Colombia: una cruenta y cada vez menos disfrazada Dictadura

Diez (10) millones de colombianos, si es que en realidad existieron, o los que pensaron que daba lo mismo votar por Petro que por Duque o los que decidieron no tomar partido y votar en blanco o irse a ver ballenas mientras el monstruo del autoritarismo regresaba, o quizás la Registraduría y un sistema electoral hecho para convalidar el fraude, son los directos responsables del regreso del uribismo al poder y de la transición de Colombia de una democracia imperfecta a una dictadura o a un régimen absolutista de corte feudal.

En la «democracia más estable de América» no fue necesario el acceso de los militares al poder, a través de un golpe, para que el autoritarismo y la arbitrariedad se instauraran. La Constitución ha sido proscrita de hecho – que no en derecho- y ahora rige en su lugar los apartes de la ley 1801 del 2016 que interpretativa y discrecionalmente los miembros de la policía del gobierno siente que le resultan útiles para imponerse y realizarse haciendo lo que mejor saben y les satisface hacer: golpear.

En esa sustitución, o mejor destitución, de las vías de derecho por las vías de hecho, las detenciones proceden sin delito y sin orden emitida desde el poder judicial. Un nuevo «poder público» ha emergido, el poder policial que sostiene al débil e impopular poder ejecutivo, que a su vez controla al poder legislativo y amedrenta al poder judicial. Los asiste en su perversión el poder mediático que calla, oculta o tergiversa la verdad para beneplácito de sus dueños, que son a su vez quienes tras bambalinas mueven los hilos de todas las restantes marionetas, en el país que insiste en creer ingenuamente que posee un solo títere.

El derecho a la vida es mirado con desprecio, mientras se justifica la muerte de todo lo considerado oposición. La igualdad es subversiva. Desde la posición de los privilegiados discriminadores se mira con desprecio el término fraternidad. La intimidad cede paso a las chuzadas de líneas y a la incautación y revisión de celulares. El libre desarrollo de la personalidad se considera inmoral. La esclavitud y la servidumbre intentan restaurarse a través de «reformas laborales». Se volvió imposible no ser molestado por tener convicciones o creencias diferentes a las del gobierno y la libertad de cultos solo es válida para las sectas afines y defensoras de las hogueras y de lo que Álvaro Gómez llamaba el régimen.

Pero no sólo eso, expresar y difundir el pensamiento y las opiniones e informar y recibir información también son considerados graves crímenes en el uribato. En la Colombia de Uribe y Duque, la libertad puede ser restringida sin orden judicial y circular libremente, reunirse y manifestarse pacíficamente, asociarse y ejercer control del poder político está prohibido y puede castigarse con el uso desmedido y desproporcionado de la fuerza por parte de un grupo como el ESMAD que tiene (al igual que el agente 007 de las películas) derecho para maltratar y matar ciudadanos impunemente.

Los postulados de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa, que son los de la Ilustración, el liberalismo y la burguesía al igual que los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 han sido llevados a la hoguera como Colombia ha vuelto a ser llevada a una especie de neo medioevo donde el autoritarismo, la fe, el dogma y las ejecuciones están al orden del día como mecanismo de contención frente a la herejía de quienes levantan su voz.

La Constitución de 1991 ha sido derogada y solo estamos a la espera de que se prohíba su porte y se ordene llevarla a las plazas públicas para que la policía vierta sobre ellas gasolina y las incinere con propósitos purificadores y de extinción de todo signo de subversión en el país donde reclamar democracia se volvió subversivo.

Decisión del Consejo de Estado: Vías de Hecho en un Estado Antisocial de Hecho

El Consejo de Estado siempre ha sido considerado en Colombia una Corporación conservadora en esencia, cuyos fallos y/o decisiones se orientan o guían en la línea de conservación del derecho, lo cual, desde el plano de lo estrictamente jurídico, es una postura de la que se puede disentir, pero respetable.

Sin embargo lo que ha ocurrido con la decisión adoptada en torno al caso de la curul de la representante a la Cámara, Ángela María Robledo, lleva al ciudadano de a pie a perder la confianza en las instituciones encargadas del servicio público de administración de justicia y a preguntarse ¿a quién le están haciendo favores los magistrados de ese alto tribunal?, ¿Qué motivaciones, distintas al derecho, orientan sus fallos?

Y es que las decisiones a las que los ciudadanos aspiran de quienes han sido investidos dentro del Estado para administrar justicia, se confía que estén revestidas de legalidad y no de ilegalidad. Que se ajusten al marco jurídico y no lo trasgredan arbitraria y groseramente. Cuando ello ocurre, se está ante una situación de vía de hecho, que aunque pueda adoptar la característica formal de sentencia judicial no alcanza a serlo, dado su carácter manifiestamente arbitrario y aún y pese el ropaje de decisión judicial no le permite convertirse en una auténtica vía de derecho.

Romper el marco de interpretación para la adopción de una decisión y crear uno propio de conveniencia y para el momento, encaja y comporta una vía de hecho. Hubo un rasero para Martha Lucía Ramírez y otro para Ángela María Robledo. Se sindica a la segunda de doble militancia, cuando el segundo partido al que se dice que perteneció no ha existido ni ha sido reconocido jurídicamente, es decir, no existe y con ello el supuesto fáctico o la razón para la adopción de la decisión (ratio decidendi)

Para mayor aberración, de tajo, el Consejo de Estado ha dejado sin efectos jurídicos la ley 1909 de julio 9 de 2018 en su artículo 24, que es la norma que garantiza la curul a la fórmula vicepresidencial de quien no ganó la elección, lo que implica una intromisión en las decisiones del resorte exclusivo de la Corte Constitucional, en lo que respecta a la declaratoria de inexequibilidad de leyes o apartes específicos de la ley, lo que adicionalmente configura una suerte de «golpe de estado» al imperio de la Constitución y de la ley.

Con la decisión adoptada, Colombia se acerca peligrosamente a una dictadura velada en la que cada vez adquiere más sentido la definición que Álvaro Gómez Hurtado acuñó al llamar y calificar a nuestro sistema político como un «Régimen» coptado por la arbitrariedad y por la corrupción, afirmación y denuncia que a la postre le costó la vida.

Y es que el Estado Social de Derecho cada vez se desdibuja más, para que en su reemplazo emerja un vergonzoso Estado Antisocial de Hecho, donde no hay lugar a la oposición, ni garantías para su ejercicio y, mucho menos, derechos y justicia imparcial. Un régimen donde, abrazando las tesis de Maquiavelo, el fin justifica los medios; y quienes secuestraron el poder del Estado hacen con este lo que se les viene en gana sin ningún tipo de control y contrapeso.

No obstante, Ángela María Robledo debería intentar una acción de tutela, a ver si los magistrados de la actual Corte Constitucional, en sede de revisión y actuando como guardianes de la integridad y supremacía de la Constitución y del Estado Social de Derecho, colocan orden, declaran la vía de hecho y le restituyen sus derechos políticos. La esperanza es lo último que se pierde en la Colombia de la desesperanza.