Docentes responden a Mineducación cuestionando Directiva 11

En una carta abierta dirigida a la Ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo González,  el Colectivo Magisterial ACCIÓN ÉTICA DOCENTE haciendo un juicio histórico de responsabilidades, respondió, a la pretensión del gobierno nacional de alternar clases virtuales y presenciales desde el 1 de agosto tal y como lo prevé la Directiva Ministerial 11 de mayo 29 de 2020.

En la misiva, que rápidamente se difundió a través de redes sociales, el grupo de educadores denunció que un número muy amplio y significativo de estudiantes ha quedado al margen del sistema educativo,  como resultado de no disponer de herramientas tecnológicas y de conectividad para afrontar el reto de la virtualidad,  lo que,  desde el sentir de los maestros y maestras,  sería uno de los motivos para adelantar apresuradamente y con graves riesgos el retorno de docentes y estudiantes a las aulas.

Compartimos a continuación el texto completo del enérgico pronunciamiento de los docentes,  quienes anuncian que no renunciarán,  como quozás se pretende forzarlos a hacerlo, y que en su lugar desarrollarán  acciones legales en la jurisdicción nacional y,  de ser necesario,  presentarán solicitud de medidas cautelares ante la CIDH en procura de salvaguardar sus vidas y la de los estudiantes ante el riesgo y amenaza que sobre ellos se cierne con la anunciada medida del gobierno.

CARTA ABIERTA A LA MINISTRA DE EDUCACIÓN

Doctora
MARIA VICTORIA ANGULO GONZÁLEZ
Ministra de Educación Nacional
E. S. D.

Atento saludo.

Con perplejidad hemos conocido y leído su última Directiva Ministerial, documento en el que se expresa la intencionalidad, por parte del gobierno, de un irresponsable retorno a las aulas cuando aún el mundo no ha hallado un tratamiento efectivo y, menos aún, una vacuna contra el COVID-19.

En razón de ello y con toda la sinceridad que nos es posible, nos permitimos decirle: No falte a la verdad señora Ministra de Educación. Sus verdades a medias son una forma de mentir lacerante, que ofende nuestra inteligencia y nuestra memoria. Su DIRECTIVA 11 DE MAYO 29 de 2020 tiene como propósito de fondo ocultar verdades; las verdades de nuestra educación y no aceptamos que para ello se esté pensando incluso, en arriesgar la salud, la integridad física y la vida de los maestros y maestras y la de nuestros estudiantes y padres de familia, como ocurriría, con un alto grado de probabilidad, con un eventual regreso a actividades presenciales a partir del primero de agosto de 2020, así estas sean alternadas.

Tal decisión es, a nuestro parecer, inadmisible e irresponsable. Encubre lo que la pandemia ha develado: la precariedad, y no por razones atribuibles a los maestros y maestras del país, de nuestro sistema educativo. Tenga Ud. el valor civil, para que no nos corresponda hacerlo a nosotros, de contar la verdad. De decir la verdad verdadera.

Hábleles a los colombianos sobre el altísimo número de estudiantes que con la virtualidad han quedado al margen de la posibilidad, de la oportunidad, de la garantía de disfrutar, de gozar efectivamente del derecho constitucional y fundamental a la educación, simplemente porque su pobreza extrema no las permite disponer de una tablet, de un celular, de un computador, de conectividad y mucho menos de una RED NACIONAL de RADIO y TELEVISIÓN EDUCATIVA. Cuénteles que su gobierno no sabe qué hacer con esos cientos de miles de niños, niñas y adolescentes que han entrado a engrosar lo que en el suroccidente del continente llamarían “el baile de los que sobran”.

Cuente que no son FECODE ni sus sindicatos filiales los responsables de esta suerte de auténtica catástrofe humanitaria de proporciones y consecuencias no dimensionables en el presente. Infórmele a los grandes medios de comunicación,
sobre todo a esos afectos al poder por la pauta, a quienes en los paros de los maestros exigiendo presupuesto se erigen en la primera línea del gobierno para intentar desprestigiar y deslegitimar la justeza de sus luchas (mediante matrices mediáticas como las de los “niños afectados por la indolencia de los maestros”) y que hoy miran convenientemente para otro lado, que justo ahora, podrían igualmente ser millones los afectados por una política de profundo desprecio por la educación y de depredación de los recursos de la educación, por parte de una clase política que durante décadas y siglos ha detentado el poder y nos ha convertido, vergonzosamente, en uno de los países más desiguales del mundo.

Cuente por favor la verdad. Cuente que si muchas escuelas no disponen de agua potable; de sistema para la disposición final de aguas servidas y de elementos de infraestructura sanitaria adecuados e indispensables para actividades tan simples pero esenciales y vitales como el recomendado “lavado de manos”, se debe a que se rompió con la voluntad del Constituyente del 91 de hacer del nuestro un ESTADO SOCIAL DE DERECHO, para en su lugar construir, hasta de facto, un ESTADO ANTISOCIAL DE HECHO, categoría que, para evitar sesgos y prevenciones, utilizamos como una especie de sinónimo para la expresión “MODELO NEOLIBERAL”.

No oculte y más bien ayude al recuerdo de quienes ya lo olvidaron, que julio ha sido un mes nefasto para la educación. Cuente, que a través del ACTO LEGISLATIVO 01 de julio 30 de 2001 el presidente de la época, ANDRÉS PASTRANA ARANGO, aliado del actual gobierno, y con la complicidad de JUAN MANUEL SANTOS como Ministro de Hacienda, decidió modificar “transitoriamente” los artículos 356 y 357 constitucionales, lo que constituyó un auténtico “raponazo” a los recursos del sector educativo, del sector de la salud y de la llamada participación de propósito general, uno de cuyos objetivos era, precisamente, el saneamiento básico. Diga que lo sustraído sirvió para solventar los aprietos de un sector financiero que hoy, ampliamente recuperado y con utilidades billonarias, sigue recibiendo la ayuda de los contribuyentes mientras demuestra su insolidaridad y su falta de empatía y reciprocidad con el país que, así haya sido a través de medidas antipopulares, les tendió la mano.

