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¿Petro y el PH en deuda con los profes y la educación?

El odio y la estigmatización del magisterio oficial y de su organización sindical por parte del uribismo tiene una clara razón de ser: la férrea y efectiva oposición que a los propósitos neoliberales han hecho los maestros desde 2002 y que ha logrado durante más de 20 años frenar y truncar la intencionalidad de este sector político de privatizar la educación y convertirla en un rentable negocio al servicio de intereses particulares.

 

En ese sentido se entendería que sectores políticos como los que integran el Pacto Histórico y que enarbolan entre sus banderas la defensa de lo público y por tanto la lucha frontal contra el neoliberalismo deberían reconocer, enaltecer y valorar tal logro de las maestras y maestros del país, cuya lucha constituye un valioso ejemplo victorioso contra políticas que se ejecutan en Colombia pero que, en abierta violación de nuestra soberanía, se trazan desde organismos internacionales.

 

Conscientes de ello, los maestros y maestras del país mayoritariamente apoyaron a Gustavo Petro en 2018 y en 2022 no ven que les quede opción presidencial distinta pues tanto en los candidatos de derecha y del mal llamado centro no avizoran nada diferente a la continuidad de los intentos por afectarles sus derechos y atacar y estigmatizar la educación pública sin reparar en lo que para esta se requiere.

 

Los maestros están con Petro y el Pacto Histórico pero los hechos parecieran indicar que Petro y el Pacto Histórico no tienen el mismo nivel de compromiso y la misma voluntad política que de ellos esperarían los educadores. En lo que respecta a educación, el discurso de Petro y del Pacto Histórico gira y se circunscribe a uno solo de los componentes de la educación: el nivel superior y/o el derecho de acceso a la educación universitaria.

 

Así quedo evidenciado en una alocución llena de las mismas generalidades cuando fue invitado especial a la asamblea general de la organización sindical ADIDA en Medellín. Cero compromisos frente al magisterio en torno al tan necesaria y urgente reivindicación y fortalecimiento de la atacada educación pública y de educadores al servicio del estado víctimas de estigmatización, amenazas, desplazamiento y hasta asesinatos.

 

Pero la ausencia de niveles mínimos de empatía hacia los y las educadoras no solo se pone de manifiesto con lo acontecido en ADIDA. El 15 de marzo de 2021 y luego de anunciarlo en un encuentro realizado con organizaciones sindicales 10 días antes a través de transmisión efectuada por Colombia Humana, Petro dejó plantados a miembros del Comité Ejecutivo de Fecode en momentos en los que al interior de esa organización 8 de los 15 ejecutivos habían decidido hacer público su apoyo al candidato. La reunión coordinada por Aldo Cadena quedó en reprogramarse, lo cual nunca ocurrió.

Con posterioridad a tal desplante y luego de filtrarse el tratamiento que se otorgaría en la lista cerrada del Pacto Histórico a representantes del gremio de maestros, en el que el educador mejor posicionado finalmente fue Domingo Ayala (puesto 29)  y se excluyó a otras personalidades como Rafael Cuello, el carismático expresidente de Fecode, Carlos Rivas, se vio forzado a buscar oportunidades al senado en la lista abierta de Fuerza Ciudadana donde ocupa el puesto 17. Otro expresidente de Fecode, Nelson Alarcón, busca su oportunidad en la Alianza Verde (18).

Otros sectores magisteriales con representación sindical que también hicieron pública su «decisión de apostarle al Pacto Histórico» obtuvieron solo silencio por respuesta

 

Pero aparte de lo ya expuesto, en el documento EL CAMBIO VIENE, publicado en diciembre de 2021 y redactado por la Comisión Programática del Pacto Histórico, solo hay 14 referencias a la palabra «educación» y en lo que respecta al «Pacto por la Educación» se leen las siguientes generalidades como propuesta para el magisterio (páginas 13 y 14):

 

«Tenemos el convencimiento de que el Pacto por la Educación es el más urgente y ambicioso, porque la construcción de una sociedad democrática que avance hacia una era de paz pasa por acabar  con el conjunto de brechas que impiden el acceso de todos los colombianos y las colombianas al sistema educativo en todos sus niveles.

El Pacto Histórico impulsará un acto legislativo y una ley estatutaria de la educación que conformen el sistema nacional de educación en Colombia que garantice la infraestructura, la pertinencia y la financiación requerida, incluido el pago de las deudas del gobierno central con las universidades públicas, para alcanzar en el corto y mediano plazo las metas de la cobertura universal con calidad y la gratuidad en todos los niveles (preescolar, básica, media, terciaria, superior e inclusive la investigación científica) con modelos pedagógicos orientados al pensamiento crítico y la innovación, pero también al estímulo de las carreras humanísticas y las ciencias sociales como la sociología, trabajo social, antropología y filosofía, tan necesarias para forjar identidad y cultura y educar para sostener el cambio.

