargo en éste escenario las fuerzas vivas y activas de la clase trabajadora se quedan huérfanas en su autonomía, mientras los sindicatos de oficio y los partidos políticos representantes de ésta clase no logran comprender el papel y la responsabilidad que deben cumplir en el direccionamiento de las masas que se movilizan con entusiasmo y energía, que no obstante, ante la falta de un programa, de propaganda y educación, se van desmovilizando y perdiendo el entusiasmo y la energía, al no encontrar soluciones a sus necesidades más urgentes.

¿Cómo dominar las inmensas fuerzas desencadenadas por la movilización?

La dominación efectiva de todas las fuerzas desencadenadas dependerá de la capacidad política y educativa de los elementos mejores y más preparados de los sectores sociales que han salido a manifestar su descontento en las calles de las grandes ciudades. De darle forma y disciplina permanente a las energías desordenadas, a través de un programa construido y estructurado por ellos mismos.

Hay que alimentar la acción con procesos de discusión política, de propaganda y difusión de las reivindicaciones obreras, estudiantiles, profesorales, y de todos aquellos sectores deprimidos y marginados producto de las políticas económicas neoliberales implementadas desde comienzos de siglo.

Mientras en Bogotá, las organizaciones y personas no organizadas realizan plantones en las inmediaciones del edificio en el que se estaba discutiendo el aumento del Salario Mínimo Legal Vigente 2020, y al siguiente día expresan su rechazo en la Plaza de Bolívar a la muy segura aprobación de la Reforma Tributaria por parte del Congreso de la República, los sindicatos regionales y municipales, parecieran estar esperando que la CUT y FECODE decreten una jornada de paro de 24 o 48 horas para convocar a sus asociados que, digámoslo claro, poco sentido de la responsabilidad tienen al no ser capaces de entender y dimensionar el papel de los sindicatos en el marco de una disputa tan exigente como la actual, además de la relación con las masas.

Ello ha provocado que la clase obrera en su orfandad desconfíe del discurso sindical al no contemplarlo como emanación de las condiciones materiales por las cuales atraviesa y se desenvuelve.

¿Cómo soldar el presente con el porvenir, satisfaciendo las necesidades urgentes del presente y trabajando útilmente para crear y anticipar el porvenir?

Hay un país nuevo, potencialmente hablando, pero que aún no conoce otro mundo que el existente y le es inconcebible uno distinto, y cada vez es más notable la contradicción entre los sectores que conforman ese nuevo país y el mundo que les corresponde vivir.

En la medida que se piensa y realiza el nuevo mundo, es necesario infundir vida nueva y energía en los espacios que van surgiendo democráticamente. No obstante, la realización del nuevo mundo tardará años, ante la timidez de la nueva formación social y económica, y la resistencia a perecer perpetrada por los representantes del viejo y moribundo mundo.

Este período tendrá que ser de enérgica construcción. En miras al 2022, la lucha debe agudizarse, transitar de la confrontación espontánea a la disputa por el poder político con un programa común; he aquí la importancia de los propagandistas y agitadores que divulguen las propuestas generales de una candidatura alternativa.

Con el fortalecimiento de la democracia popular y obrera, no liberal burguesa, podremos ir tejiendo el porvenir como una idea-movimiento que vive en el presente.

La invitación es a no retroceder, a seguir resistiendo. Y, sobre todo, a darle forma orgánica al proceso de movilización y descontento actual, es decir, dándole valor histórico real a través de una prolongación en el tiempo más allá de lo que pueda alcanzarse en el presente inmediato.

¡A parar para avanzar, viva el Paro Nacional!

Garantizar educación superior gratuita a todos los jovenes: ¿Es Presupuestalmente posible?

A raíz de la propuesta de Gustavo Petro de garantizar educación universitaria pública y gratuita se han suscitado dudas entre escépticos y opositores políticos del candidato que sostienen que tal propuesta sería presupuestalmente imposible de materializar.

En la perspectiva de aportar elementos a la discusión presentamos algunas posibles fuentes de financiación para esta propuesta que encaja dentro de lo que debería garantizarse a los ciudadanos en un Estado Social de Derecho. Veamos como la propuesta podría ser viable:

1. Revirtiendo las reformas constitucionales mediante las cuáles en 2001 se modificaron los artículos 356 y 357 constitucionales cercenándole un volumen importante de recursos a la educación y a la salud públicas.

Dentro de este escenario, habría que retomar la fórmula de cálculo instituida por el constituyente del 91 para el sector social dentro del marco de una constitución que caracterizó al nuestro como un estado que privilegia el gasto en lo social.

