70 mil millones perdidos: vandalismo con impunidad garantizada

Bibiana Rincón Luque, quien funge como actual secretaria de educación es simplemente la ficha que Karen Abudinen, pariente cercana de Christian Daes, puso al frente del millonario presupuesto de esa secretaría para poder seguir manejándola a control remoto tras su promoción a cargos del nivel nacional de manos del charismo-uribismo.

No hay un contrato ni ningún movimiento que se haga en la Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla que no cuente previamente con el aval o autorización de la Ministra de las TICs, Karen Abudinen Abuchaibe.

Por eso si Karen Abudinen renuncia al Ministerio de las TICs, probablemente desde la experiencia adquirida en Bogotá quizás le sea ofrecido el administrar el proyecto de los árboles del billón de pesos de Jaime Pumarejo o simplemente  aterrizará otra vez en la Secretaría de Educación de Barranquilla, entre vítores y aplausos de sus amigos rectores y docentes.

Y es que mientras fue secretaria de educación de Barranquilla, con base en un comportamiento más propio de una recreacionista que de una funcionaria pública, Abudinen logró ganarse a punta de abrazos, besos y selfies a muchos rectores, maestros y maestras, que hoy asombrados descubren, que ser simpático no necesariamente es sinónimo de ser honesto.

Sin lugar a equívocos, Karen podrá encontrar en Barranquilla la tranquilidad para hacer y deshacer a sus anchas que no pudo encontrar en Bogotá y tener la absoluta certeza que los medios de Barranquilla si callarán para no perder posibilidades de pautas con la Alcaldía, Energía Solar y Tecnoglass.

El escándalo en que está envuelta la ministra es de tal magnitud que la prensa del interior, con todo y sus afinidades ideológicas con el uribismo, no ha podido dejar de reseñar todo el entramado de corrupción, que, de tener vergüenza, ya debería haber llevado a la Ministra a dimitir de su cargo.

Y es que mientras el país padecía y lloraba los muertos ocasionados por el COVID-19, otros muy seguramente vieron en la conectividad de los niños de las zonas más apartadas y pobres de Colombia una oportunidad de negocios por 2 billones de pesos que podía dejar dividendos importantes para financiar campañas a congreso, presidencia, alcaldías y gobernaciones.

Y aunque con total desparpajo y desvergüenza lo niegue, todos los hilos de una forma u otra conducen hacia la Ministra como explicaremos a continuación:

En plena adjudicación de la licitación, en diciembre 2 de 2020, se descubrió que el abogado de uno de los proponentes (Unión Temporal SES INRED) era Camilo Ernesto Valencia Suescún, quien era simultáneamente asesor jurídico especializado contratado por el FONTIC y adscrito al despacho de la ministra Abudinen y con un contrato de asesoría con la Comisión de Regulación de las Comunicaciones.

El escándalo ante tal conflicto de intereses llevó a que el lunes 7 de diciembre la ministra se viera forzada a la suspensión del proceso de licitación pero solo por dos días, pues el miércoles 9 de diciembre el proceso de adjudicación se retomó como si nada hubiese pasado.

Entre los 10 consorcios o uniones temporales participantes, en las que tenían representación 25 empresas, una particularmente, por su falta absoluta de experiencia en el objeto de contratación, llamó la atención: la Unión Temporal Centros Poblados, la que además no acreditaba capacidad ni técnica ni financiera lo que poco importó a la Ministra Abudinen.

Del Consorcio Unión Temporal Centros Poblados hace parte, con un 35% de participación, la empresa Intec de la Costa SAS con domicilio en la ciudad de origen de la ministra (Barranquilla) y dedicada a la construcción de infraestructura vial y ferroviaria y a la fabricación de muebles, firma esta que en 2018 se vio envuelta en un caso de corrupción por un contrato para el mejoramiento de una vía en el departamento de Bolívar.

Finalmente y contra toda lógica y pronóstico el 50%, del contrato de 2.1 billones de pesos (1,07 billones) le fue adjudicado a la UT Centros Poblados, adjudicación que Abudinen respaldó ante medios afirmando que todo estaría bien y que los niños tendrían su conexión a internet.

De esta forma, Centros Poblados adquirió contractualmente la obligación de instalación de 7.277 centros digitales en la región B, integrada por los departamentos de Amazonas, Arauca, Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.

Frente a los notorios incumplimientos del cronograma acordado puesto de presente en que entre diciembre de 2020 y abril de 2021 solo se había ejecutado un 1% del contrato, se conoció que, a pesar del incumplimiento, a Centros Poblados se le había girado en febrero 10 de 2021 un anticipo del 7% del valor del contrato, es decir, unos 70.243 millones de pesos y se les había autorizado otro pago por 21 mil millones que el escándalo logró aguantar.