Diga, sin temores a ser considerada y removida por herética, que el indiscutido dirigente del CENTRO DEMOCRÁTICO, mentor de quien funge hoy como presidente y faro ideológico del gobierno del que Ud. hace parte, fue quien evitó que el ACTO LEGISLATIVO 01/01 cumpliera con el engañoso propósito de transitoriedad con el que fue aprobado y que fue precisamente él quien a través del ACTO LEGISLATIVO 04 de julio 11 de 2007, volvió permanente el recorte y despojo de los recursos suficientes para educación, salud y saneamiento básico de todos los municipios del país tal y como lo había provisto el Constituyente de 1991.
Exprese, si puede hacerlo con libertad, que el mayor factor de riesgo y obstáculo para el retorno a la presencialidad en las clases lo constituye el hacinamiento en las aulas que también promovió el Dr. ÁLVARO URIBE VÉLEZ a través de su Ministra de Educación de 2002 a 2010, señora CECILIA MARÍA VELEZ WHITE, quien igual que Ud. también fue Secretaria de Educación de Bogotá de las administraciones del PARTIDO VERDE tanto del tristemente célebre ENRIQUE PEÑALOSA como de ANTANAS MOCKUS (1998 y 2003).

Son URIBE y VÉLEZ los responsables directos y sin ambages del DECRETO 3020 de diciembre 10/02 que incrementó significativamente el número de estudiantes por docentes (relación técnica), con propósitos tecnocráticos de “eficiencia”, lo que incentivó la sobrecarga laboral de los maestros y maestras y problemas médicos asociados al sobre esfuerzo. Siendo coherentes, como se esperaría de un Ministro que piense como educador y no como economista, tal norma debería revocarse.

En idéntico sentido debería procederse con el DECRETO 1850 de agosto 13 de 2002, expedido solo 6 días después de posesionado URIBE y en el cual, dentro del famoso estribillo del “trabajar, trabajar y trabajar”, se incrementó también la carga laboral de los maestros y las maestras, a quienes el URIBISMO siempre ha perseguido y procurado hacerles el máximo daño posible.

Son sin duda tiempos dolorosos, que no olvidamos y necesarios de recordar. En los ocho (8) años de gobierno que van desde el 7 de agosto de 2002 hasta el 7 de agosto de 2010, mientras la inflación acumulada fue de un 43,67%, el salario docente se aumentó por debajo de ese valor (42,28%) lo que significó una pérdida relativa de poder adquisitivo de un 1,39%. Decimos relativa, porque en términos reales todos sabemos que la inflación que certifica el DANE es mentirosa, ya que a través de esta entidad el gobierno se constituye convenientemente en juez y parte.

Es el momento oportuno, consideramos, de llamar a las cosas por su nombre, sin eufemismos. Sin dobleces. Se contempla la posibilidad de retorno a las aulas, porque la vida de los docentes resulta intrascendente y poco valiosa para el gobierno. A través del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, en cuya estructura directiva tienen asiento tres ministerios (Educación, Trabajo y Hacienda) y a través de sus contratistas en salud a lo largo y ancho del país, el gobierno conoce nuestras edades, nuestra historia clínica y nuestras COMORBILIDADES. Sabe también que no hay memoria inmunológica, pero no les interesa no arriesgarnos. Tristemente resulta más rentable la renuncia o el contagio y muerte de maestros y la enfermedad y posible muerte y/o deserción de estudiantes que admitir culpas y responsabilidades históricas y emprender acciones de fondo para subsanarlas.
Perfectamente podría el gobierno, como lo ha hecho con el sector financiero, inyectar recursos billonarios a la educación para saldar deudas históricas y, por esa vía, proveer a los estudiantes de herramientas tecnológicas y de conectividad pero no le interesa. Sus intereses son otros, diametralmente opuestos a los del país nacional, como ha quedado suficientemente demostrado y corroborado.

Prefieren insistir con el discurso falaz de la “bioseguridad” y jugar con vidas con el tema de reapertura de escuelas. COREA DEL SUR, uno de los países que por organización y disciplina social mejor tratamiento en el mundo le ha dado al tema del COVID-19, hace apenas 3 días tuvo que cerrar de nuevo cientos de escuelas recién abiertas tras reaparición de nuevos brotes de COVID-19, como lo reseña un medio serio como BBC NEWS (www.bbc.com/mundo/amp/noticias-internacional-52848224).

En honor a la verdad, no pretenda insistir en vender la falsa noción de que estamos preparados para volver a las aulas y que es posible con “medidas de bioseguridad” controlar la propagación de un virus invisible y con un alto registro porcentual de personal asintomático padeciéndolo. El discurso de que con elementos de protección es posible garantizar condiciones para el retorno no es creíble. Ni siquiera contra un vector visible como el pediculus humanus capitis (ftirápteros) la escuela ha logrado ganar la batalla como para que ahora pretenda convencérsenos de que si va a ser posible detener la propagación del COVID-19.

Señora Ministra, no nos mienta, no engañe. Hable anteponiendo por encima de cualquier cálculo político la verdad. Invierta más bien en educación. Si su intencionalidad es que los maestros renunciemos, no lo vamos a hacer. Aún a sabiendas de la existencia de una justicia intimidada y acorralada por el gobierno vamos a accionar jurídicamente y agotar las instancias pertinentes ante la jurisdicción nacional para evitar que se pongan en riesgo las vidas de los integrantes de la comunidad educativa.

Si hay denegación de justicia, como seguramente ocurrirá por inexistencia de separación y respeto entre los poderes públicos, estamos dispuestos a solicitar garantías y medidas cautelares ante la CIDH y a efectuar la más amplia campaña de denuncia internacional por violación a nuestros derechos. No le quepa el más pequeño asomo de duda que contra la arbitrariedad y la amenaza actuaremos, siempre respetuosos del marco de derecho, y que no vamos a permitir que se coloque sobre nuestros hombros la responsabilidad de la vida de nadie, por un retorno a las aulas apresurado, improvisado e irresponsable, desarrollado bajo la lógica del ensayo-error o del “miremos a ver qué pasa”. Los MAESTROS somos merecedores de respeto y exigimos respeto. No somos fichas desechables del ajedrez de quienes ostentan el poder. Colombia aún no es una monarquía absoluta.

Colectivo Magisterial ACCIÓN ÉTICA DOCENTE

Pandemia y virtualidad dejan al desnudo la educación

En Colombia es impensable, por «cuestión de perfiles», que un docente dirija el Ministerio de Justicia o cualquier otra cartera. Ello refleja el desprecio que la élite dirigente siente por la educación y los educadores. Lo que si no resulta absurdo, y antes es mirado con naturalidad, es que cualquiera, sin saber nada de pedagogía o ser maestro, pueda ser nombrado al frente del Ministerio de Educación Nacional.

