Iván Duque dilapida todos los días recursos de los contribuyentes en un programa de televisión desde donde haciendo gala de su enorme cinismo y capacidad de negación de la realidad pretende hacernos creer al resto de los colombianos que su manejo de la pandemia del COVID-19 no ha sido tan nefasta y desastrosa como en realidad lo es y como lo demuestran incontrovertiblemente las estadísticas.
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No siempre Colombia ha tenido la misma política exterior hacia repúblicas hermanas frente a la agresión de imperios. Lejos del ataque sistemático y la conspiración permanente y actual contra Venezuela, en la que Colombia actúa como el caín perfecto en función de los intereses coloniales de Estados Unidos, no siempre nuestro papel fue el de la indignidad y el servilismo.
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No fue un buen cumpleaños para Uribe. Con autoría de @JuanPoe y a través de @elinvestigad0r se publicó en la tarde de este sábado, en tuiter, una nueva investigación en la que se denuncian vínculos entre Adriana Sanclemente Alzate y los hermanos narcotraficantes Cifuentes Villa, del llamado «clan invisible».
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Ha quedado al descubierto la farsa. Colombia no tiene una de las «democracias más sólidas del continente», expresión con la que con frecuencia se nos miente. En las democracias el soberano, el que erige a los poderes constituidos (a los elegidos) es el constituyente primario, el pueblo. En el pueblo, y en nadie más, reside la soberanía, dice el texto constitucional. La elección de administradores de lo público (de lo que es de todos) jamás, en una democracia verdadera, puede entenderse como la emisión de un cheque en blanco para que los gobernantes hagan lo que se les venga en gana sin rendirle cuentas a nadie o permitan que otros, desde el extranjero, lo hagan.
Con el envío de tropas estadounidenses a territorio colombiano, anunciada no por el “gobierno” colombiano sino por la embajada norteamericana, pasando por encima y pisoteando a quien para la foto funge como «presidente» y, además, la dignidad del Senado y del Consejo de Estado, que de acuerdo a los artículos 173 (numeral 4) y 237 (numeral 3) superiores, son quienes tienen la facultad de autorizar el tránsito (y más la permanencia, agregamos) de tropas extranjeras por el territorio patrio, ha quedado en evidencia que la independencia nacional fue una efímera ilusión y una mentira que nos repiten los textos de historia patria.
Se ha materializado el temor profético de Simón Bolívar al visionar a Estados Unidos como el país «destinado por la providencia para plagar a América de miserias en nombre de la libertad». El silencio del “gobernante” frente a semejante afrenta no es más que la comprobación de que es una útil marioneta con dos titiriteros que la manejan a su antojo: Trump, el dueño de la finca, y Uribe su fiel y servil capataz.
¿Cómo ocultar o negar a partir de ahora que somos tan solo una colonia más a la que ni siquiera se le reconoce como tal? Colombia ha sido violada frente a toda la comunidad internacional y nuestro “gobernante” y su partido de gobierno sonríen de la misma forma en que lo haría un proxeneta que explota miserablemente lo que no le pertenece, pero ni siquiera a cambio de dinero sino de no ser expuestos y juzgados por todo lo que se sabe sobre ellos.
Nuestra triste realidad hoy, es que nos gobiernan dos dementes a través de cuerdas
imperceptibles de ventrílocuo. Los identifica, eso sí, un mismo comportamiento criminal, psicópata. Se placen y extasían con la guerra, con la muerte y con el derramamiento de sangre ajena. Dogmáticos y fanáticos están dispuestos a todo con tal de destruir a quienes se opongan a sus dogmas, a sus designios, a sus «verdades» que ni siquiera alcanzan para ser consideradas como doxas.