Será dignificada la labor de los y las docentes a partir del reconocimiento de sus justos derechos… «.

 

Tal declaración dista significativamente de lo que educadores articulados en el movimiento MAESTROS presentaron públicamente como la propuesta de PACTO POR LA EDUCACIÓN tres meses antes (Septiembre de 2021) de hacerse público el documento» EL CAMBIO VIENE». Este detallado documento con origen en educadores de base también ha tenido por respuesta el silencio de los candidatos presidenciales y de los candidatos a senado y cámara del Pacto Histórico.

Seguramente nada variará la decisión adoptada por los educadores en torno al respaldo a Gustavo Petro. Lo cierto, es que lo mínimo que merecen las maestras y maestros y cualquier ciudadano es ser escuchados, atendidos, valorados y respetados. Es una simple cuestión de reciprocidad del país político hacia el país nacional.

 

El cambio de fondo que requiere Colombia necesariamente pasa por el fortalecimiento de una educación pública cuyo abandono por parte del estado quedó evidenciado con la irrupción de la pandemia del COVID-19. En ese propósito debería abrirse un diálogo inmediato con todos los actores del proceso educativo, incluidos estudiantes y sus organizaciones.

ESAP Atlántico: Contratación impertinente

La historia de contratos extraños, sin pertinencia y que generan justificada suspicacia en la ESAP se sigue repitiendo. Esta vez, en la Territorial Atlántico se piensa contratar, si ya no se hizo, 1 médico y 3 enfermeras, tal cual se puede observar en el Plan Anual de Adquisiciones publicado en la página de la ESAP .

Es paradójico que antes, en la presencialidad, la institución no contara con un botiquín de primeros auxilios por si se llegase a presentar un accidente en las instalaciones; y precisamente ahora, cuando se conoce a priori que el semestre en curso se desarrollará bajo la modalidad virtual decidan contratar personal de salud, ¿para qué? Son 94 millones de pesos que serían más pertinentes, y se justificarían en la realidad objetiva, si tuviesen otros destinos.

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES.

Un gran porcentaje de la población estudiantil reside en los municipios del departamento del Atlántico, por sólo hablar de este territorio; en Santa Marta y Valledupar, ahora en Bosconia, que recibe a estudiantes de municipios como Algarrobo en el que la alcaldía tuvo que prestarles la sala de informática de un colegio para presentar el examen de admisión, en Uribia, Villanueva y La Jagua de Ibirico municipios de cuarta a sexta categoría, la situación de vulnerabilidad es altísima.

Sin embargo, la actual Dirección Territorial no ha sido capaz de realizar las gestiones pertinentes para adquirir bajo distintas figuras equipos de cómputo, como portátiles y tabletas para facilitar a los estudiantes condiciones óptimas de conectividad.

Todas las instituciones de educación superior lo han hecho, incluso los colegios con sus escasos recursos, han destinado rubros para la compra de equipos. La ESAP, una institución que se debe caracterizar por sus gestiones, no ha establecido relaciones con las Gobernaciones de los 4 departamentos en lo que hace presencia, tampoco con las Alcaldías y menos con el sector productivo y empresarial con el objetivo de que los estudiantes se beneficien.

Mientras tanto, en el mismo Plan Anual de Adquisiciones, contemplan el arrendamiento de inmuebles en Valledupar, Santa Marta y Barranquilla, por la suma de 525 millones de pesos. De ese dinero, $250 millones son para arrendar la sede en Barranquilla, mientras los estudiantes y profesores dan clases virtuales. Así las cosas, nos encontramos ante una institución pública que no gestiona, y que, por otro lado, derrocha recursos en impertinencias.

Además de lo anterior, la Dirección Territorial Atlántico no actúa en la línea de la Ley 1712 de 2014, pues, no cumplió con la publicación de los procesos contractuales y de contratación directa en la sección estipulada para tales fines en la página de la Escuela, durante la vigencia 2020, y durante los meses que han corrido de la presente anualidad.

Se radicarán las peticiones y acciones pertinentes ante las instancias que correspondan para esclarecer la obscuridad que hasta ahora es signo común en las actuaciones oficiales.

