Los constituyentes de 1991; los ex magistrados de la primera Corte Constitucional (de la Honorable) que aún sobreviven y los demócratas del país deberían convocarse para defender la Constitución vigente y para hacer una denuncia ante la comunidad internacional de derechos humanos. La razón: En Colombia, bajo el gobierno de Iván Duque, la Carta Política y de derechos ha sido derogada de facto.
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Guerra a muerte contra los jóvenes: Genocidio generacional
Se escuchaba, incluso en la voz de reconocidos periodistas, que si Uribe iba preso se desataría una guerra en el país. Lo que nunca dijeron, ni nos imaginamos, es que sería una guerra selectiva, sucia, siniestra, en forma de masacres reeditadas y con un objetivo específico: los jóvenes. La franja o nicho poblacional que no cree y antes repudia el lenguaje y la política de la guerra, de la muerte, del exterminio, del odio, de la exclusión. Seguir leyendo Guerra a muerte contra los jóvenes: Genocidio generacional
Lecciones maestras de un patrullero de la policía
Ángel Zúñiga Valencia sin duda equivocó su profesión. De acuerdo a sus palabras, durante 10 años ha sido patrullero y vestido el uniforme de la Policía Nacional. Hoy, en una demostración de enorme y valiosa sensibilidad, de manera no fingida sino espontánea, hizo a más de uno recuperar la fe y la esperanza en que no todo está perdido para nuestro país y que se puede creer aún en que la bondad se sobreponga y triunfe sobre la maldad.
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Atentado a Carlos Rivas: ¿Quienes quieren matar a los educadores?
El atentado e intento de asesinato del dirigente magisterial, Carlos Enrique Rivas Segura, es un hecho repudiable de intolerancia que debe concitar solidaridad y el más contundente y enérgico rechazo tanto de la comunidad nacional como internacional, a quienes hay que contextualizar sobre qué o quiénes se mueven detrás de las amenazas y ahora el atentado criminal contra el expresidente y hoy miembro del ejecutivo de FECODE.
En la Colombia de Duque todos los días se pasa del dicho al hecho. Desde el Centro Democrático y desde la propia persona de su máximo líder y dirigente, el hoy senador Álvaro Uribe Vélez, siempre ha existido un manifiesto odio hacia los educadores, hacia las organizaciones sindicales que los representan y hacia los dirigentes de las mismas. Desde ese sector político siempre ha habido una permanente e inocultable campaña de estigmatización y odio hacia las maestras y maestros que se remonta a su primer periodo de gobierno.
Uribe, hombre de rencores extremos, jamás ha logrado superar y perdonar la derrota al referendo constitucional de 15 puntos que recién posesionado pretendió imponer y que no alcanzó el respaldo suficiente en las urnas el 25 de octubre de 2003, entre otras razones, por la férrea oposición de los servidores públicos y de los docentes. Tampoco perdona la permanente y decidida oposición a su idea de privatización del servicio público educativo. A los maestros el expresidente los visiona con el mismo encono y rencor que a la guerrilla y no desperdicia oportunidad para mostrarlos, irresponsablemente, ante sus extremistas partidarios como caras de una misma moneda.
Desde sus dos gobiernos asumió como una cuestión personal, casi obsesiva y enfermiza, el tratar de hacer el mayor daño posible al magisterio organizado y a fe que lo hizo a través de la expedición de normas que arrancaron derechos y vulneraron intereses que los docentes habían alcanzado mediante la movilización y la lucha.
Alcanzada nuevamente la presidencia, en cabeza de Iván Duque, los ataques, la intolerancia y la intemperancia verbal han resurgido con igual o mayor fuerza a la de los grupos paramilitares que de nuevo se campean a lo largo y ancho del territorio nacional, alentados por el encubrimiento y discurso afín de quienes hoy fungen como autoridades, para sembrar terror y muerte a través del asesinato sistemático de líderes sociales. Y como en la época que va del 2002 al 2008 de nuevo los sicarios morales anteceden y alientan a los materiales.
¿Cómo es posible? Amenazan a Leyner Palacio en las ‘narices’ del Ejército
Es inaudito. Los miembros del Ejército llegaron tardía, vergonzosa y convenientemente a Bojayá pero llegaron. Luego dan un parte de que no encontraron a los 300 paramilitares en el territorio al que estos últimos arribaron a infundir terror. Casi inmediatamente y para acrecentar la vergüenza de la institución castrense, se produce una grave amenaza de muerte contra el líder social Leyner Palacio.