Felices deben estar los que votaron y quienes revivieron con su abstención y su voto en blanco este proyecto totalitario, reaccionario y retardatario propio del oscurantismo y de la caverna, señalando, como justificación para ello, que resultaba lo mismo votar por un proyecto liberal y progresista, proclive a defender y desarrollar la Constitución de 1991, que hacerlo por un proyecto ultraconservador, ortodoxo y que no conoce, y antes más bien desprecia, la ética. Un proyecto político que si pudiera nos devolvería, siendo optimistas, a la Constitución de 1886 aunque su verdadero sueño hecho realidad seria retrotraernos al medioevo de los señores y los vasallos o, un poco antes, a la sociedad integrada por amos y esclavos.
No les importa el pueblo raso, el país nacional del que hablaba Jorge Eliecer Gaitán. No les interesa si entre las tropas norteamericanas hay positivos asintomáticos de COVID-19 y agravan nuestra ya delicada situación o si vienen y violan con su «inmunidad» cientos de niñas a su paso. No les importa si desde suelo colombiano se agrede a un pueblo hermano y si la respuesta de su gobierno nos involucra en una guerra innecesaria, inconveniente e impredecible. Sería extremadamente importante que un acto de humildad y contrición los que contribuyeran a elegir a este remedo de gobierno que cada vez convierten más al país en una republiquita, reconocieran con valor civil su letal error.
Premonitoria o proféticamente Jaime Garzón situaba a Uribe como quien nos traería a los «redentores soldados norteamericanos». Hoy sus pronósticos geniales, como los de Simón Bolívar se cumplen. Estamos en mora de construir una verdadera independencia. Cuando Bolívar murió entró a gobernar una élite criolla igual o peor a la que el genio de América combatió. Aún nos gobiernan. La gesta de Bolívar fue traicionada.
Este martes 21 de abril está proyectada una twiteraton desde las 8 de la mañana para desde la promoción del hastag #InternetParaEstudiar llamar la atención de la sociedad y del gobierno sobre la importancia de generar políticas públicas inclusivas que posibiliten el derecho a la educación, en igualdad de oportunidades, a todos los jóvenes universitarios del país, en épocas en que las circunstancias de confinamiento -por la pandemia que afecta al mundo- obligan a los protagonistas del acto educativo a acudir a la virtualidad en el proceso educativo.
Sin embargo desde ACCIÓN ÉTICA DOCENTE los educadores que conformamos el colectivo estamos vivenciando que este propósito loable es también una necesidad para el resto de estudiantes de un país con una conectividad limitada, situación que expresa desigualdad y una brecha digital que mientras no se cierre comporta unos altos niveles de exclusión, inadmisibles en un Estado Social de Derecho desde una perspectiva relacional y comparativa inherente a todo juicio de igualdad (como diría la honorable Corte Constitucional).
Al Estado le corresponde y tiene el deber constitucional de garantizar la continuidad del servicio y derecho a la educación pero no de cualquier forma. Es inadmisible que evada y descargue tal responsabilidad sobre los maestros, como cuando insinúa que a estos debe recargárseles el trabajo planeando clases para tres tipos de estudiantes: los sin conectividad (1); los de conectividad limitada (2) y los de conectividad ilimitada (3) en un grosero trato abusivo desde el punto de vista laboral y discriminatorio desde su concepción.
Tampoco la opción puede ser el retorno a las aulas sin garantías a la salud y la vida, las que no estarán dadas para docentes, estudiantes y sus grupos familiares hasta tanto no exista una vacuna o un tratamiento efectivo para el COVID-19. La única opción, por lo pronto, es educación virtual con garantías para todos, lo que pasa por inversión en las escuelas; formación para los docentes y, por qué no, decretar el 2020 como año de experimentación, flexibilización y adecuación para la educación, mientras se hace lo políticamente necesario para hacer del internet un servicio público esencial con características de derecho fundamental del que el Estado garantice el acceso a un mínimo vital para nuestros estudiantes.