La desacreditación de la ESAP

El 22 de enero de este año fue publicado el Plan Operativo Anual de Inversión de la Escuela Superior de Administración Pública, el instrumento mediante el cual se priorizan los proyectos de inversión presentados por la ESAP en el Banco de Programas y Proyectos del DNP.

El proyecto de inversión de la escuela para el año 2021 tiene un presupuesto de $214.000 millones. De esa cantidad, $45.000 millones serán destinados al «fortalecimiento de la infraestructura física de las sedes institucionales».

POAI. Fuente: http://www.esap.edu.co

En una entrega anterior se hizo varias preguntas que hasta el momento no han sido contestadas. Entre otras, ¿en dónde están los recursos de las sedes? Son $72.825 millones que la ESAP apropió en la vigencia 2018 para construir 5 sedes y terminar 1, adicional a $59.585 millones que la dirección nacional de la época debía solicitar como vigencias futuras ordinarias. Ahora, si esa dirección fue incapaz de gestionar dichas vigencias, ¿qué se hizo con los $72.825 millones que habían sido apropiados de los recursos administrados por la ESAP?, y además, ¿por qué la actual dirección nacional no los ha utilizado junto a los otros $59.585 que ya entrarían a hacer parte de una sola vigencia? El proceso licitatorio para la construcción de las sedes mencionadas, entre ellas Barranquilla, fue suspendido precisamente escudándose en la norma, porque las vigencias debían ser aprobadas. Ahora que la realidad es otra, ¿por qué no se reanuda el proceso de licitación?

Esas preguntas deben ser contestadas. La sede de Barranquilla, un verdadero campus universitario, costaba alrededor de $20.000 millones de pesos, en el lote que pertenece a la escuela, y que fue comprado con el dinero recibido por concepto de la venta de la anterior sede académica.

La actual dirección nacional de la ESAP está haciendo todo lo contrario a lo establecido en el diagnóstico y conclusiones del documento CONPES 3930 de 2018, pues una de las principales críticas realizada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social fue que la escuela se había dedicado durante muchísimos años a utilizar los recursos para hacer trabajos de mantenimiento (preventivos y correctivos) en las pocas sedes propias; es decir, a las directivas de la ESAP les importa un rábano las críticas y consejos que hizo en su momento el CONPES.

$23.148 millones serán gastados en la adecuación de 7 sedes y la respectiva interventoría; $17.374 se invertirán en el mantenimiento de 25 sedes; $2.837 invertidos en dotación de sedes, elaboración de diseños e interventoría de los mismos; y $1.639 milloncitos para la adquisición de 1 sede, es decir, la compra de un predio o lotecito. En lo anterior, se resumen los $45.000 millones.

Ahora, ¿en qué municipios se harán las intervenciones mencionadas? 1. Popayán, 2. Fusagasugá, 3. Bogotá, 4. Cúcuta, 5. Dos Quebradas, 6. Ibagué, 7. Cartagena, 8. Bucaramanga, 9. Manizales, 10. Florencia, 11. Villavicencio y 12. San José del Guaviare. Barranquilla aún con un predio apto y diseños listos es excluida nuevamente, prefiriendo pagar $300 millones cada año en el arrendamiento de una sede que no cumple con las condiciones exigidas por la norma en materia de espacios educativos, que no cuenta suficientemente con los servicios públicos necesarios y, que, en términos generales, no es apta para desarrollar las clases de un establecimiento universitario de tamaña importancia. Con todo esto, parece ser cierto que Pedro Medellín Torres no llegó a la ESAP a conseguir la acreditación en alta calidad que nos fue negada hace unos años. No le importa concretar el proyecto declarado de importancia estratégica, y además, quiere acabar por medio de una reforma a la estructura de la ESAP, con Bienestar Universitario. Dos de los factores más importantes que tiene en cuenta el CNA para evaluar las solicitudes de acreditación.

POAI. Pág. 7. Fuente: http://www.esap.edu.co

Parece que la dirección nacional está esperanzada en que la Gobernación del Atlántico construya la sede que la ESAP no sido capaz de construir, a ver si se evade la necesaria respuesta sobre los recursos antes apropiados. Se trata de un proyecto incluido en el Plan Departamental de Desarrollo del Atlántico, contemplado en el artículo 106, proyectos estratégicos priorizados. Sin embargo, la ejecución de esos proyectos depende de la asignación de recursos en el Plan Financiero del Plan Departamental de Desarrollo; a través de la respuesta a un derecho de petición, la Secretaría de Planeación Departamental, confirmó que a corte del mes de septiembre de 2020 esos proyectos no tenían recursos asignados.