De hecho, durante los últimos 30 años, es decir, desde solo un poco antes de la Constitución de 1991, catorce (14) ministros de educación ha conocido el país de los cuales siete (7) fueron abogados, 3 economistas, 2 periodistas, 1 sociólogo y la última 1 ingeniera industrial. Por ello no ha de extrañar a nadie las serias deficiencias en nuestro sistema educativo, de las que se culpa injustificadamente al más débil, esto es, al maestro.

La educación no ha sido dirigida, ha sido digerida, que no es lo mismo. El orden de las letras y una sola vocal marcan la gran diferencia entre los vocablos dirigir y digerir y todos sabemos perfectamente que proceso orgánico sucede a la digestión. El presupuesto de la educación ha sido literalmente tragado por el peor de los monstruos del país y así, como muchas otras cosas, ha quedado evidenciado con el coronavirus.

La infraestructura escolar no es la adecuada; los estudiantes carecen de equipos de cómputo y del «lujo» de la conectividad y en ese panorama desolador, que evidencia porque somos uno de los países más desiguales del mundo, se tiene el descaro o la desfachatez de exigir a maestros y maestras que «salven la patria» y que salgan con las uñas a hacer milagros como el de garantizar la continuidad en la prestación del servicio público educativo, cuanto tal responsabilidad y deber es exclusivamente del Estado y de los gobernantes.

Desde los fríos escritorios, los burócratas y tecnócratas a los que jamás les ha importado de verdad la educación del pueblo, mayoritariamente pobre, y a los que nunca les ha interesado para nada crear, por ejemplo, un sistema de radio escolar o de televisión pública para la difusión y promoción de contenidos de educación y cultura, intentan pensar cómo actuar dentro de la crisis frente a un tema que nunca les ha cabido en la cabeza.

La improvisación y la irresponsabilidad es tal, que sin vacuna y sin un tratamiento efectivo ya la ministra se atreve a hablar de estar mirando protocolos para el retorno a la presencialidad, sin contemplar que el tamaño de los salones y el hacinamiento no permitan el distanciamiento social, más si favorezcan la propagación de la pandemia.

Lo peor de todo, es que debajo del ministerio, en una especie de escala de depredadores, los encargados de las secretarías de educación, escogidos bajo el mismo criterio no objetivo de selección y emulando la fábula de la «hormiga maestra infeliz» (https://bit.ly/358IHUR) están siempre dispuestos a obedecer y en tal sentido emiten todo tipo de pronunciamientos y directrices, igual de confusos, que no consultan para nada la realidad de los espacios escolares, pero que tienen el objetivo de ejercer presión indebida, con características de acoso laboral, sobre los maestros.

La irresponsabilidad de ordenar enviar guías y talleres impresos a estudiantes y de que estos las devuelvan para una evaluación que por lo menos en esta época debería quedar proscrita, es un ejemplo de lo que no se debe hacer para la bioseguridad de maestros, estudiantes, familias y sociedad en general en opinión de los epidemiólogos. Sin embargo, es su manera de encubrir la precariedad económica de miles de familias pauperizadas por el sistema.

En la hegemonía de lo absurdo y para la ejecución de lo ilógico, el poder se vale e instrumentaliza a aquellos rectores y coordinadores, que así lo permiten, y con un perfil que no va más allá del de ser sombríos personajes sin claridad conceptual y con enormes necesidades insatisfechas de poder, reconocimiento y figuración, aún a costa de su propia dignidad y de la salud física y psicológica de los maestros y maestras a su cargo. Afortunadamente aún muchísimos no han sido contagiados por el virus letal de la deshumanización mientras otros muchos si se han vuelto Malinches modernos.

Si de por sí, la profesión docente es una de las que más soporta presión y de las que más desgaste e incidencia en lo físico y psicológico experimenta, con la pandemia se están colocando sobre los hombros de los docentes cargas excesivas que estos transfieren a los estudiantes y familias, agregando mayor inestabilidad emocional de la ya existente a una comunidad educativa que puede llegar a experimentar peligrosos niveles de trastornos. Lo menos aconsejable y responsable, dicen abiertamente psicólogos y psiquiatras, es atiborrar de tareas a maestros, estudiantes y padres traspasando los límites de lo inteligente.

Da algo de nostalgia recordar, que hubo un tiempo en la educación en que rectores y coordinadores veían a los docentes como pares al lado de los cuáles luchaban por la obtención de reivindicaciones comunes. Después y hasta hoy, con la metamorfosis que generó el manejo de presupuesto por los rectores, a quienes en una hábil jugada del poder imperante les inculcaron que eran «gerentes», la autopercepción y la percepción del maestro para algunos directivos docentes ha cambiado de manera drástica y triste.

Lamentablemente el sector específico de directivos de la educación al que específicamente aludimos, al colocarse como obedientes e incondicionales ejecutores de las políticas que contra los maestros se diseñan desde el ministerio y las secretarías, los hace auto percibirse como una casta superior en tanto a los maestros se les mira como simples inferiores o subalternos merecedores de ser maltratados y explotados hasta límites insospechados.

Si se concreta la idea que varios importantes políticos tradicionales vienen vendiéndole al gobierno para que la dirección económica de todos los planteles educativos pasen a manos de administradores públicos, ajenos a la educación, se afectará a todos y probablemente será tarde para readquirir el tan necesario sentido de pertenencia o la llamada conciencia para sí de la que habla el marxismo. Divide y reinarás señalaba un aforismo que los maltratadores inmediatos de los maestros al parecer no conocen.

Mientras tanto los mismos de siempre seguirán digiriendo los recursos de la educación con lo que cobran más sentido las palabras de Zubiría en el sentido que lo que más requieren desaprender los maestros hoy es a obedecer. Si no se hace, la burocracia y tecnocracia terminarán convirtiendo a la educación y a los educadores, en términos garciamarquianos, en aquello que el coronel contestó a su esposa que comerían.

Internet para Estudiar: Viabilidad y posibilidades de financiación

Este martes 21 de abril está proyectada una twiteraton desde las 8 de la mañana para desde la promoción del hastag #InternetParaEstudiar llamar la atención de la sociedad y del gobierno sobre la importancia de generar políticas públicas inclusivas que posibiliten el derecho a la educación, en igualdad de oportunidades, a todos los jóvenes universitarios del país, en épocas en que las circunstancias de confinamiento -por la pandemia que afecta al mundo- obligan a los protagonistas del acto educativo a acudir a la virtualidad en el proceso educativo.

