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Tras 12 años: Que respondan ante la JEP o la CPI los responsables del sufrimiento de dos padres

IMG-20181227-WA0003Denegación de justicia es el término exacto que describiría el suplicio que han debido vivir dos padres de familia colombianos frente a la muerte, en extrañas circunstancias, de su hijo, un militar colombiano, en desarrollo del conflicto armado.

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Ello ameritaría, hoy y de oficio, la intervención de la Justicia Especial para la Paz -JEP- y/o de la Corte Penal Internacional -CPI- si persiste por parte de todos los organismos nacionales encargados de administrar justicia la evasión de sus responsabilidades institucionales en esclarecer la verdad y dar respuestas sobre lo que realmente aconteció.

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Raúl Antonio Carvajal Pérez y Oneida Londoño son los nombres de estos atribulados padres que doce años después siguen sin respuesta oficial alguna frente a las circunstancias que determinaron la muerte de su hijo.

Raúl Antonio Carvajal Londoño era cabo primero del ejército y fue asesinado el 8 de octubre de 2006 en un aparente y no esclarecido combate que sostuvieron con la columna móvil Arturo Ruiz de las FARC, en el sitio Alto de la Virgen (entre los municipios de Tibú y El Tarra en Norte de Santander), soldados adscritos para la fecha a la Unidad Destructor Uno de la Brigada Treinta de la Segunda División del Ejército quienes actuaban en desarrollo de la Operación Serpiente bajo la dirección operativa del teniente Dimir Yamith Pardo Peña. En los hechos también pereció el soldado José López Ardila.

Curiosamente para los días de los hechos Carvajal Londoño estaba, de acuerdo al relato de su padre, enfermo en el Batallón de Infantería Antonio Ricaurte de Bucaramanga y fue trasladado en helicóptero hasta el sitio donde se produjo su deceso por órdenes del Coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, quien fue edecán del ex presidente de la República Álvaro Uribe Vélez y fue acusado por un fiscal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario por la muerte, el 7 de diciembre del 2007, de Camilo Andrés Valencia, uno de los jóvenes de Soacha, Cundinamarca, víctimas de falsos positivos en Ábrego, Norte de Santander.

Algunos días antes de su muerte (septiembre de 2006), Carvajal Londoño se había comunicado telefónicamente con su familia para expresarles que tenían un nuevo nieto y para contarles su malestar e incomodidad porque según les relató se había negado a participar en el ajusticiamiento de unos campesinos para presentarlos falsamente como guerrilleros dados de baja en combate, en lo que más tarde se conocería como la política de los «falsos positivos».

A la larga cadena de extrañas circunstancias de la muerte del militar se suma que los dictámenes médicos indican que el disparo que ocasionó su muerte se produjo a corta distancia lo que descarta la versión de un tiro propinado por un francotirador de la guerrilla.

También genera dudas sobre la versión oficial de los hechos la negativa de las autoridades municipales de El Tarra, la Personería y el comandante de la estación de Policía en el lugar, intendente Pedro Miguel Mendoza Álvarez, quienes
certificaron que entre el 5 y el 12 de octubre de 2006 no se presentó ningún hecho irregular en esa zona ni se registró ningún hecho de alteración de orden público entre el Ejército Nacional y grupos al margen de la ley.

El adolorido Raúl Antonio Carvajal Pérez no se ha andado con rodeos y con eufemismos. Lo ha dicho claro: Su hijo fue asesinado por elementos del propio ejército por negarse a participar de los falsos positivos. Lo ha expresado en entrevistas y se ha atrevido incluso a encarar a Álvaro Uribe y responsabilizarlo de frente por su desgracia. Sin embargo, ni la justicia penal militar ni la ordinaria (Fiscalía, Procuraduría, Defensoría) le dan respuestas. ¿Se las otorgará la Justicia Especial para la Paz en vida? o ¿tocará que intervenga la Corte Penal Internacional para determinar y sancionar responsables?

¿Armas para civiles o armas para militares? El límite entre las vías del derecho y las de hecho

De la época de Pablo Escobar Gaviria quedó una impronta para el país que no ha podido superarse: La de la mentalidad traqueta, esa en cuya lógica no existe manera diferente de resolver problemas que a través de la utilización de las armas en función de suprimir o aniquilar al que piensa diferente o se opone a los «negocios».

En Colombia el proyecto político que mejor encarna esa suerte de mentalidad o lógica primaria es el uribismo que, curiosamente, surge en el mismo espacio geográfico del cartel de Medellín. Su máximo exponente, el ex presidente y hoy senador Álvaro Uribe Vélez es tristemente recordado por el episodio donde colérico y en su condición de jefe de Estado usó la frase que simboliza mejor esta manera irracional de resolución de conflictos: «si lo veo le voy a dar en la cara marica».

Por eso quizás, alrededor del Centro Democrático se agrupan por identidad o afinidad todos quienes ven como única vía válida de relacionarse con quienes piensan diferente la violencia. En redes sociales pululan los trinos de partidarios de ese sector «político» profiriendo amenazas e incluso videos que registran a sus militantes pasando de las palabras a los hechos de agresión.

Uribe y el uribismo, esa suerte de cohesionada secta política con peligrosos tintes de fanatismo religioso, siempre que estén frente a la posibilidad de escoger entre la «fuerza de la razón» y la «razón de la fuerza bruta», optarán por la segunda opción y desecharán la primera. Por eso no es de extrañar que su ejercicio político gire en torno siempre a atizar los ánimos, los conflictos, la guerra, el uso de armas y de violencia y la justicia por propia mano.