Respuesta a derecho de petición. Consultar radicado: 20200800006021.

Por otro lado, es muy posible que con el programa de gratuidad del 100% para los programas de pregrado aprobado por el Consejo Directivo Nacional, la cobertura de la escuela aumente, es decir, que más estudiantes accedan a cursar sus estudios profesionales en la institución. Cabe, entonces, preguntarse ¿cómo se hará en el evento de que las clases presenciales regresen? A eso debemos sumarle que la dirección territorial Atlántico es la que en esta nueva cohorte cuenta con más aspirantes.

De tal manera que los estudiantes de Pregrado y Posgrado de la ESAP en Barranquilla continuarán cursando clases en condiciones indignas.

Será tarea de una próxima entrega hacer una evaluación rigurosa de la gestión de Pedro Medellín Torres como director nacional durante el tiempo que lleva en el cargo. Los estudiantes y docentes de la ESAP no pueden permitir la corporativización de la escuela, y por consiguiente, su desnaturalización como universidad.

Con mucho respeto: ¿Dónde están los congresistas alternativos?

En Barranquilla se está librando una batalla desigual, en defensa de la Universidad del Atlántico, para evitar el control hegemónico de su Consejo Superior por parte del clan Char. Sin embargo de esa gesta casi que heroica; de esa reeditada confrontación entre un Goliat y un David modernos muy pocos hablan y a nadie pareciera importarle.

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Universidad del atlántico: aportes para el análisis de coyuntura (ii)

Universidad del Atlántico: aportes para el análisis de coyuntura (2da parte)

Será esta la oportunidad para decidir por fin el rumbo de los esfuerzos hacia la construcción de verdadera democracia universitaria más allá de los espacios constituidos para la representación. Los consejos estudiantiles deben activarse, y para ello es menester que desde las facultades podamos agitar las banderas y consignas por medio del debate. Es seguro que los nuevos representantes, posesionados fraudulentamente y con serios visos de ilegitimidad, se decantarán por la salida más fácil. Aquella consiste en tomar como suyas banderas históricas y recientes del movimiento estudiantil que no conocen y que, por tanto, nunca han defendido. No obstante, en el debate al interior del CSU escogerán el silencio como arma, porque lo de ellos no son palabras sino acciones.

Los 2 próximos años estarán caracterizados por una grosera acriticidad; por una absurda actitud de condescendencia. No esperemos mucho de los nuevos representantes, que nadie en la universidad conoce y reconoce; con excepción de pocos estudiantes de diminuta convicción y exagerada hambre. Por esto es fundamental que desde la oposición crítica, seria y argumentada se lidere la deliberación permanente que cruce todos los estamentos universitarios, para concretar la máxima independencia de los órganos que han sido secuestrados por el vandalismo «no censurable», el de los que no usan molotov pero si se roban y malgastan los recursos de la universidad con ayuda de la lograda unanimidad que no permite la necesaria contradicción, y por lo tanto, el control que como herramienta de contrapeso tiene toda democracia, por más precaria que ésta sea.

La gratuidad en la matrícula es lo urgente. Y no únicamente porque la pandemia del Covid-19 haya lesionado aún más los bolsillos de las gentes más vulnerables, sino porque la concepción de la educación como mercancía (como un servicio en la Carta Política) debe superarse. Sí es posible, el esfuerzo presupuestal es mínimo; no tanto así la voluntad política que se necesita. Las reformas estatutarias pendientes deben continuarse, no porque un representante lo diga, esto es porque se hacen menester para que las máximas autoridades de la universidad no sean escogidas por las mayorías que secuestraron nuestra alma mater y que responden a los vándalos que se han tomado la ciudad de Barranquilla y el departamento. Y por supuesto, para devolverle a la institución su razón de ser: la investigación y proyección social.

La dignidad de las compañeras y compañeros de Bellas Artes debe seguir siendo una bandera del movimiento estudiantil que no puede negociarse en ningún sentido distinto al de garantizar por fin la satisfacción de sus necesidades.

Cabe mencionar que toda discusión debe ser abordada desde su verdadera dimensión. Quiere decir esto, que el movimiento estudiantil de la Universidad del Atlántico debe proyectarse hacia los debates nacionales, en favor de la reforma de la Ley 30 de 1992 y todo el cuerpo normativo que le rodea, en oposición a las políticas privatizadoras del nivel central y las mayorías del legislativo.

El Coliseo de nuestra alma mater será testigo el día martes de una avanzada del movimiento estudiantil que está llamada a superar las fricciones y las aplazables diferencias, en miras al rescate de la universidad pública más importante de la región.