Sin embargo desde ACCIÓN ÉTICA DOCENTE los educadores que conformamos el colectivo estamos vivenciando que este propósito loable es también una necesidad para el resto de estudiantes de un país con una conectividad limitada, situación que expresa desigualdad y una brecha digital que mientras no se cierre comporta unos altos niveles de exclusión, inadmisibles en un Estado Social de Derecho desde una perspectiva relacional y comparativa inherente a todo juicio de igualdad (como diría la honorable Corte Constitucional).

Al Estado le corresponde y tiene el deber constitucional de garantizar la continuidad del servicio y derecho a la educación pero no de cualquier forma. Es inadmisible que evada y descargue tal responsabilidad sobre los maestros, como cuando insinúa que a estos debe recargárseles el trabajo planeando clases para tres tipos de estudiantes: los sin conectividad (1); los de conectividad limitada (2) y los de conectividad ilimitada (3) en un grosero trato abusivo desde el punto de vista laboral y discriminatorio desde su concepción.

Tampoco la opción puede ser el retorno a las aulas sin garantías a la salud y la vida, las que no estarán dadas para docentes, estudiantes y sus grupos familiares hasta tanto no exista una vacuna o un tratamiento efectivo para el COVID-19. La única opción, por lo pronto, es educación virtual con garantías para todos, lo que pasa por inversión en las escuelas; formación para los docentes y, por qué no, decretar el 2020 como año de experimentación, flexibilización y adecuación para la educación, mientras se hace lo políticamente necesario para hacer del internet un servicio público esencial con características de derecho fundamental del que el Estado garantice el acceso a un mínimo vital para nuestros estudiantes.

Sin embargo, esta propuesta encuentra, al igual que la de exonerar a los usuarios de servicios públicos de pagos en épocas de pandemia, un mismo inconveniente: Los prestadores del servicio son, salvo contadas excepciones, empresas privadas. La solución tanto para lo uno como para lo otro es una misma. Aplicar a las empresas privadas que usan y usufructúan con grandes utilidades el subsuelo, un impuesto con destino exclusivo a la conectividad gratuita y a la provisión de herramientas tecnológicas a los estudiantes y de subsidio a los estratos 1, 2 y 3 de un rango mínimo de consumo en agua, energía, gas y telefonía. Con voluntad política es factible hacerlo. El artículo 332 Constitucional lo hace factible en su aparte introductorio: “El Estado es propietario del subsuelo”.

En desarrollo de nuestra propuesta hay que decir, que si hoy, la mayoría de empresas de servicios públicos de naturaleza no estatal hacen uso y se benefician económicamente del subsuelo, en el que entierran desde postes hasta ductos de conducción de agua potable y servida así como de cableado, no se justifica que no tributen o paguen por el beneficio que vienen recibiendo de manera periódica y gratuita, como si lo hacen por ejemplo quienes hacen uso del espectro electromagnético (Artículo 75 Constitucional).

Con nuestras propuestas para viabilizar y financiar el Internet para Estudiar; con la de decretar al 2020 como año de experimentación, flexibilización y adecuación para la educación e incluso, y mientras ello se concreta, hacer el tránsito de toda la educación en el país hacia calendario B (inicio del año escolar durante el segundo semestre) queremos responder al maestro Julián de Zubiría cuando el pasado 12 de abril nos expresaba: «… quiero profundizar en la consigna de Internet gratuito para estudiantes universitarios. La educación no puede parar. Tampoco el debate pedagógico».

Propuesta tomada de la página de Facebook del Colectivo Magisterial Acción Ética Docente

¿Ahora ocultarán los muertos por Covid 19?

El 6 de abril la presión social impidió que el presidente se jugara su carta: El mal llamado «aislamiento inteligente». Sin la evidencia fáctica no pudo hacer lo que a partir del 27 de abril y con la cómplice colaboración de los grandes medios masivos de comunicación hará: Levantar gradualmente el confinamiento y, aún con el peligro del virus en las calles para las personas, mandar a los pobres a trabajar para que los ricos no pierdan más dinero. Estos, cómo es obvio, supervisarán el experimento a la distancia y sin correr riesgo alguno.

Las medidas tomadas han sido positivas. Teniendo en cuenta el comportamiento del virus e información de salud pública analizada, hemos tomado la decisión de mantener el Aislamiento Preventivo Obligatorio hasta el 26 de abril a las 11:59 p.m. Nuestro reto es seguir salvando vidas.

— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) April 6, 2020

Hasta ahora, lo que ha venido ocurriendo es una preparacion psicológica de la gente para que pierda el miedo y salga. La evidencia sigue siendo pobre. El retraso en la infornación y el subregistro son impresionantes y altos. Contagios y muertes ocurridos y de los que la gente se informa sólo son oficializados días después e incluso hay pruebas de fallecidos no reportados qué se practican postmortem.

A pesar de que se han descentralizado los analisis y que el número de pruebas diarias aplicadas y analizadas que se usan para los infornes diarios debería crecer, paradójicamente decrecen y con ello (y obvio que con la ayuda de una prensa dependiente que nada cuestiona y sirve solo de caja de resonancia) se vende una falsa sensación de seguridad y de que se está controlando la situación que no es más que un sofisma y una manipulación.

Al mejor estilo del bachiller Macías, la «jugadita» no es aplanar la curva como se ha intentado en todo el mundo, practicando pruebas, detectando, aislando y tratando para evitar nuevos contagios, sino disminuyendo alterando la información para minimizar artificialmente las cifras reales. Y si son capaces de ocultar los contagiados y de retrasar deliberadamente el informarnos quienes han fallecido no nos quepa duda que sí los casos y las muertes se disparan, tratando de salvar intereses económicos antes que vidas, nos van a ocultar los muertos.

Los hospitales los manejan ellos. Las EPS que recibieron adelantadamente millonarios recursos que se embolsillaron también se sumarán a la ronda de la complicidad y ni qué decir de las entidades que deben registrar las defunciones. Todos los certificados establecerán como causas de las muertes por coronavirus «paro cardiorespiratorio» y así, a costa de quién sabe cuantas muertes que se ocultarán como ya se ocultaron miles de asesinatos, se perderán en el «tape tape» en los que los gobiernos colombianos son expertos a nivel mundial.