Cómo se recordará el acto legislativo 01 de 2001 generó, de manera transitoria, una reforma constitucional que creó el Sistema General de Participaciones y por dónde por vías de la fórmula de cálculo de las transferencias a los entes territoriales se redujo porcentualmente y en favor de la banca los recursos para salud y educación. Posteriormente el gobierno de Uribe a través del acto legislativo 03 de 2007, en lugar de retrotraer la fórmula de cálculo a su estado inicial, volvió la reforma permanente en favor ya no del sector financiero sino del gasto de guerra.

2. Una segunda forma de financiación es ejerciendo controles más estrictos e imponiendo sanciones más fuertes contra la corrupción que le cuesta a los colombianos aproximadamente 50 billones de pesos al año, dineros suficientes para garantizar la financiación de lo social.

3. Una tercera forma es la de controlar y sancionar la evasión y la elusion de impuestos por parte de los grandes contribuyentes que también le representan al erario un importante faltante calculado en varios billones de pesos.

4. Una cuarta vía no sería subir impuestos sino ampliar las base de personas naturales y jurídicas sujetas de ser gravadas, de tal suerte que no solo se hagan exigibles los impuestos a los pequeños propietarios en las ciudades (como hoy ocurre por ejemplo con el impuesto predial), sino que también empiece a hacerse un inventario de la propiedad rural, sobre todo de la gran propiedad rural (latifundio), de tal suerte que esta parte de la sociedad (hasta hoy excluida de pago de impuesto predial) empiece también solidariamente a contribuir como lo hacen todos los habitantes de las zonas urbanas.

5. Otra importante fuente de recursos, para no hablar de revisión de las condiciones leoninas y desventajosas para el estado de los contratos de concesión y explotación de recursos naturales, es gravar las remesas de las ganancias que se giran al exterior por las multinacionales (como se estila en todos los países del mundo), con lo cual aún las multinacionales mantienen unos importantes márgenes de ganancia.

6. Si se moderniza el campo, por vías de una reforma rural y el uso maximizado de la tierra fértil, como lo propone también Petro, tal situación debe conducir a incrementar la producción de alimentos.

Con ello se logra no solo por vías de colocar la oferta por encima de la demanda bajar precios en el mercado interno, sino también producir excedentes que bien pueden ser procesados (industrialización) para su exportación, generando divisas (gravables) y nuevas industrias que entran a ampliar los recaudos sin necesidad de acudir a elevar los impuestos, que es la vía por la que todos los gobiernos han optado en todas las reformas tributarias implementadas en los últimos 30 años.

7. Si se consolida la paz con las FARC y se concretan acuerdos para la desmovilización del ELN y el sometimiento a la justicia de las BACRIM, sobre la base de verdad, de reparación, de no reincidencia en el delito y de entregar tierras adquiridas a través de la violencia, el gasto militar, que absorbe una importante parte del Presupuesto General de la Nación, puede reducirse paulatinamente y no sobre la reducción y/o retiro del personal ya activo sino sobre la reducción gradual del porcentaje de incorporación del nuevo personal, lo que liberaría importantísimos recursos que hoy se destinan al sector defensa.

8. Una industria que también podría crecer, a partir de lo anterior, en su oferta de servicios, y contribuir a ampliar la base gravable sin incremento de impuestos, es la industria hotelera. Ello, al volverse Colombia por su diversidad y por la existencia de condiciones para ser visitada un destino turístico y para el ecoturismo, lo que además genera también divisas.

Como también existe la errada percepción que un gobierno progresista podría generar inseguridad jurídica y que ello podría hacer que las multinacionales opten por irse del país, hay que decir, que aunque los contratos que ligan al estado con las multinacionales se han firmado en términos desventajosos para la Nación y podrian por tanto renegociarse, por razones de seguridad jurídica y de respeto al principio de confianza legítima, no necesariamente hay que desconocer los contratos ya existentes. Ello no significa, que los futuros no deban negociarse en mejores términos para un país que por razones de soberanía nacional tampoco está para regalar sus recursos naturales y el trabajo de sus connacionales al capital extranjero.

No obstante, la consolidación del proceso de paz con las FARC; los avances para la desmovilización definitiva del ELN y los procesos que puedan llevar al fin de las bandas criminales emergentes, debe propiciar un ambiente que haga favorable no solo la permanencia de capital extranjero, sino la llegada de nuevos inversionistas extranjeros.

Finalmente y como otra de las premisas falsas que ha hecho carrera a través de redes sociales, es que resulta muy díficil que se creen nuevas empresas en el país bajo un escenario de impuestos altos, hay que aclarar que la idea de elevación de impuestos solo es producto de la experiencia histórica que han dejado los gobiernos de derecha durante las últimas décadas, al optar siempre por incrementar impuestos en lugar de propiciar la riqueza y el empleo (en el agro y en la industria).