Sin embargo, esta propuesta encuentra, al igual que la de exonerar a los usuarios de servicios públicos de pagos en épocas de pandemia, un mismo inconveniente: Los prestadores del servicio son, salvo contadas excepciones, empresas privadas. La solución tanto para lo uno como para lo otro es una misma. Aplicar a las empresas privadas que usan y usufructúan con grandes utilidades el subsuelo, un impuesto con destino exclusivo a la conectividad gratuita y a la provisión de herramientas tecnológicas a los estudiantes y de subsidio a los estratos 1, 2 y 3 de un rango mínimo de consumo en agua, energía, gas y telefonía. Con voluntad política es factible hacerlo. El artículo 332 Constitucional lo hace factible en su aparte introductorio: “El Estado es propietario del subsuelo”.
En desarrollo de nuestra propuesta hay que decir, que si hoy, la mayoría de empresas de servicios públicos de naturaleza no estatal hacen uso y se benefician económicamente del subsuelo, en el que entierran desde postes hasta ductos de conducción de agua potable y servida así como de cableado, no se justifica que no tributen o paguen por el beneficio que vienen recibiendo de manera periódica y gratuita, como si lo hacen por ejemplo quienes hacen uso del espectro electromagnético (Artículo 75 Constitucional).
Con nuestras propuestas para viabilizar y financiar el Internet para Estudiar; con la de decretar al 2020 como año de experimentación, flexibilización y adecuación para la educación e incluso, y mientras ello se concreta, hacer el tránsito de toda la educación en el país hacia calendario B (inicio del año escolar durante el segundo semestre) queremos responder al maestro Julián de Zubiría cuando el pasado 12 de abril nos expresaba: «… quiero profundizar en la consigna de Internet gratuito para estudiantes universitarios. La educación no puede parar. Tampoco el debate pedagógico».
Propuesta tomada de la página de Facebook del Colectivo Magisterial Acción Ética Docente
¿Humanidad o Utilidad? ¿vida o negocios? El coronavirus, a partir de la parálisis de la producción por ausencia del factor humano develó que el capital, las fabricas y las máquinas, por si solos, no generan riqueza y que solo la fuerza de trabajo es quién la posibilita. Sin la participación de millones de asalariados no solo se frena la producción de bienes sino también la generacion de riqueza. Es el trabajo humano y/o el trabajador y no el capital en sí mismo quién genera riqueza.
Pero la crisis también planteó a la sociedad en su conjunto un dilema ¿Qué debe primar o prevalecer, el derecho a la vida de millones, a través de medidas como el confinamiento obligatorio, garantizando a los medios necesarios para sobrevivir, o el derecho a la ganancia de sectores más pequeños de la población (empresarios) sobre la base de que estos expongan a la muerte a sus empleados haciéndolos ir a laborar? Constitucionalmente este dilema está resuelto. El intereses particular debe ceder ante el interés general.
Los países que optaron por la opción contraria (economía/vida) fracasaron estruendosamente en la contención del virus, demostrando que el «yo no paro, yo produzco», que un sector minoritario propagandizó en Colombia no aplica como posibilidad de supervivencia del género humano. La humanidad es más importante que la utilidad y la vida está por encima de los negocios y de la economia por una razón sencilla: sin vida no hay ni producción ni consumo.
Se plantea luego entonces otra disyuntiva. ¿Quiénes asumen los costos de la crisis en el plano economico? En esta etapa histórica en la que el conjunto de la sociedad pierde, lo correcto es que los mayores sacrificios los afronten los que mayores posibilidades tienen para hacerlo. Los que disponen y han acumulado en el tiempo grandes utilidades deben aportar antes que los que no disponen de nada para dar.
La vía de los empréstitos (endeudar a empresarios y personas naturales con los bancos) para afrontar la crisis solo representa a lo mucho, un aplazamiento de sus efectos; un fortalecimiento aparente de quienes prestan y un mayor empobrecimiento y disminución de la capacidad de responder de los acreedores, con lo que ello puede significar en términos de una mayor contracción de la economía sí còmo consecuencia de la recesión todo desemboca en una cesación de pagos de las obligaciones.