Ya ayer (14 de abril) el Minsalud, antes que Duque (7:29 PM) preparando el terreno habló de “aplanamiento de la curva de contagios» y de flexibilización del «aislamiento preventivo”

“El comportamiento actual de la epidemia evidencia el aplanamiento de la curva de contagios en el país. El reto que viene será el de evitar un pico de contagio en el momento en que flexibilicemos el aislamiento preventivo” @Fruizgomez #PrevenciónYAcción pic.twitter.com/vSVfgeCW3C

— MinSaludCol (@MinSaludCol) April 15, 2020

Sólo un poco después (8:09 PM) el propio presidente insistió en el «Aislamiento Preventivo Obligatorio Inteligente» pues según él «muchos colombianos tienen que salir de sus casas por trabajo o para hacer diligencias» y este tipo de mensajes de optimismo infundado irán creciendo hasta, por la vía de la repeticón constante, convencernos de que es seguro (sin serlo) retornar a la «normalidad».

En el Aislamiento Preventivo Obligatorio Inteligente muchos colombianos tienen que salir de sus casas por trabajo o para hacer diligencias. Por eso, es clave tener en cuenta medidas de higiene para evitar más contagios. Cuidarnos es responsabilidad de todos. #PrevenciónYAcción pic.twitter.com/bfQnhDRgV1

— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) April 15, 2020

Aquí no queda más que la construcción de una aplicación alimentada por una gran RED DE INFORMACIÓN CIUDADANA que, con participación esencial de médicos, enfermeras, familiares y vecinos, ayude a documentar y visibilizar los casos de contagio y de muertes que se produzcan y que devele día a día las cifras reales que el gobierno querrá ocultar y enterrar para no asumir responsabilidades sobre su irresponsabilidad mayúscula. Por cada colombiano que fallezca el gobierno deberá responder

Personal del sector salud: otras víctimas de la ley 100

Desendeudar y que los bancos respondan con sus utilidades

¿Humanidad o Utilidad? ¿vida o negocios? El coronavirus, a partir de la parálisis de la producción por ausencia del factor humano develó que el capital, las fabricas y las máquinas, por si solos, no generan riqueza y que solo la fuerza de trabajo es quién la posibilita. Sin la participación de millones de asalariados no solo se frena la producción de bienes sino también la generacion de riqueza. Es el trabajo humano y/o el trabajador y no el capital en sí mismo quién genera riqueza.

Pero la crisis también planteó a la sociedad en su conjunto un dilema ¿Qué debe primar o prevalecer, el derecho a la vida de millones, a través de medidas como el confinamiento obligatorio, garantizando a los medios necesarios para sobrevivir, o el derecho a la ganancia de sectores más pequeños de la población (empresarios) sobre la base de que estos expongan a la muerte a sus empleados haciéndolos ir a laborar? Constitucionalmente este dilema está resuelto. El intereses particular debe ceder ante el interés general.

Los países que optaron por la opción contraria (economía/vida) fracasaron estruendosamente en la contención del virus, demostrando que el «yo no paro, yo produzco», que un sector minoritario propagandizó en Colombia no aplica como posibilidad de supervivencia del género humano. La humanidad es más importante que la utilidad y la vida está por encima de los negocios y de la economia por una razón sencilla: sin vida no hay ni producción ni consumo.

Se plantea luego entonces otra disyuntiva. ¿Quiénes asumen los costos de la crisis en el plano economico? En esta etapa histórica en la que el conjunto de la sociedad pierde, lo correcto es que los mayores sacrificios los afronten los que mayores posibilidades tienen para hacerlo. Los que disponen y han acumulado en el tiempo grandes utilidades deben aportar antes que los que no disponen de nada para dar.

La vía de los empréstitos (endeudar a empresarios y personas naturales con los bancos) para afrontar la crisis solo representa a lo mucho, un aplazamiento de sus efectos; un fortalecimiento aparente de quienes prestan y un mayor empobrecimiento y disminución de la capacidad de responder de los acreedores, con lo que ello puede significar en términos de una mayor contracción de la economía sí còmo consecuencia de la recesión todo desemboca en una cesación de pagos de las obligaciones.

Por ello coincidimos con el senador Gustavo Petro en qué la vía no es endeudar sino desendeudar. Quitar cargas. La cesación de pagos de acreencias o deudas (1); de servicos públicos (2) y de arriendos (3) a los empresarios del sector privado puede liberarles recursos para mantener empleos y salarios. Los trabajadores, más allá de verse beneficiados por vía de la estabilidad en sus empleos y en sus ingresos para sobrevivir (1), sí se les hace extensiva, la cesación de iguales obligaciones pueden liberar recursos que les permitan mantener su confinamiento en condiciones de dignidad (2) y ejercer, en la medida de sus posibilidades, la solidaridad con quienes están condenados al subempleo y el desempleo (3).

Sin embargo, surge de la politica de exoneración de pagos un aparente problema y una pregunta. Sí el arrendador que no recibe arriendo, compensa no pagando deudas y servicios y, a su vez, si las empresas de servicios públicos dejan de pagar deudas, la afectación e impacto será para la banca. Entonces de manera pedagógica preguntamos: ¿Puede y tiene la banca cómo asumir tan alto costo?

La respuesta es sí. De los ultimos 21 años solo en 1.999 y 2.000 la banca afrontó una crisis en la que tuvo pérdidas y en la que el Estado y la sociedad concurrieron solidariamente en su ayuda. Desde 2001 hasta 2019, es decir, durante 19 años, el sector financiero ha tenido ganancias por 175 billones de pesos y bien podria hacer, por una vez, un sacrificio y retribuir en parte algo a los colombianos de lo que éstos le han ayudado a ganar.

Pero aún, sí se pensara en responsabilidades compartidas, también las empresas de servicios publicos domiciliarios tanto del orden público como privado podrían de manera voluntaria u obligadamente sacrificar parte de sus multimillonarios ganancias en función de subsidiar a los colombianos total o parcialmente en las tarifas que les cobran. Sí ambos sectores carecen de la grandeza y de la solidaridad y responsabilidad social que las circunstancias ameritan una buena opción por contemplar sería la nacionalización còmo lo ha planteado reiteradamente, respecto a la banca, el senador Armando Benedetti

¡Los bancos son los que tienen que financiar esta crisis!
¡Ganan billones cada año y varios tienen el descaro de ofrecer créditos en estos momentos! Solidaridad de mierda.
¡Nacionalicemos esos bancos y así evitamos la crisis social que ya se empieza a vivir!

