Petro propone devolverle a los trabajadores lo que Uribe les quitó

En su discurso en Zipaquirá el pasado domingo 22 de abril, Gustavo Petro se atrevió a ponerle el cascabel al gato. Allí abordó un tema tabú o vedado en el ámbito de la política colombiana: El de la devolución de los derechos que empezaron a arrebatársele a los trabajadores desde inicios de la década del 90.

Es una cuestión de simple y elemental justicia. No es comunismo ni socialismo como seguramente empezará a vociferar más de uno. De hecho, las garantías, derechos y prerrogativas de las que gozaban los trabajadores hasta inicios de la última década del siglo pasado, eran en buena parte expresión del auténtico pensamiento liberal, mientras que la contrarreforma que se aplicó a la misma es un claro producto del pensamiento neoliberal.

Uno no entendería entonces que los trabajadores, que tanto se quejan de sus cada vez más precarias condiciones laborales, no respalden a quién ha asumido pública y valientemente el compromiso de terminar con los contratos de 3 meses; con la intermediación laboral (tercerización) y con quién, además, ha vuelto a colocar en el centro de la discusión pública el cancelar horas extras desde las 6:00 PM y reconocer un mejor pago por laborar en dominicales y festivos.

Es necesaria la expedición de un nuevo Estatuto del Trabajo que garantice condiciones de dignidad y decencia en las relaciones laborales al sector más débil: el de los trabajadores. Es impostergable en ese campo la mediación de un estado garantista.

Se requiere urgentemente un Estatuto que impida, que con fundamento en la inestabilidad en el empleo, se extorsione laboral, política y hasta sexualmente a quienes devengan su sustento y el de sus familias de la posibilidad de trabajar.

La Ley 50 de 1990 de la que Uribe fue ponente en el congreso se expidió bajo la excusa de que otorgándole beneficios a los empleadores y ahorrándoles costos, en detrimento de los trabajadores, se generarían nuevos empleos, lo cual nunca ocurrió.

Por el contrario, al modificar el artículo 6 del Decreto 2351 de 1965, la ley 50 permitió o facilitó los despidos masivos y el fin de: los contratos a término indefinido (1); de la estabilidad en el empleo (2); del derecho de reintegro por despido sin justa causa (3); del reconocimiento de salarios dejados de recibir y/o pago de indemnización por despido sin justa causa (4) y de la retroactividad en el pago de cesantías (5), entre otras.

De todo ello surgió la desregularización en las relaciones laborales y el inicio de la explotación de los trabajadores por un tercero (tercerización) bajo la figura inicial de bolsas de empleo ( Decreto 468 de febrero 23 de 1990) o de “cooperativas” de trabajo asociado, fortalecidas después por el Decreto 4588 de Diciembre 27 de 2006

En hora buena un candidato presidencial propone derogar también la Ley 789 de 2002 que puso fin al pago de recargos nocturnos por laborar después de las 6 PM; a la remuneración especial por laborar en domingos y festivos y que redujo las tablas para pago de indemnización por despidos injustos, acrecentando la inequidad social.

El balón está en el terreno de los trabajadores. Ellos deciden si le dan un voto más de confianza a quienes han actuado históricamente contra sus intereses o a quienes proponen restituirlos y salvaguardarlos.

 

Militares y policías: quién de verdad los afecta desde la política

La biblia en lo que pareciera describir a los colombianos alienados por los «miedos» de conspiración, señala en Isaías 5:20 que hay quienes «a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo…». Eso sintetiza de alguna forma también la inversión de valores en nuestra sociedad.

En esa dinámica y «lógica» absurda, es un escándalo y una afrenta condenable que un candidato presidencial diga que ningún policía y/o militar debe estar excluido de la posibilidad de acceder a la educación superior y que debe tener opciones de hacer cosas diferentes a enrolarse, si así lo quiere.

Contrario a ello, es «bien vista» por ejemplo, la discriminación que impide que un joven de escasos recursos pueda aspirar a ser un oficial de nuestras fuerzas militares o de policía o, peor aún, esa especie de sistema de organización por castas, que impide la movilidad al interior de las fuerzas, esto es, que los suboficiales puedan aspirar a la oficialidad a partir de experiencia, tiempo de servicio y estudios.

A esto es a lo que la oficialidad en retiro en verdad le teme: A que la extensión de la oportunidad en el estudio a todos los miembros de la fuerza pública, sin excepciones, sea el preludio de una democratización que permita esa preparación que posibilite que cualquier miembro pueda aspirar a ascender hasta general de 3 soles, sin que para ello represente obstáculo su condición económica. Le temen a la democracia y a perder privilegios que se soportan sobre exclusiones.

Paradójicamente dentro de esta espiral de cosas sin sentido, se reprueba que policías y militares puedan servir a la patria con las armas pero también con los libros; al tiempo que se aprueba frenéticamente que nuestros jóvenes en lugar de ir a las aulas vayan al campo de batalla a acabar con sueños de otros jóvenes que poco se diferencian de ellos; a retornar a las salas de sus casas en un ataúd cubierto por la bandera de Colombia o, peor aún, a regresar mutilados y con graves secuelas físicas o psicológicas al seno de sus familias.

Se condena y muestra como enemigo de los militares a quien en el Sumapaz dignificó las condiciones de existencia de soldados surgidos de sectores pobres de la geografía nacional (Petro), pero se muestra como «salvador» y «redentor» de los mismos muchachos a quien por razones fiscales les quitó a los soldados profesionales, a través del Decreto 3770 de 2009, el subsidio que les había otorgado el artículo 11 del decreto 1794 de 2000 (Uribe)

En buena hora, una alta corte de justicia, una de esas que el uribismo-duquismo pretenden acabar por incómodas, les restituye a nuestros héroes de la patria, a través de demanda, lo que el mesiánico presidente les había arrebatado (Sentencia 00065 de junio 8 de 2017, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B)

J.J. Rendón, o más bien J.J. el HAMPÓN, lo había anticipado: Haría todo lo posible, aún gratuitamente, para destruir con su especialidad, es decir, con la mentira, a Gustavo Petro.

En su propósito, el ciudadano venezolano de marras siempre ha contado con los «miedos» de comunicacion, que colocan la cuota inicial de la mentira, para que el ejército de fanáticos de las redes las diseminen sin ninguna vergüenza y pudor y, obvio, sin ningún análisis.