Por ello, su reacción ilógica frente al desarme de las FARC -como uno de los mayores factores de violencia y muerte en el país- fue su oposición irracional y la natural incomodidad que los motiva a emprender todos los esfuerzos necesarios para retrotraernos a la barbarie o por llevarnos a nuevas guerras (internas o externas), porque la muerte, más allá de ser uno de sus más rentables negocios, pareciera ser lo único que los estimula y los hace sentir vivos. Necropolítica como máxima expresión de disociación psicótica y de transtorno psiquiátrico sin dudas.

En todo este torbellino de demencia no es de extrañar entonces que a los uribistas les genere fastidio la existencia de normas que prohíban la tenencia, porte y uso de armas en un país tan intolerante que, incluso, en cada celebración o festividad el saldo de las autoridades es de muchísimas personas muertas o lesionadas con armas de fuego como producto de riñas callejeras.

Respecto a las armas, causa hilaridad que poco después de que Uribe (actuando como verdadero jefe de gobierno y de Estado) anunciara en twitter un parágrafo que burla en la práctica la prohibición de esos instrumentos de muerte, el presidente formal de los colombianos anunciara la firma del Decreto 2362 de 2018 que a discrecionalidad del Ministro de Defensa puede otorgar autorizaciones especiales para el uso de armas, casi que con seguridad a «personalidades» afines al uribismo.

Con ello, aunque se hable de «monopolio de las armas» para el Estado y sus agentes, se renuncia de nuevo al mismo y se hace un reconocimiento de que el Estado y las autoridades, instituidas para salvaguardar la vida y bienes de todos los ciudadanos, son incapaces de hacerlo y que (como en el viejo oeste norteamericano) cada quien debe su propia seguridad en la lógica perversa de que sobreviva el que desenfunde primero el arma.

Vamos de retroceso en retroceso renunciando a la civilización y reencaminándonos hacia la barbarie por cuenta del uribismo. En momentos así es inevitable recordar el genio de Jaime Garzón, asesinado precisamente por los intolerantes en el poder, cuando en un mordáz juego de palabras decía de Uribe que no sabía si la «guerra era para civiles o para militares»

Álvaro Uribe Vélez: ¿Parapresidente de Colombia?

La «equivocación» de la vicepresidente Martha Lucía Ramírez al llamar a Uribe presidente, no es simplemente otro lapsus más de los que ha se han vuelto frecuentes entre quienes deben obediencia y respeto al presidente Iván Duque. Ello solo refleja un problema de realidad política mal manejada.

No nos llamemos a equívocos. Llamemos a las cosas por su nombre y sin eufemismos. Colombia es quizás el único régimen «democrático» del mundo donde hoy hay o coexisten un presidente y un parapresidente o suprapresidente, este último, con mayor poder incluso que el elegido por 10 millones de ciudadanos.

Poco antes de posesionarse Iván Duque, ya Alicia Arango, ex secretaria privada en la casa de Nariño en el gobierno Uribe y designada Ministra de Trabajo por el actual gobierno, lo había declarado a W Radio Colombia: «Gobernará Iván Duque, pero no hay que olvidar que Uribe es nuestro jefe».

IMG_20181120_060837Ello significa, ni más ni menos, un radical cambio que debería ser objeto de análisis por la ciencia política y por los constitucionalistas. La transferencia de la soberanía del rey al pueblo que se instauró con la revolución francesa de finales del siglo XVIII perdió vigencia o ha sido «superada» o rebasada.

Ahora en Colombia, la soberanía ya no reside en el el pueblo y ni siquiera en la persona en quien el constituyente delegó su poder, sino en un supra poder que se alza por encima del ejecutivo mismo y a quienes importantes miembros del gobierno reconocen en público como jefe incluso por encima de la figura del propio presidente.

En esa dinámica no resulta extraño entender el calificativo de «presidente eterno» que el uribismo en una especie de culto exacerbado a la personalidad, incluso con matices y/o ribetes religiosos, le otorga a Álvaro Uribe Velez.

Uribe como líder y jefe indiscutido de su partido controla a quien representa al ejecutivo, un hasta hace poco ilustre desconocido para la mayoría de los colombianos que debe su elección a la popularidad del caudillo que fue quien lo ungió ante sus seguidores, respaldo sin el cual difícilmente habría alcanzado la primera magistratura.

Controla igualmente los hilos en el poder legislativo y para nadie son ya un secreto sus intenciones de reformar y adecuar el poder judicial a la medida de sus intereses. Ello para no mencionar el enorme poder económico y mediático que también concentra y ostenta al punto de haberse erigido en una especie de intocable pese a todas las investigaciones y sindicaciones que existen en su contra.

Desde esa lógica no es extraño que siguiendo la misma línea de la ministra Alicia Arango, prestantes miembros del actual gobierno como la ministra de Justicia, Gloria María Borrero; el Alto Consejero, Emilio Archila; el Canciller, Carlos Holmes Trujillo, y hasta la propia vicepresidente, Martha Lucía Ramírez, con muy poco pudor llamen en público a Uribe presidente en lugar de decirle parapresidente o supra presidente que sería lo más adecuado, incluso para preservar ante la comunidad internacional la ya maltrecha dignidad de la figura presidencial que ya es objeto de sorna.

Dimos el salto o pasamos de ser, sin que muchos aún se percaten de ello, un régimen presidencialista a una rara figura o forma política. Hemos instaurado por primera vez en la historia, y para nuestra vergüenza, el parapresidencialismo.