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¿Sanclemente fue en puertos y aeropuertos el nuevo “muchacho bendito”?

Para el capo máximo del Cartel de Medellín, en ese entonces, las licencias de operación de aeropuertos y aeronaves fueron significativas y un punto de lanzamiento al éxito de su negocio de exportación de cocaína. Por eso quizás, eufórico y entre wiskys, ponderaba la labor y se refería al nuevo director de Aerocivil de la época (que había sustituido al por ellos asesinado) como el «muchacho bendito». Seguir leyendo ¿Sanclemente fue en puertos y aeropuertos el nuevo “muchacho bendito”?

Uribe: de nuevo en el ojo del huracán por cuenta de los hermanos Sanclemente

No fue un buen cumpleaños para Uribe. Con autoría de @JuanPoe y a través de @elinvestigad0r se publicó en la tarde de este sábado, en tuiter, una nueva investigación en la que se denuncian vínculos entre Adriana Sanclemente Alzate y los hermanos narcotraficantes Cifuentes Villa, del llamado «clan invisible».

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¿Quién manda en Colombia? y/o ¿»Dónde está el piloto» de este país de mentira?

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La Colombia de Duque es una especie de país descuadernado o estado fallido en donde no se sabe realmente quién manda a quien. A veces diera la impresión, por ejemplo, de que el Ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, tiene mayor mando y poder de decisión que el propio presidente de la República, o que los ministros de despacho responden más a las órdenes de un expresidente que a las del mandatario en ejercicio.

Como si todo lo anterior no fuera suficiente, el comandante en jefe del ejército nacional, General Eduardo Enrique «mago» Zapateiro, pasando por encima del ministro de defensa y del comandante en jefe de las fuerzas militares decidió tórpemente comprometer la institucionalidad y al país saliendo a dar declaraciones y a expresar condolencias por la muerte de Jhon Jairo Velásquez, alias Popeye, quien fuera uno de los sanguinarios lugartenientes de Pablo Escobar Gaviria.

El escandaloso pronunciamiento inconsulto, suscitado por la mezcla de la falta de tacto y torpeza del general y comandante del ejército demuestra que en el actual gobierno cada quien actúa como una peligrosa rueda suelta y sin coordinación alguna y que se actúa sin medir las consecuencias o efectos de acciones con un alto contenido de torpeza.

El que desde una de las instituciones llamadas a garantizar la vida de los ciudadanos no se haya hecho nunca un pronunciamiento de condena a las muertes o de condolencias a los familiares de los centenares de líderes sociales asesinados, pero que si se haga frente a la muerte de un jefe de sicarios de uno de los más violentos y sanguinarios carteles de la droga es más que diciente, es espeluznante.

En cualquier país medianamente civilizado la declaración de Zapateiro debería generar un escándalo mediático y la inmediata destitución del general con simpatías hacia narcos y asesinos. En Colombia no pasará nada. Nadie asumirá responsabilidad y consecuencias políticas y los medios nacionales, más no los internacionales minimizarán el hecho. Solo el ex general de la Policía, Rosso José Serrano, mostró algo de vergüenza ajena frente a la salida en falso del «mago» Zapateiro.

¿Armas para civiles o armas para militares? El límite entre las vías del derecho y las de hecho

De la época de Pablo Escobar Gaviria quedó una impronta para el país que no ha podido superarse: La de la mentalidad traqueta, esa en cuya lógica no existe manera diferente de resolver problemas que a través de la utilización de las armas en función de suprimir o aniquilar al que piensa diferente o se opone a los «negocios».

En Colombia el proyecto político que mejor encarna esa suerte de mentalidad o lógica primaria es el uribismo que, curiosamente, surge en el mismo espacio geográfico del cartel de Medellín. Su máximo exponente, el ex presidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez es tristemente recordado por el episodio donde colérico y en su condición de jefe de Estado usó la frase que simboliza mejor esta manera irracional de resolución de conflictos: «si lo veo le voy a dar en la cara marica».

Por eso quizás, alrededor del Centro Democrático se agrupan por identidad o afinidad todos quienes ven como única vía válida de relacionarse con quienes piensan diferente la violencia. En redes sociales pululan los trinos de partidarios de ese sector «político» profiriendo amenazas e incluso videos que registran a sus militantes pasando de las palabras a los hechos de agresión.

Uribe y el uribismo, esa suerte de cohesionada secta política con peligrosos tintes de fanatismo religioso, siempre que estén frente a la posibilidad de escoger entre la «fuerza de la razón» y la «razón de la fuerza bruta», optarán por la segunda opción y desecharán la primera. Por eso no es de extrañar que su ejercicio político gire en torno siempre a atizar los ánimos, los conflictos, la guerra, el uso de armas y de violencia y la justicia por propia mano.

Por ello, su reacción ilógica frente al desarme de las FARC -como uno de los mayores factores de violencia y muerte en el país- fue su oposición irracional y la natural incomodidad que los motiva a emprender todos los esfuerzos necesarios para retrotraernos a la barbarie o por llevarnos a nuevas guerras (internas o externas), porque la muerte, más allá de ser uno de sus más rentables negocios, pareciera ser lo único que los estimula y los hace sentir vivos. Necropolítica como máxima expresión de disociación psicótica y de transtorno psiquiátrico sin dudas.

En todo este torbellino de demencia no es de extrañar entonces que a los uribistas les genere fastidio la existencia de normas que prohíban la tenencia, porte y uso de armas en un país tan intolerante que, incluso, en cada celebración o festividad el saldo de las autoridades es de muchísimas personas muertas o lesionadas con armas de fuego como producto de riñas callejeras.

Respecto a las armas, causa hilaridad que poco después de que Uribe (actuando como verdadero jefe de gobierno y de Estado) anunciara en twitter un parágrafo que burla en la práctica la prohibición de esos instrumentos de muerte, el presidente formal de los colombianos anunciara la firma del Decreto 2362 de 2018 que a discrecionalidad del Ministro de Defensa puede otorgar autorizaciones especiales para el uso de armas, casi que con seguridad a «personalidades» afines al uribismo.

Con ello, aunque se hable de «monopolio de las armas» para el Estado y sus agentes, se renuncia de nuevo al mismo y se hace un reconocimiento de que el Estado y las autoridades, instituidas para salvaguardar la vida y bienes de todos los ciudadanos, son incapaces de hacerlo y que (como en el viejo oeste norteamericano) cada quien debe su propia seguridad en la lógica perversa de que sobreviva el que desenfunde primero el arma.

Vamos de retroceso en retroceso renunciando a la civilización y reencaminándonos hacia la barbarie por cuenta del uribismo. En momentos así es inevitable recordar el genio de Jaime Garzón, asesinado precisamente por los intolerantes en el poder, cuando en un mordáz juego de palabras decía de Uribe que no sabía si la «guerra era para civiles o para militares»