Por ello coincidimos con el senador Gustavo Petro en qué la vía no es endeudar sino desendeudar. Quitar cargas. La cesación de pagos de acreencias o deudas (1); de servicos públicos (2) y de arriendos (3) a los empresarios del sector privado puede liberarles recursos para mantener empleos y salarios. Los trabajadores, más allá de verse beneficiados por vía de la estabilidad en sus empleos y en sus ingresos para sobrevivir (1), sí se les hace extensiva, la cesación de iguales obligaciones pueden liberar recursos que les permitan mantener su confinamiento en condiciones de dignidad (2) y ejercer, en la medida de sus posibilidades, la solidaridad con quienes están condenados al subempleo y el desempleo (3).
Sin embargo, surge de la politica de exoneración de pagos un aparente problema y una pregunta. Sí el arrendador que no recibe arriendo, compensa no pagando deudas y servicios y, a su vez, si las empresas de servicios públicos dejan de pagar deudas, la afectación e impacto será para la banca. Entonces de manera pedagógica preguntamos: ¿Puede y tiene la banca cómo asumir tan alto costo?
La respuesta es sí. De los ultimos 21 años solo en 1.999 y 2.000 la banca afrontó una crisis en la que tuvo pérdidas y en la que el Estado y la sociedad concurrieron solidariamente en su ayuda. Desde 2001 hasta 2019, es decir, durante 19 años, el sector financiero ha tenido ganancias por 175 billones de pesos y bien podria hacer, por una vez, un sacrificio y retribuir en parte algo a los colombianos de lo que éstos le han ayudado a ganar.
Pero aún, sí se pensara en responsabilidades compartidas, también las empresas de servicios publicos domiciliarios tanto del orden público como privado podrían de manera voluntaria u obligadamente sacrificar parte de sus multimillonarios ganancias en función de subsidiar a los colombianos total o parcialmente en las tarifas que les cobran. Sí ambos sectores carecen de la grandeza y de la solidaridad y responsabilidad social que las circunstancias ameritan una buena opción por contemplar sería la nacionalización còmo lo ha planteado reiteradamente, respecto a la banca, el senador Armando Benedetti
Llegó el coronavirus y una de las frases que más y con mayor esperanza se escuchó, es que esta situación adversa probablemente haría emerger la esencia buena de los colombianos. Así, indudablemente está ocurriendo y se está expresando excepto en quienes deberían dar ejemplo de integridad, sensibilidad y solidaridad: los gobernantes.
Mientras muchos, anónimamente, desde sus propias precariedades comparten de lo poco que tienen con quienes tienen menos o nada, ya han sido detectados varios casos de gobernantes que vieron en la crisis no una oportunidad para resarcirse como seres humanos y ayudar a los màs necesitados, sino como otra oportunidad para el maldito «corone», forma eufemística de disfrazar el más
execrable de los crímenes: robarse los recursos públicos quitándole la posibilidad de obtener comida al hambriento.
Por una vez, por una bendita vez, han debido hacer un alto en su comportamiento criminal y usar la totalidad de recursos públicos puestos bajo su administración para solventar las necesidades de los más pobres, de los que subsisten en el día a día y que no tienen culpa (más allá de votar mal) de la sociedad injusta y desigual que los mismos politicos han construído a partir de sus robos constantes al erario y de sus fechorías.
Ni siquiera se les pedía que de su dinero o de su sueldo proveyeran las ayudas y mercados, pero aún así su desalmada conducta no les permite, siquiera una vez, hacer las cosas bien. Ni el propio presidente y altos dignatarios del estado se escapan de esta debacle moral de un régimen corrompido hasta en sus tuétanos. Lo de Ingreso Solidario es un claro ejemplo de ello. Las ayudas llegan a fantasmas y de éstos pasan seguramente a engrosar las cuentas de peces gordos (no es una alusión al presidente) en paraísos fiscales.