En pleno proceso administrativo sancionatorio por incumplimiento de lo pactado, una nueva situación anómala surgió cuando salió a relucir que las 3 pólizas o garantías bancarias (2020-1156-01002 – 2020-1156-01001 – 2020-1156-01003) que presentó la UT Centros Poblados para firmar el contrato y presuntamente adquiridas con el Banco Itau (por un valor de casi 146 mil millones) eran falsas,  situación que forzó al Ministerio a iniciar un proceso de caducidad del contrato 1043 de 2020 que concluyó en julio.

Curiosa y convenientemente ni el ministerio, ni la empresa especializada contratada por ese despacho (SES COLOMBIA) para revisar documentos y pólizas se percataron del gol que les estaba haciendo Centros Poblados con el propósito de garantizar su jugoso desembolso.

De los poco más de 70 mil millones girados al contratista incumplido, trascendió que a mediados del presente año un 82% (58 mil millones) fueron girados a una fiducia en Estados Unidos (Nouvo Security) mientras que el restante 18% (12 mil millones) fueron girados a la empresa INSELSA de Barranquilla.

Como corolario de la situación, quien representa jurídicamente los intereses de Centros Poblados es Jorge Pino Ricci, abogado de la Universidad Externado, especializado en derecho administrativo y conocido por su amistad con los primos Nule, tristemente famosos por escándalos de corrupción en Bogotá; por ser uno de ellos hermano de Katia Nule Marino, esposa de Alejandro Char, quien como alcalde los premió adjudicando a la empresa SIT Barranquilla el recaudo del hoy paralizado Sistema Integrado de Transporte Masivo de Barranquilla Transmetro, mientras la ciudad desenfrenada celebraba carnavales. Bitácora Soluciones Ltda., empresa del grupo Nule es uno de los socios de SIT Barranquilla.

Pero Pino Ricci, en defensa de Centros Poblados, señaló ante medios, que las pólizas las adquirieron de buena fe a través de un intermediario de nombre Jorge Alfonso Molina García-Mayorga, contratado por INTEC de la Costa, y representante legal de CM Construcciones.

Curiosamente, esta última persona tuvo como su abogado en 2017 a Felipe De Viveros Arciniegas, quien es, desde 2018, alto asesor jurídico de la Dirección de Infraestructura del MinTic y junto al ex viceministro de conectividad, Iván Mantilla, fue quien estructuró los pliegos de la licitación en la que se perdieron 70 mil millones.

Curioso, en un país tan, todos los caminos parecieran coincidir hacia el despacho de Karen Abudinen. Por aquello de “dime con quién andas y te diré quién eres”, los rectores y docentes de Barranquilla deberían escoger mejor a sus “amistades”.

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Petro otra vez tenía razón: No podía ser destituido por Procurador

En fallo fechado el pasado 8 de julio de 2020 y publicado en la tarde de este martes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH declaró por unanimidad al Estado Colombiano como responsable de la “violación del derecho contenido en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en sus apartados 1.1 y 2 en perjuicio del hoy senador y ex alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego.

Guerra a muerte contra los jóvenes: Genocidio generacional

Se escuchaba, incluso en la voz de reconocidos periodistas, que si Uribe iba preso se desataría una guerra en el país. Lo que nunca dijeron, ni nos imaginamos, es que sería una guerra selectiva, sucia, siniestra, en forma de masacres reeditadas y con un objetivo específico: los jóvenes. La franja o nicho poblacional que no cree y antes repudia el lenguaje y la política de la guerra, de la muerte, del exterminio, del odio, de la exclusión.

Julio 27 de 1870: A 150 años de un gran gesto de solidaridad

No siempre Colombia ha tenido la misma política exterior hacia repúblicas hermanas frente a la agresión de imperios. Lejos del ataque sistemático y la conspiración permanente y actual contra Venezuela, en la que Colombia actúa como el caín perfecto en función de los intereses coloniales de Estados Unidos, no siempre nuestro papel fue el de la indignidad y el servilismo.

Uribe renueve su discurso, no sea anacrónico

Quizás sea una manifestación temprana de demencia senil o simplemente se quedó rezagado en el tiempo. Lo cierto es que la última declaración de Uribe, pretendiendo asustar de nuevo a los colombianos con el tema del «castrochavismo» o de «agitación prechavista» es sencilla y lamentablemente vetusta y anacrónica.

¿Sanclemente fue en puertos y aeropuertos el nuevo “muchacho bendito”?

Para el capo máximo del Cartel de Medellín, en ese entonces, las licencias de operación de aeropuertos y aeronaves fueron significativas y un punto de lanzamiento al éxito de su negocio de exportación de cocaína. Por eso quizás, eufórico y entre wiskys, ponderaba la labor y se refería al nuevo director de Aerocivil de la época (que había sustituido al por ellos asesinado) como el «muchacho bendito».

Uribe: de nuevo en el ojo del huracán por cuenta de los hermanos Sanclemente

No fue un buen cumpleaños para Uribe. Con autoría de @JuanPoe y a través de @elinvestigad0r se publicó en la tarde de este sábado, en tuiter, una nueva investigación en la que se denuncian vínculos entre Adriana Sanclemente Alzate y los hermanos narcotraficantes Cifuentes Villa, del llamado «clan invisible».