— Armando Benedetti (@AABenedetti) March 23, 2020

El 6 de marzo se confirmó el primer caso, el 6 de abril será el 1er pico. Si la cuarentena sirve habrá unos 7 mil contagiados, sino hasta 20 mil. De llegar al límite tendríamos que NACIONALIZAR BANCOS Y HOSPITALES, solo así evitaremos una catástrofe. El mundo es y será diferente.

— Armando Benedetti (@AABenedetti) March 28, 2020

¿Cuánto donará Luis Carlos Sarmiento para detener el #CODVID19 y para los damnificados de la crisis? @IvanDuque, Ud. puede nacionalizar los bancos y los hospitales. Con ello podemos salvar a millones de colombianos de la hambruna y del virus. ¡NO SE PIERDE NADA, GANAMOS TODOS! pic.twitter.com/017DuWF0Ry

— Armando Benedetti (@AABenedetti) March 30, 2020

Despenalicemos y legalicemos el robo para los altos servidores públicos

1. 

Llegó el coronavirus y una de las frases que más y con mayor esperanza se escuchó, es que esta situación adversa probablemente haría emerger la esencia buena de los colombianos. Así, indudablemente está ocurriendo y se está expresando excepto en quienes deberían dar ejemplo de integridad, sensibilidad y solidaridad: los gobernantes.

Mientras muchos, anónimamente, desde sus propias precariedades comparten de lo poco que tienen con quienes tienen menos o nada, ya han sido detectados varios casos de gobernantes que vieron en la crisis no una oportunidad para resarcirse como seres humanos y ayudar a los màs necesitados, sino como otra oportunidad para el maldito «corone», forma eufemística de disfrazar el más
execrable de los crímenes: robarse los recursos públicos quitándole la posibilidad de obtener comida al hambriento.

Por una vez, por una bendita vez, han debido hacer un alto en su comportamiento criminal y usar la totalidad de recursos públicos puestos bajo su administración para solventar las necesidades de los más pobres, de los que subsisten en el día a día y que no tienen culpa (más allá de votar mal) de la sociedad injusta y desigual que los mismos politicos han construído a partir de sus robos constantes al erario y de sus fechorías.

Ni siquiera se les pedía que de su dinero o de su sueldo proveyeran las ayudas y mercados, pero aún así su desalmada conducta no les permite, siquiera una vez, hacer las cosas bien. Ni el propio presidente y altos dignatarios del estado se escapan de esta debacle moral de un régimen corrompido hasta en sus tuétanos. Lo de Ingreso Solidario es un claro ejemplo de ello. Las ayudas llegan a fantasmas y de éstos pasan seguramente a engrosar las cuentas de peces gordos (no es una alusión al presidente) en paraísos fiscales.

Como muy seguramente vendrán las investigaciones exhaustivas adelantadas por funcionarios puestos en sus cargos por los propios sospechosos e implicados para exonerar y decir que no se configura delito ni infracción disciplinaria alguna, tras lo cual sobrevendrá la impunidad y la desesperanza proponemos desde esta página la despenalización y legalización del robo en los altos servidores públicos (presidente, ministros, congresistas, magistrados, alcaldes, concejales, gobernadores y diputados) para qué nunca más se les investigue ni persiga. Qué puedan robar sin afugias y qué se instaure un nuevo delito no excarcelable para los que osen señalarlos y denunciarlos.

Sabemos que esta nueva ley de la república, salvo los verdaderos partidos de oposicion, contaría con el respaldo amplio y suficiente del gobierno y con contundentes mayorías parlamentarias que reglamentarian con sabiduría como garantizar que todos puedan hurtar equitativamente y procesos de perdón, olvido y excarcelación inmediata para todos los politicos presos.

Así todo el aparato de investigación, de acusacion, de juzgamiento y de polícia podria dedicarse a perseguir implacablemente a los ladrones de estrato 0, 1, 2, 3 y 4. Obviamente la unica condición que debería existir para la aprobación y sanción de esta ley es que excluya la posibilidad de robar recursos destinados a la atención de los más vulnerables mientras dure el coronavirus. Despues sí, que roben con toda la voracidad y desvergüenza que les sea posible hasta que logren acabar con todo y decidan huir de esta cacocracia y cleptocracia en que convirtieron a Colombia

¿Por qué Duque rechaza donación de Maduro en crisis del coronavirus?

Cómo era de esperarse, el gobierno colombiano en un acto de soberbia y orgullo superlativo evadió y de paso truncó la ayuda que humanitariamente había ofrecido en el día de ayer el presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en el sentido de donarle al pueblo colombiano dos de las varias máquinas para la detección de coronaviris que China está por enviar a la nación bolivariana.

Una posible respuesta a por qué Duque se da el lujo de rechazar ayuda, es que en realidad al gobierno colombiano, en una actitud suicida, no le interesa ni practicar pruebas masivamente ni procesar los resultados de las mismas y mucho menos informarlos. En Colombia, al parecer, antes que enfrentar una realidad como la de la pandemia que puede dejar un saldo en vidas por lamentar, se ha preferido optar por el «daño» de una única máquina de detección para de esta manera bajar artificiosamente el número real de infectados y la curva que está describe,

En una situación típica del realismo mágico de García Márquez, pareciera que Iván Duque, asesorado por Ernesto Macías, se hubiese inclinado por aplicar, en lugar de medidas sanitarias serías, la «jugadita» del daño de la máquina del Instituto Nacional de Salud INS de la que se dijo inicialmente que «no tenía arreglo» y «no había forma de adquirir los respuestos» y que luego, mágicamente, y de un día para otro empezó de nuevo a funcionar como si nada.

Peligrosamente el gobierno, pareciera estar en la difícil coyuntura más preocupado por la incidencia del impacto del virus en la caída a cero (0) de la ya maltrecha popularidad e imagen del presidente que en el daño que la pandemia puede ocasionar a la sociedad colombiana en su conjunto y sin distingo de clases e ideologías.