Como muy seguramente vendrán las investigaciones exhaustivas adelantadas por funcionarios puestos en sus cargos por los propios sospechosos e implicados para exonerar y decir que no se configura delito ni infracción disciplinaria alguna, tras lo cual sobrevendrá la impunidad y la desesperanza proponemos desde esta página la despenalización y legalización del robo en los altos servidores públicos (presidente, ministros, congresistas, magistrados, alcaldes, concejales, gobernadores y diputados) para qué nunca más se les investigue ni persiga. Qué puedan robar sin afugias y qué se instaure un nuevo delito no excarcelable para los que osen señalarlos y denunciarlos.
Sabemos que esta nueva ley de la república, salvo los verdaderos partidos de oposicion, contaría con el respaldo amplio y suficiente del gobierno y con contundentes mayorías parlamentarias que reglamentarian con sabiduría como garantizar que todos puedan hurtar equitativamente y procesos de perdón, olvido y excarcelación inmediata para todos los politicos presos.
Así todo el aparato de investigación, de acusacion, de juzgamiento y de polícia podria dedicarse a perseguir implacablemente a los ladrones de estrato 0, 1, 2, 3 y 4. Obviamente la unica condición que debería existir para la aprobación y sanción de esta ley es que excluya la posibilidad de robar recursos destinados a la atención de los más vulnerables mientras dure el coronavirus. Despues sí, que roben con toda la voracidad y desvergüenza que les sea posible hasta que logren acabar con todo y decidan huir de esta cacocracia y cleptocracia en que convirtieron a Colombia
Cómo era de esperarse, el gobierno colombiano en un acto de soberbia y orgullo superlativo evadió y de paso truncó la ayuda que humanitariamente había ofrecido en el día de ayer el presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en el sentido de donarle al pueblo colombiano dos de las varias máquinas para la detección de coronaviris que China está por enviar a la nación bolivariana.
Una posible respuesta a por qué Duque se da el lujo de rechazar ayuda, es que en realidad al gobierno colombiano, en una actitud suicida, no le interesa ni practicar pruebas masivamente ni procesar los resultados de las mismas y mucho menos informarlos. En Colombia, al parecer, antes que enfrentar una realidad como la de la pandemia que puede dejar un saldo en vidas por lamentar, se ha preferido optar por el «daño» de una única máquina de detección para de esta manera bajar artificiosamente el número real de infectados y la curva que está describe,
En una situación típica del realismo mágico de García Márquez, pareciera que Iván Duque, asesorado por Ernesto Macías, se hubiese inclinado por aplicar, en lugar de medidas sanitarias serías, la «jugadita» del daño de la máquina del Instituto Nacional de Salud INS de la que se dijo inicialmente que «no tenía arreglo» y «no había forma de adquirir los respuestos» y que luego, mágicamente, y de un día para otro empezó de nuevo a funcionar como si nada.
Peligrosamente el gobierno, pareciera estar en la difícil coyuntura más preocupado por la incidencia del impacto del virus en la caída a cero (0) de la ya maltrecha popularidad e imagen del presidente que en el daño que la pandemia puede ocasionar a la sociedad colombiana en su conjunto y sin distingo de clases e ideologías.
Comprometiéndonos, nos atrevemos a decir, que nos parece realmente estúpido, que se esté apostando por parte del presidente de Colombia a una estrategia en la que aleatoriamente unas veces se actúa como el avestruz, esto es, enterrando en un hueco la cabeza y dejando a merced del enemigo el resto del cuerpo, para creer que así nada pasa, mientras que en otras ocasiones se opta por imitar el comportamiento de los gatos, intentando desesperadamente tapar o echarle tierra al mal olor que desprende el manejo mediático de una auténtica crisis de salubridad y los escándalos que se esconden detrás de esta situación fortuita tales como la ñeñepolítitica y la narcofinca del embajador ante Uruguay.