Inconcebiblemente en la Colombia gobernada por el uribismo están proscritos todos los derechos humanos y los encargados constitucionalmente para garantizar la protección del derecho fundamental a la vida sencillamente se hacen los de la vista gorda, mientras a unos los amenazan y a otros los matan uno por uno, por la comisión de un «delito» que solo existe en las mentes de la extrema derecha colombiana: no pensar como ellos.
La diferencia en Colombia está proscrita y aunque también lo está en el papel la pena de muerte, en la práctica está instaurada (en medio de la impunidad) la muerte sin pena y el permanente desplazamiento forzado de las y los líderes sociales.
Si al interior de las fuerzas militares aún quedara algún vestigio del honor militar se sabría que lo que acaban de hacer los paramilitares, al entregarle 2 horas para irse al Secretario Ejecutivo de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico y líder afrocolombiano de Bojayá (so pena de ser asesinado), más que una afrenta contra Palacio lo es contra la propia legitimidad del Ejército Colombiano y para su imagen, bastante maltrecha a nivel internacional a raíz de la vergüenza de las ejecuciones extrajudiciales.
El mensaje es claro: O los militares están implicados en lo ocurrido en Bojayá o les han dado a entender que entre las filas paramilitares no infunden el más mínimo grado de respeto. Ambas posibilidades son igualmente graves.
Lo ocurrido no pasará desapercibido. Leyner Palacio, con un grupo de víctimas, estuvo postulado al Premio Nobel de Paz en 2016 y en 2017 fue galardonado con el premio Mundial al Pluralismo. Su «crimen» es impulsar el “Esclarecimiento de la Verdad sobre el Daño al Territorio”, en razón de lo cual asumió la responsabilidad de coordinar la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interétnica de la Verdad del Pacífico (CIVP). Infortunadamente pareciera que a algunos miembros del gobierno y del partido de gobierno no les interesara la verdad. La impresión que dan, es que los amenaza y lacera porque expone su real talante antidemocrático, arbitrario y criminal.
El ejército llegó tarde a Bojayá: La historia se repite como tragedia
Igual que en las épocas en que los paramilitares llegaban, masacraban y hasta jugaban fútbol con las cabezas de las víctimas, el Ejército Nacional, bajo la conducción del general Enrique ‘Mago’ Zapateiro llegó tarde a Bojayá. Bastante tarde. Cuarenta y ocho (48) horas después, para ser exactos, como si les hubiesen otorgado a 300 asesinos el tiempo suficiente para difuminarse. Cómo si las cacareadas Fuerzas de Despliegue Rápido FUDRA fueren tan solo un chiste.
Cuando se trata de estudiantes, campesinos, indígenas o trabajadores que se manifiestan todo funciona con la perfección de un reloj para la represión. Cuando se trata del accionar de paramilitares todo se daña y nada funciona, muy convenientemente, sin que ni siquiera experimenten vergüenza. De hecho, ya ni se sonrojan frente a la evidencia de complicidades que revisten la forma de omisión en el cumplimiento de deberes.
La inteligencia militar deja de existir. Las fuentes humanas y tecnológicas fallan. Los drones se quedan sin pilas. Los aviones fantasmas (tripulados o no) no pueden desafiar la ley de la gravedad. Los infrarojos y los aparatos detectores de calor no funcionan. La cooperación estadounidense a través de detección de sus satélites sufre interferencias. Las tropas no se pueden helitransportar. La FAC y el Ejército sienten repentinamente que es éticamente incorrecto bombardear y las tropas pierden sus visores nocturnos y sufren de ceguera, como si a los paramilitares los comandara una especie de Eliseo y se reeditara la historia bíblica de 2da Reyes 6:18.
«La historia ocurre dos veces: la primera vez como una gran tragedia y la segunda como una miserable farsa» decía, como si proféticamente mirara hacia Colombia, Marx. Los 8 años de la seguridad democrática son nuestra tragedia y el gobierno y/o más bien desgobierno de Duque la más ruin y miserable de todas las farsas, bajo un ropaje que patrocina el pillaje y el retorno de los señores de la muerte. Todo bajo la dirección de Él. El gran Ministro Ejecutor a cuyos pies Pablo Morillo sería un insignificante enano.