Comprometiéndonos, nos atrevemos a decir, que nos parece realmente estúpido, que se esté apostando por parte del presidente de Colombia a una estrategia en la que aleatoriamente unas veces se actúa como el avestruz, esto es, enterrando en un hueco la cabeza y dejando a merced del enemigo el resto del cuerpo, para creer que así nada pasa, mientras que en otras ocasiones se opta por imitar el comportamiento de los gatos, intentando desesperadamente tapar o echarle tierra al mal olor que desprende el manejo mediático de una auténtica crisis de salubridad y los escándalos que se esconden detrás de esta situación fortuita tales como la ñeñepolítitica y la narcofinca del embajador ante Uruguay.

Haciendo sorna, en redes sociales, sobre estas dos últimas situaciones, varios de los criticos del gobierno han acotado que en Colombia pareciera que los narcos tienen más laboratorios dotados de tecnología que las instituciones de salud tanto públicas como privadas. Además que, para acelerar la transmisión de la información de los datos de infectados con coronavirus, debería transferirse esa responsabilidad del Ministerio de Salud a la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad está seriamente cuestionada en su imparcialidad en los procesos eleccionarios que se dan en Colombia y en dónde incluso, sin la transmisión de toda la información, el ente electoral «tempranamente» declara quién fue elegido.

Hay que decir además, que la respuesta de Colombia en el sentido de que toda ayuda debe tramitarse a través de la Organización Panamericana de la Salud OPS no ha tomado a nadie por sorpresa y era apenas previsible. Hay que recordar, que poco después de que se empezaran a sentir los efectos e incidencia del virus en Colombia, el gobierno venezolano dio instrucciones a su cancillería para, en una especie de tregua entre ambos gobiernos, coordinar acciones bilaterales para la contención del virus. En aquella ocasión el gobierno colombiano ni siquiera respondió.

Quizás una explicación a la no respuesta se encuentre en qué muy en el fondo, tanto el gobierno norteamericano como el colombiano albergaban la esperanza de que el virus impactara más fuerte en Venezuela y su gobierno cayera; propósito este tan mezquino como el de facilitar el territorio de Colombia a mercenarios que fraguaban el asesinato de Nicolás Maduro, sin preveer que la ingobernabilidad, el caos y la expansión del virus que ello originaria en el vecino país, a quien primero afectaría sería a la propia Colombia. Paradójicamente hoy la potencia a la que Colombia sirve incondicionalmente contra Venezuela, es el mayor foco de infección del virus y la ayuda llega no del norte sino del país más inesperado.

Covid 19: ¿Ya les quedó algo claro a los anti marchas y paros?

El coronavirus rompió nuestra distracción. Ha puesto los reflectores sobre los graves y verdaderos problemas del país, que antes no eran tan visibles por el direccionamiento del gobierno y de sus medios hacia las dificultades que hemos ayudado a crearle a Venezuela, siguiendo, hay que decirlo, la teoría de conspiración y bloqueo económico de una potencia como Estados Unidos que solo en películas ayuda al mundo en dificultades.

Hasta ahora, la «dictadura» maneja mejor la crisis que la «democracia robusta y perfecta» que nos han dicho que somos sin serlo. Parte del hasta ahora éxito del vecino, radica en la solidaridad efectiva de países (a quienes nos enseñaron injustamente a ver cómo amenazas) tales como China, Rusia y Cuba que si invierten gran parte de su presupuesto en educación, salud, ciencia y tecnología. Mientras, nuestro gobierno abyecto y obsecuente con Estados Unidos, no cuenta con la ayuda de la «potencia» que se convirtió bien pronto en el primer foco de infección en el mundo. La razón: tener un sistema de seguridad social, similar al nuestro, donde la salud es un negocio y quien no tiene para pagar se muere.

Los del «yo no paro, yo produzco» están entendiendo, a fuerza de golpes, que la economía, entiéndase, el amor por el dinero, por el capital, pasa a un plano secundario cuando lo que está en juego no es el ingreso sino la vida misma. Al tiempo que salían en defensa de los bancos, cuando algún manifestante rayaba sus paredes, repudiaban y condenaban implacablemente las marchas y los paros de los profesores, de los profesionales del sector de la salud, de los estudiantes y de los campesinos. Hoy el tiempo les da la razón a los criticados y no a los críticos.

Los banqueros, con billonarias ganancias anuales desde que el país nacional a finales de la década del 90 y principios del segundo milenio salió solidariamente en su ayuda para evitarles la quiebra, hoy son indiferentes y nada hacen por sus redentores. Sus pérdidas se socializaron y repararon a través de impuestos como el 4 por mil y un acto legislativo (01/01) que le recortó recursos a la salud y a la educación, entre otros, pero hoy cuando el país los necesita les importa solo acrecentar sus ganancias. A Luis Carlos Sarmiento Angulo, uno de los hombres más ricos del mundo y dueño de medio país solo le importan la rentabilidad de sus negocios y absolutamente nada la gente que debe encerrarse sin tener que comer. Su avaricia y su miserableza como humano no tiene límites

Hoy quienes dan la cara ante la amenaza que vive el país son otros. Los campesinos, proveyéndonos de alimento y recordándonos que sin ellos los habitantes de la ciudad, que tanto los menosprecian, morirían de hambre. Los estudiantes de la Universidad Pública, que injustamente satanizados y sin presupuesto, demuestran que la ciencia, la investigación y la creatividad para buscar y dar soluciones ingeniosas frente a por ejemplo la carencia de respiradores para las UCI, es más importante que invertir en balas, bombas, tanquetas y uniformes de super protección para policías que les disparan a matar o a los ojos.

A propósito de esto último, el coronavirus también devela las prioridades presupuestales del gobierno y ratifican con hechos la justeza de las marchas y protestas de estudiantes, médicos, enfermeras y docentes por presupuesto para universidades, escuelas y hospitales. Mientras el presupuesto del ESMAD es de cerca de 500 mil millones anuales, el del Instituto Nacional de Salud, no supera los 50 mil millones por año (un 10%). Mientras los agentes del ESMAD usan un traje especial de protección de casi 5 millones de pesos, los médicos y enfermeras afrontan una pandemia con una mascarilla para todo un día y, en ausencia de trajes de bioseguridad, cubiertos y «protegidos» con improvisadas bolsas de basura.