Haciendo sorna, en redes sociales, sobre estas dos últimas situaciones, varios de los criticos del gobierno han acotado que en Colombia pareciera que los narcos tienen más laboratorios dotados de tecnología que las instituciones de salud tanto públicas como privadas. Además que, para acelerar la transmisión de la información de los datos de infectados con coronavirus, debería transferirse esa responsabilidad del Ministerio de Salud a la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad está seriamente cuestionada en su imparcialidad en los procesos eleccionarios que se dan en Colombia y en dónde incluso, sin la transmisión de toda la información, el ente electoral «tempranamente» declara quién fue elegido.
Hay que decir además, que la respuesta de Colombia en el sentido de que toda ayuda debe tramitarse a través de la Organización Panamericana de la Salud OPS no ha tomado a nadie por sorpresa y era apenas previsible. Hay que recordar, que poco después de que se empezaran a sentir los efectos e incidencia del virus en Colombia, el gobierno venezolano dio instrucciones a su cancillería para, en una especie de tregua entre ambos gobiernos, coordinar acciones bilaterales para la contención del virus. En aquella ocasión el gobierno colombiano ni siquiera respondió.
Quizás una explicación a la no respuesta se encuentre en qué muy en el fondo, tanto el gobierno norteamericano como el colombiano albergaban la esperanza de que el virus impactara más fuerte en Venezuela y su gobierno cayera; propósito este tan mezquino como el de facilitar el territorio de Colombia a mercenarios que fraguaban el asesinato de Nicolás Maduro, sin preveer que la ingobernabilidad, el caos y la expansión del virus que ello originaria en el vecino país, a quien primero afectaría sería a la propia Colombia. Paradójicamente hoy la potencia a la que Colombia sirve incondicionalmente contra Venezuela, es el mayor foco de infección del virus y la ayuda llega no del norte sino del país más inesperado.
La pandemia ha desnudado en toda su dimensión las miserias del modo de producción y sistema político que se impuso definitivamente tras la revolución Francesa. Sus valores iniciales de igualdad, fraternidad y libertad han sido sustituidos por prácticas deleznables como el individualismo, el egoísmo y la insolidaridad.
Bajo la atrocidad y voracidad de los postulados del neoliberalismo, intencionadamente, se empequeñeció al estado para evitar que este acuda y actúe en defensa de los más débiles y, por esa vía, garantizar que se impongan exclusivamente la lógica y los intereses de ganancia, a cualquier precio, de los poderosos.
En el lenguaje de estos últimos no existen términos como reciprocidad y empatía. Solo existe el propósito único de acumulación desmedida de ganancias, sin importar los medios de que se valgan para obtenerlas ni a quienes destruyan en su proposito. El cada vez más atrofiado estado solo existe en tanto su aparato represivo es útil para garantizar los privilegios de unos pocos. No existe para auxiliar económicamente al débil o para garantizar, por ejemplo, la salud de las mayorías. Existe para respaldar a los negociantes y a sus negocios rentables.
Los grandes industriales y comerciantes son incapaces de tomar la decisión de, por quince días o un mes, parar la producción, sin cesar pagos de salarios, para facilitar el confinamiento y la provisión de alimentos, con el objetivo de salvar vidas. Salvo los pequeños empresarios (y en su ayuda debería acudir también el estado), los grandes podrían hacerlo. Podrían en razón de la emergencia humanitaria hacerlo como lo hicieron ya una vez en la segunda mitad del siglo XX para derrocar a un gobernante.
