El Consejo Superior de la Universidad del Atlántico ha estado últimamente cuestionado por decisiones como la escogencia del rector Carlos Prasca Muñoz, «personaje» este que se hizo tristemente célebre en los medios masivos de comunicación no precisamente por sus dotes como administrador e intelectual sino por sus escándalos de naturaleza sexual.
Las malas decisiones de este órgano representativo se explican quizás en que ha sido coptado por la politiquería y ha dejado de ser la instancia de dirección universitaria para el fortalecimiento de la academia, para convertirse en una suerte de espacio para negocios y transacciones o, mejor, una especie de siniestra puerta giratoria donde los favores políticos se pagan con postulaciones y elecciones a corporaciones como el Concejo de Barranquilla (caso de Leyton Barrios) o al Congreso de la República, como en el caso de César Lorduy, hoy representante a la Cámara.
A propósito de Lorduy, quién fue factor fundamental en la escogencia de Prasca, se han hecho públicas una serie de imágenes de WhatsApp y por lo menos una llamada de corte erótico que este habría sostenido con una estudiante universitaria, que demostraría que entre Prasca y Lorduy más que afinidades ideológicas y políticas existen similitudes en su desbordada sexualidad y en sus prácticas telefónicas de naturaleza libidinosa y morbosa.
Lorduy quién durante su época de consejero se caracterizó por su naturaleza violenta e intemperante, puesta de manifiesto en varias ocasiones en que invitó a irse a los golpes a otros consejeros y estudiantes, también tiene como referente adverso el haber estado involucrado en la muerte de la joven barranquillera de 16 años, Alicia Mercedes Ribaldo Pardo, quién fue asesinada de un disparo el 5 marzo de 1979 al interior de un establecimiento llamado Coffee Shop ubicado en la calle 72 con carrera 53, crimen del que se sindica como autor material al hoy parlamentario.
No se sabe si este nuevo escándalo del congresista por el Departamento del Atlántico y afín a la familia Char, amerite apertura de algún tipo de investigación por parte de la Corte Suprema de Justicia.
Lo cierto es que el episodio debería ser un llamado de atención a los gremios económicos de la ciudad para asumir con mayor responsabilidad la elección de sus representantes ante el Consejo Superior universitario y también debería suscitar un ejercicio de reflexión al interior de los electores del congresista, muchos de ellos docentes, quienes bajo presiones de la secretaria de educación y de rectores afines, fueron orientados a votar por el hoy cuestionado hombre público.