Los padres, confinados obligatoriamente en sus casas también evidencian y sufren con impotencia el atraso de un sistema educativo que por falta de presupuesto no tiene como posibilitarle a escuelas, docentes y estudiantes herramientas y conectividad para desarrollar de emergencia una educación de tipo virtual que llegue a todos los hogares.

También, con uno o dos muchachos a cargo, amplían la consideración por maestros y maestras que con las uñas deben atender y enseñar a grupos que multiplican por 20 el número de sus hijos y de sus dificultades.

Definitivamente el país va a tener que sobrevalorar menos a políticos, artistas y deportistas y subestimar menos a nuestros campesinos, estudiantes, médicos, enfermeras y docentes. Las prioridades en materia presupuestal  deben reorientarse más hacia la educación, la investigación y la salud y menos hacia armas y corrupción.

Locura: Matar o apresar a Maduro

Quién lo creyera! Estados Unidos acogiendo tesis insurgentes combina todas las formas de lucha contra Maduro. Con la participación de Guaidó y no creemos que sin que lo supiera Iván Duque, estructura un plan de provisión de un arsenal despachado desde Barranquilla para matar a Maduro. Al mismo tiempo, el Fiscal General norteamericano, como en el salvaje viejo oeste, ofrece una millonaria recompensa por la captura del mandatario venezolano. Ambos planes tienen en común algo: el afán de Estados Unidos de salir de Maduro a como de lugar para apoderarse del país suramericano y de sus riquezas. Al mejor estilo de Maquiavelo el fin justifica el uso de todos los medios.

En el segundo de los casos (la recompensa) se demuestra algo más: La mirada de las autoridades norteamericanas es selectiva. Muy de acuerdo a sus interés estrategicos. Se acusa a Maduro de liderar el «Cartel de los Soles», pero nada se dice de los líderes de otra organización delictiva que conspira para enviar cocaína a los Estados Unidos: El cartel del Dorado; denominado así tras las denuncias de exportación de cocaína desde el principal aeropuerto de Colombia. De acuerdo a datos del propio gobierno norteamericano divulgados por el director de @wola_org, señor Geoff Ramsey (@GRamsey_LatAm) la mayor parte de la cocaína que llega a USA proviene de Colombia

The U.S. government's own data shows #Venezuela is not a primary transit country for U.S.-bound cocaine. U.S. policy toward Venezuela should be predicated on a realistic understanding of the transnational drug trade. See the data: https://t.co/P9uVoyqNpH pic.twitter.com/WmIc1dHkpY

— Geoff Ramsey (@GRamsey_LatAm) March 26, 2020

Y es que con la venia de las autoridades norteamericanas, y desde el balance costo-beneficio todo pareciera indicar que los estadounidenses tienen un racero diferente para el tratamiento de los narcotraficantes. Persiguen a los que no son «amigos», pero permiten que desde su aliado estratégico en la región si se exporte droga, sin tomar cartas en el asunto. De lo anterior han salido ya a la luz pública denuncias muy graves sobre las que ni la embajada ni nadie se pronuncia.

La primera en la que Richard Maok Riaño denunció los supuestos nexos entre Álvaro Uribe y el Chapo Guzmán para exportar cocaina usando como plataforma de exportación el aeropuerto El Dorado, operación que, según se dijo, contó con la colaboración del Director de la Aeronáutica Civil, Fernando Sanclemente. La segunda, sobre el descubrimiento de un laboratorio de cocaína, hallado curiosamente en la finca del propio Sanclemente quién funge como actual embajador de Colombia ante Uruguay. La tercera, el siniestro en centroamérica de una avioneta de matrícula HK 5075 de la empresa Activar Uno que salió del propio Aeropuerto Olaya Herrera de Medellín cargada de cocaína.

Sobre el intento de Magnicidio y el arsenal decomisado, que vincula a Guaidó y compromete al Mayor General en retiro del ejército venezolano, Cliver Alcalá, emergen muchas dudas, no obstante, el intento del oficial retirado por desvincular de la conspiración criminal de la que se confiesa parte al gobierno colombiano. ¿De donde llegaron las armas a Barranquilla? ¿Por que Barranquilla? ¿Por que las autoridades, no han capturado a Alcalá y que hay de cierto en lo que señaló en entrevista para WRadio, en el sentido de que reside en Barranquilla con conocimiento del presidente Duque y de las autoridades colombianas? ¿Qué tan creíble es que Guaidó conociera del plan criminal y Duque lo desconociera a pesar de su evidente cercanía?

El día 24 de Marzo el Diario El tiempo publicó una noticia sobre un arsenal de guerra que fue decomisado. Estas armas pertenecen al pueblo de Venezuela y estaban siendo transportadas en territorio colombiano para empezar la liberación por parte de nuestra Fuerza Armada Nacional. pic.twitter.com/p85G1Gxfld

— Cliver A. Alcalá C. (@cliver2013) March 26, 2020

Lo cierto es que para nadie han sido secretos los nexos entre Guaidó y paramilitares colombianos. Tampoco entre estos últimos y el desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad DAS durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y bajo la dirección del oriundo de Santa Marta y hoy condenado, Jorge Noguera Cotes, siendo este quién llevó a la Dirección Nacional de Inteligencia de ese cuestionado organismo, a su amigo personal, el también magdalenense, Giancarlo Auque De Silvestri (condenado y prófugo por tortura psicológica a la periodista Claudia Julieta Duque). Auque De Silvestri, curiosamente figura, en la red social Facebook, como uno de los varios amigos personales del también cienaguero, Jorge Alberto Molinares Duque, persona en cuyo poder cayó el arsenal.

Sea como sea, en épocas donde el coronavirus amenaza al mundo y dónde Estados Unidos es ya el principal foco de infección, es un acto de irresponsabilidad intentar apresar y mucho más matar a Maduro. Pareciera que los Estados Unidos no aprendieron de la experiencia en Irak y Libia. Mayor sería la irresponsabilidad de Colombia de prestar su territorio para atentar contra Maduro. Bien o mal, con apoyo de China, Rusia y Cuba, Maduro está afrontando hasta ahora bien la amenaza del coronavirus. Su muerte podría significar, como en Líbia, una situación de ingobernabilidad y de expansión sin control del virus cuyas principales víctimas serían los propios colombianos. Colombia insiste en destapar una caja de Pandora. En ese contexto de conspiración se explica quizás cambios como los del expresidente Andrés Pastrana Arango quién en un viraje inusitado de actitud ha solicitado dialogar con Venezuela.