Podrían socializar con el país una parte insignificante de sus jugosas ganancias de décadas, de la misma manera en que el país nacional les ha tendido la mano cuando el gobierno ha decidido socializar sus pérdidas a través de más y mayores impuestos, que se descargan sobre las espaldas de los débiles, o a través de exenciones tributarias que no han tenido otro sentido que disminuir sus costos de producción y/o, como se nos ha vendido, reducir sus egresos para aumentar sus ingresos, sobre el compromiso nunca cumplido de generar más empleo.
Sobresalta e indigna que el estado y el gobierno, que representa a la clase social minoritaria que ostenta el poder, hayan destruido la salud pública para convertírla en otro jugoso negocio que se les sirve a la carta. De ahí la incapacidad de un sistema de salud en manos privadas para asumir la responsabilidad de brindar atención de calidad a los millones de ciudadanos que, paradójicamente y siendo los que más tributan y contribuyen, son también los que más necesitan hoy hospitales dotados con toda la tecnología posible.
Los colombianos no creíamos que fuera a ser tan necesario, como ahora, que la salud fuera un derecho fundamental y no otro perverso negocio que genera ganancias sobre la base de negarles servicios y atención de calidad a la gente.
En todo este panorama desolador y apocalíptico estamos por fin, y a golpes, aprendiendo a entender que en el capitalismo no hay lugar para sentimientos y mucho menos para tener corazón. Al uno y al otro lo sustituyen las carteras y los billetes. Estamos entendiendo, por ejemplo, que
el desabastecimiento de Venezuela (más allá de la explicación del saboteo y el bloqueo económicos) hace parte de la lógica inhumana del mercado en la que incluso la Constitución, contrariando a Kelsen, queda por debajo de sus leyes de oferta y demanda.
Desaparecieron el alcohol, los antibacteriales y 9 millones de tapabocas necesarios para afrontar la crisis sanitaria y humanitaria, sencillamente porque ante la caída del peso frente al dólar (devaluación), quienes los tenían en su poder, decidieron que era más rentable, monetariamente hablando, exportarlos que realizarlos sin acaparamiento y sobrecostos en el mercado interno. Ello, obvio, con la complicidad de funcionarios del Estado a los que debieron «untar» para que miraran hacia otro lado mientras hacían su nauseabunda transacción.
También aquel discurso de que éramos uno de los países más desiguales del mundo hoy deja de ser retórica y adquiere contenido apreciable en la situación de millones de compatriotas que están en la encrucijada de no poder confinarse porque la pobreza no se los permite. Un millón de personas sin agua potable es una cifra diciente; ancianos mayores de 70 años trabajando en las calles por la incapacidad del gobierno y del sistema de garantizarles una pensión es otra dura y triste realidad. Además, millones deambulan por las calles a la espera de que los empresarios generen empleo formal. Los «nadie» como los llamaba Eduardo Galeano, deben, si o si, arriesgarse a salir a las calles para batirse contra el virus o contra la posibilidad de morirse de hambre por la falta de empleo y la insolidaridad del estado y de los poderosos a los que este les sirve.
Tan es cierto esto último que el gobierno en lugar de legislar en función de favorecer a la población más vulnerable frente a la pandemia, lo hizo primeramente pensando en los poderosos. Las primeras medidas que adoptó el gobierno de Duque no estuvieron encaminadas a proteger y a favorecer a la población sino que fueron en favor de los dueños de las empresas de aviación y de los hoteles.
Hace apenas 4 días, el
Banco de la República puso a disposición de las entidades financieras, entiéndase de los «pobres» banqueros, recursos hasta por 17 billones de pesos, en caso de que estas requieran atender situaciones de iliquidez. ¿Cuantos subsidios de alimentación pueden proveerse a los pobres y cuántos hospitales y camas de UCI podrían construirse con 17 billones? Sin embargo a nadie le importan los desvalidos y débiles del sistema. Ni siquiera visionados como potenciales compradores que no sobrevirán a la ineficiencia e inhumanidad del sistema.