El debate está abierto.

Universidad Del Atlántico: aportes para el análisis de coyuntura (i)

Universidad del Atlántico: aportes para el análisis de coyuntura (I)

Lo de hoy no me sorprende. Desde que el Consejo Superior reformó su reglamento para diseñarse un quórum a la medida de sus deseos, era evidente ese afán antidemocrático de querer adelantar unas elecciones que no demostraban ofrecer las garantías que debe tener un ejercicio democrático de ese tipo. Todo lo quieren imponer so pretexto de la gobernabilidad, y escudándose en motivos de falsa democracia.

Esa primera reforma que conduciría a la introducción del voto electrónico en el estatuto electoral, entonces sorprendía. Pero tiempo después, desde que se contrató la realización de los comicios virtuales con una empresa que no tenía la experiencia que certificó para ese tipo de servicios, ya el torcido estaba fraguado. Luego el comité electoral, en cabeza de Danilo Hernández, propuso un cronograma electoral exprés, para que los candidatos se tomaran su mejor foto y se inscribieran. Esas jornadas de debates se convirtieron en un circo. La tradición democrática de las elecciones estudiantiles ya había sido contenida con la virtualidad.  Cabe decir que esa estudiante que posa de representante de los estudiantes ante dicho comité también es responsable de lo que pasó, de la entrega total, de la unanimidad de un clan político en la universidad, pues su firma reposó en todas las actuaciones, y nunca expresó descontento alguno ni invitó a sus representados a conocer de su gestión.

Hasta ahí llegó mi capacidad de asombro; por vía judicial suspendieron el proceso, a pocos días de la votación, y sólo se resolvió la contienda días después, cuando el semestre académico había finalizado. No obstante, el comité electoral decidió desde hace varios días, a través de una resolución, reanudar el proceso electoral desde la fase en la que se encontraba en el momento de la suspensión: las votaciones. Y colocó como fecha de celebración de la democracia el día 7 de octubre. A la fecha son muy pocos los estudiantes activos, según la definición estatutaria del término: los estudiantes debidamente matriculados, financiera y académicamente en un programa universitario.

Hoy llegó el día, y nos encontramos en la mañana con la noticia de que una jueza había otorgado medida cautelar en el auto admisorio de una tutela, que ordenaba a la Udela suspender el proceso electoral, con el fin de que no ocurriese un perjuicio irremediable a partir de la posible vulneración de los derechos incoados por el accionante. A pesar de la orden judicial clara, ni el comité electoral ni ninguna otra autoridad de la Universidad del Atlántico se manifestó en razón de acatar la orden judicial, ni en el sentido de expresar a la comunidad estudiantil explicación alguna de lo acaecido.

Quienes sí estuvieron muy activos fueron los candidatos (y sus borregos) afines a la actual administración (cabe decir; cualquiera que sea, todas tienen que responderle a los Char), asegurando a sus votantes que debían ejercer su derecho al voto, que esa orden era falsa, que nunca existió, y que hasta que el comité electoral no se pronunciara, las elecciones continuaban.

Mientras tanto, los sectores que desde hace años vienen oponiéndose al secuestro con fines politiqueros de nuestra alma mater, llamaban al movimiento estudiantil a cerrar filas ante el inminente atropello y el desacato judicial.

Ninguno sabía que la misma jefe de despacho que horas antes había ordenado suspender el proceso, transcurrida la tarde iba a aceptar la acumulación de tutelas por medio de un auto en el que aprovechó para dejar sin efectos la medida comentada. ¿Qué cambió desde el momento en qué ordenó suspender las elecciones y cuando decidió dejar sin efectos su propia decisión? ¿Qué va a estudiar en la resolución de fondo de la tutela, si ya el daño está consumado?

La administración de la Universidad no se atemorizó en ningún momento con las consecuencias de su desacato; de antemano sabía que podía revertir la orden. Y así lo hizo saber a sus candidatos, que nunca dejaron de hacer campaña exhortando a los estudiantes a votar por ellos. ¿Qué candidato sensato al enterarse de una orden judicial de ese tipo iba a decirle a los electores que el proceso seguía? El cambio de criterio tan repentino y sospechoso de la juez provocó un enorme daño al proceso, en el sentido de inducir al error a quienes se habrían abstenido de ejercer el derecho al voto.

No me sorprende. Sí me indigna.

La discusión tendiente a recuperar nuestra alma mater del secuestro politiquero y mafioso está abierta.