Enrique «mago» Zapateiro: el nuevo pacificador «positivo» del ejército
Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda es el general cartagenero que por órdenes de Duque asumió la conducción del Ejército Nacional de Colombia en remplazo del también cuestionado general Nicacio Martínez Espinel. Si su designación se hubiese dado 24 horas después los colombianos de seguro la habrían tomado como una inocentada más.
Y es que el nuevo número uno de la más importante fuerza de «defensa del país» al igual que su antecesor está seriamente cuestionado por lo que la comunidad internacional de derechos humanos identifica como falsos positivos. Por eso su promesa de «estabilizar las regiones de Colombia» siembra serías dudas sobre sus propósitos sobre todo por el significado del término: «Dar a algo estabilidad» de acuerdo a la RAE.
Surge entonces la pregunta sobre qué es exactamente lo que el general quiere estabilizar a lo largo y ancho del país si se tiene en cuenta que la protesta social ha generado inestabilidad al actual gobierno pese a los asesinatos impunes de cientos de lideres sociales. ¿Fungirá el ejército como un instrumento más efectivo para acallar voces disonantes y el general se eregirá en una suerte de «pacificador» al estilo del español Pablo Morillo?
Lo cierto es que el general, salvó a Duque y a la extrema derecha que gobierna el país, no genera confianza alguna entre la ciudadanía, aclarando que no se trata de una prevención infundada. Existen sobradas razones para esa desconfianza en quién constitucionalmente debería garantizar la vida de todos los colombianos sin excepción.
Sobre Zapateiro Altamiranda pesan entre otras muchas razones de desconfianza sobre su compromiso real con la defensa de los derechos humanos dos casos relevantes en los que está involucrado. Uno de ellos la ejecución del agricultor Jorge Eliecer Blanco en San Pablo Bolívar cuyo asesinato se justificó por su aparente pertenencia a la guerrilla (aunque se le ejecutó sin armas) y la desaparición de Jaime Quintero (padre del futbolista Juan Fernando Quintero) en marzo de 1995 cuando este prestaba servicio militar y el «mago» Zapateiro ordenó su traslado sin que el ejército volviera a responder por su paradero.
Reclutamientos de menores: ¿Algunos si son bendecidos?
El uribismo, sus partidos aliados, instituciones del Estado como Procuraduría e ICBF y los medios de comunicación al servicio de los poderosos siempre rasgaron sus vestiduras y fueron enérgicos en su condena al tema de reclutamiento de menores de edad por parte de la guerrilla e incluso este proceso reprobable continuó siendo uno de sus caballitos de batalla con posterioridad a la desmovilización de las FARC.
Hoy el fenómeno persiste y existen ya denuncias concretas como el caso de Tarazá (Antioquía) y la Caucana, pero a diferencia de épocas pasadas los mismos protagonistas ya mencionados antes, esta vez guardan sepulcral y cómplice silencio. La razón: quienes ahora reclutan a niños y niñas son paramilitares y al parecer desde su lógica de la hipocresía hay reclutamientos malos e inconcebibles y reclutamientos buenos y justificables. El plazo para «incorporación» de estos niños es el 6 de enero de 2020. Los padres que no los entreguen serán declarados objetivo militar. No pueden huir. Nadie puede abandonar la zona.
Es la neopramilitarización del territorio que resurge bajo el influjo del uribismo en el poder y que tiene por cometido reactivar la máquina de la guerra y de la muerte del que este sector se lucra económica y electoralmente. Por eso, a pesar de las denuncias, que más que eso son un grito desesperado de padres de familia que bajo amenazas de muerte deben entregar a sus niños y niñas, nadie desde el poder hace o dice nada.
Los niños de los privilegiados, a diferencia de los de Tarazá, ya recibieron sus regalos, muchos están en el exterior disfrutando de vacaciones y nunca serán amenazados y obligados a empuñar un fusil, para en lugar de estudiar y jugar acostumbrarse a asesinar sin remordimientos.
Pero no es sólo en Colombia donde se guarda sepulcral silencio. A la Comunidad Internacional de Derechos Humanos tampoco pareciera interesarle el tema. Igual ocurre en Colombia y no en Venezuela, donde si saldrían prestos a denunciar semejante crimen que le roba la inocencia y el futuro a niños pobres.