Y el problema no es exclusivo de Colombia. Italia y Serbia han sido abandonadas a su suerte por la Unión Europea y su socio Estados Unidos. Solo China y Cuba aparecen en el escenario mundial dándonos ejemplarizantes lecciones de solidaridad. No puede seguir colocándose la economía y el capital por encima de la vida. Algún día como dice el himno de la alegría «los hombres volverán a ser hermanos».
Formalmente declarado como pandemia, el coronavirus llegó a Colombia días después de que la alcaldesa de la capital se refiriera a el como «una gripa más» y que el responsable de la salud en el país declarara que no debíamos entrar en pánico y seguir nuestra vida normal: tamaña irresponsabilidad propia de un país sin gobierno y/o con un gobierno indiferente a los intereses, derechos y expectativas de las mayorías de sus ciudadanos.
Tuvo que ocurrir que en solo 3 días los casos reportados se multiplicarán por 3 para que se entendiera que las medidas a adoptar iban más allá de lavarse las manos y buscar nuevas formas de saludo como lo concibió no un estudiante de preescolar sino quien funge, o quizás finge, ser presidente de los colombianos. Construir hospitales de última tecnología en cuestión de días, como lo hicieron los chinos, no era parte de un espectáculo para aparece en el libro Guiness, como lo pudo haber interpretado desde su sapiencia Duque. Fue una demostración de cómo se afronta seriamente un problema de salubridad pública.
En Colombia era de público conocimiento. Los pasajeros ingresaban en vuelos internacionales por los aeropuertos y salvo una que otra pregunta sin sentido, formulada aleatoriamente y más si había alguna cámara de un noticiero cerca, no se adoptaban medidas de verdad. Medidas de prevención y contención. En idéntico sentido nunca se adoptaron determinaciones frente al desembarque de turistas cuyos barcos encontraron en Cartagena, el único puerto de la región en donde se les permitía atracar sin restricciones.
Increíblemente desde el país con el sistema de salud donde todo se pretende solucionar con acetaminofén; donde los triages actúan como un retén para lentificar la atención y garantizar mayores ganancias a los mercaderes de la salud, sin importar que en la larga espera se produzcan contagios, se declaró que «estábamos preparados para afrontar el coronavirus», aseveración esta que ni siquiera una potencia como China se atrevió a proferir. ¿Preparados en qué y para qué? ¿Preparados sin hospitales? ¿Preparados sin el número suficiente de camas de UCI aún en épocas de «normalidad»?
Las medidas, en los países verdaderamente serios y gobernados por estadistas y no por bufones con pretensiones infundadas de artistas multifacéticos se adoptan con antelación y no cuando los acontecimientos se adelantan a la ineficiencia y a la imprevisión. A estas alturas, las fronteras no se han cerrado y no es de extrañar que en cualquier momento Duque nos sorprenda declarando en uno de sus pronunciamientos con connotaciones de mal chiste, que ya inició conversaciones con el presidente Guaidó para enfrentar bilateralmente la emergencia.
Sin que existan medidas de control, la vitamina C y los antibacteriales escasean y los tapabocas cuatriplican sus precios, sin mencionar que el presidente no ha sido capaz de adoptar otras decisiones de fondo como por ejemplo las que privilegien la atención rápida y bajo condiciones de bioseguridad de los pacientes sospechosos.
Y no sería solo cuestión de impedir la especulación económica. Ya debieron haberse adoptado medidas excepcionales como por ejemplo el incremento del rango mínimo de consumo de agua de tal forma que en el lavado permanente de manos no se le vaya la totalidad del exiguo salario mínimo a los colombianos más vulnerables, económicamente hablando.
Con un gobierno cada vez más débil e ilegítimo y una ciudadanía poco educada y disciplinada, pero además permisiva y conforme, el panorama no es para nada alentador. En el peor momento de los colombianos eligieron, o les eligieron, al peor y más incapaz presidente de su historia.Si sobrevivimos tocará tomar mejores decisiones políticas.
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