Extranjeros: No visiten la Colombia uribista de los «asesinatos aplazados» y las muertes sin pena
Colombia es un país hermoso, de paisajes únicos y con mucha gente buena, amable y hospitalaria, pero no todos son así. Hay una pequeña minoría empoderada y armada que tiene licencia para los peores de los crimenes que se puedan imaginar. Tal es lo que se esconde detrás del atroz crimen de la ambientalista Nathalia Jiménez y su esposo Rodrigo Monsalve en Palomino (Guajira) o de la muerte de Lucy Villareal en Tumaco (Nariño). Por eso responsablemente le aconsejamos a los extranjeros que piensan en turismo: Por ahora, no visiten Colombia.
Colombia volvió a ser un país peligroso. Desde la nueva llegada del uribismo a la casa de Nariño se reactivaron las amenazas y las muertes. Los asesinatos aplazados de los que habló Álvaro Uribe Vélez el 17 de julio de 2018 volvieron cobijados por la impunidad que les garantiza el actual gobierno. En Colombia está proscrita constitucionalmente la pena de muerte pero se practica y permite la muerte sin pena.
Para el público ingenuo Uribe adelantó un proceso de desmovilización de los grupos paramilitares que tienen su génesis en las Convivir y en la Antioquía que tuvo por gobernador a Uribe Vélez. Sin embargo, quedaron estructuras en una suerte de hibernación. Asesinando de manera selectiva para no despertar sospechas y reacciones y listas para el momento en que pudieran volver a empezar a dejar su estela de sangre, con la seguridad de que lejos de ser combatidos por las fuerzas militares y de policía serían, como en épocas pretéritas, cobijados y auxiliados por estas.
La bandera más mentirosa del uribismo fue que con la política de seguridad democrática se podía volver a viajar por carretera sin temor a las «pescas milagrosas» de la guerrilla. Hoy son los sectores en armas afines al gobierno, los que detienen, encapuchan, torturan y asesinan en terrenos donde ellos imponen vedas para ciudadanos, que discrecionalmente pueden (a raíz del odio inoculado por el uribismo) ser asumidos como contrarios a la ideología del gobierno y ser asesinados por ello.
Cualquiera en cualquier parte puede ser una potencial o futura víctima. Hasta los extranjeros que bien podrían ser confundidos con integrantes de grupos antinarcóticos internacionales y desaparecer o aparecer muertos o mutilados por los únicos psicópatas en el mundo que se sienten respaldados por un gobierno. Todos los días asesinan y tras las exhaustivas investigaciones no hay individualización de autores intelectuales y materiales ni detenciones. No pasa nada. Absolutamente nada diferente a las sonrisas sádicas de los asesinos y sus cómplices.
Reacción a desmonte del ESMAD: Águilas verdes amenazan a FECODE y filiales
En un comunicado de dos páginas aparentemente de autoría de las Águilas Negras, Comando Central Colombia, esta organización delictiva que ha adquirido un inusitado auge durante el actual gobierno, profirió en las últimas horas amenazas contra la dirección de FECODE y contra los directivos de sus sindicatos filiales en el país.
En lo que calificaron en su comunicado como «diciembre negro» y ufanándose de su demostrada «capacidad de aniquilamiento» la organización criminal habló de «hacer limpieza de estos falsos líderes sociales y sindicalistas», señalando a renglón seguido «… apoyamos al ESMAD, no permitiremos su desmonte un hecho sin precedentes en la historia de este país…».
Lo curioso de esta amenaza es que surge precisa y «coincidencialmente» en momentos cuando el presidente Iván Duque ha anunciado el fortalecimiento de este cuestionado cuerpo policial que en el pasado paro asesinó al estudiante Dilan Cruz, dejó sin poder caminar al también estudiante Duván Villegas y ocasionó pérdida de sus ojos a varios jóvenes universitarios.
En la amenaza se consigna además que «…los directivos de la criminal organización FECODE, guerrilleros, promotores y financiadores del paro 21N SERAN ELIMINADOS Y NO POR ODIO, ES POR JUSTICIA, para que los hijos de esta sociedad no sigan siendo adoctrinados, pero igual ocurrirá con los dirigentes de los sindicatos del MAGISTERIO en las regiones… e incluso los petristas serán asesinados…».
Llama la atención que la matriz de opinión sobre adoctrinamiento de los estudiantes por parte de los docentes ha sido en el pasado utilizada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez y por varios de sus copartidarios del Centro Democrático, al punto que el máximo dirigente de este grupo político habló incluso en un trino el 20 de febrero de 2919 de «soluciones que no sean sanciones legales».
¿Se referiría el expresidente a asesinatos aplazados de los que habló el 17 de julio de 2018 ?
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