Lecciones maestras de un patrullero de la policía

Ángel Zúñiga Valencia sin duda equivocó su profesión. De acuerdo a sus palabras, durante 10 años ha sido patrullero y vestido el uniforme de la Policía Nacional. Hoy, en una demostración de enorme y valiosa sensibilidad, de manera no fingida sino espontánea, hizo a más de uno recuperar la fe y la esperanza en que no todo está perdido para nuestro país y que se puede creer aún en que la bondad se sobreponga y triunfe sobre la maldad.

Docentes responden a Mineducación cuestionando Directiva 11

En una carta abierta dirigida a la Ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo González,  el Colectivo Magisterial ACCIÓN ÉTICA DOCENTE haciendo un juicio histórico de responsabilidades, respondió, a la pretensión del gobierno nacional de alternar clases virtuales y presenciales desde el 1 de agosto tal y como lo prevé la Directiva Ministerial 11 de mayo 29 de 2020.

En la misiva, que rápidamente se difundió a través de redes sociales, el grupo de educadores denunció que un número muy amplio y significativo de estudiantes ha quedado al margen del sistema educativo,  como resultado de no disponer de herramientas tecnológicas y de conectividad para afrontar el reto de la virtualidad,  lo que,  desde el sentir de los maestros y maestras,  sería uno de los motivos para adelantar apresuradamente y con graves riesgos el retorno de docentes y estudiantes a las aulas.

Compartimos a continuación el texto completo del enérgico pronunciamiento de los docentes,  quienes anuncian que no renunciarán,  como quozás se pretende forzarlos a hacerlo, y que en su lugar desarrollarán  acciones legales en la jurisdicción nacional y,  de ser necesario,  presentarán solicitud de medidas cautelares ante la CIDH en procura de salvaguardar sus vidas y la de los estudiantes ante el riesgo y amenaza que sobre ellos se cierne con la anunciada medida del gobierno.

CARTA ABIERTA A LA MINISTRA DE EDUCACIÓN

Doctora
MARIA VICTORIA ANGULO GONZÁLEZ
Ministra de Educación Nacional
E. S. D.

Atento saludo.

Con perplejidad hemos conocido y leído su última Directiva Ministerial, documento en el que se expresa la intencionalidad, por parte del gobierno, de un irresponsable retorno a las aulas cuando aún el mundo no ha hallado un tratamiento efectivo y, menos aún, una vacuna contra el COVID-19.

En razón de ello y con toda la sinceridad que nos es posible, nos permitimos decirle: No falte a la verdad señora Ministra de Educación. Sus verdades a medias son una forma de mentir lacerante, que ofende nuestra inteligencia y nuestra memoria. Su DIRECTIVA 11 DE MAYO 29 de 2020 tiene como propósito de fondo ocultar verdades; las verdades de nuestra educación y no aceptamos que para ello se esté pensando incluso, en arriesgar la salud, la integridad física y la vida de los maestros y maestras y la de nuestros estudiantes y padres de familia, como ocurriría, con un alto grado de probabilidad, con un eventual regreso a actividades presenciales a partir del primero de agosto de 2020, así estas sean alternadas.

Tal decisión es, a nuestro parecer, inadmisible e irresponsable. Encubre lo que la pandemia ha develado: la precariedad, y no por razones atribuibles a los maestros y maestras del país, de nuestro sistema educativo. Tenga Ud. el valor civil, para que no nos corresponda hacerlo a nosotros, de contar la verdad. De decir la verdad verdadera.

Hábleles a los colombianos sobre el altísimo número de estudiantes que con la virtualidad han quedado al margen de la posibilidad, de la oportunidad, de la garantía de disfrutar, de gozar efectivamente del derecho constitucional y fundamental a la educación, simplemente porque su pobreza extrema no las permite disponer de una tablet, de un celular, de un computador, de conectividad y mucho menos de una RED NACIONAL de RADIO y TELEVISIÓN EDUCATIVA. Cuénteles que su gobierno no sabe qué hacer con esos cientos de miles de niños, niñas y adolescentes que han entrado a engrosar lo que en el suroccidente del continente llamarían “el baile de los que sobran”.

Cuente que no son FECODE ni sus sindicatos filiales los responsables de esta suerte de auténtica catástrofe humanitaria de proporciones y consecuencias no dimensionables en el presente. Infórmele a los grandes medios de comunicación,
sobre todo a esos afectos al poder por la pauta, a quienes en los paros de los maestros exigiendo presupuesto se erigen en la primera línea del gobierno para intentar desprestigiar y deslegitimar la justeza de sus luchas (mediante matrices mediáticas como las de los “niños afectados por la indolencia de los maestros”) y que hoy miran convenientemente para otro lado, que justo ahora, podrían igualmente ser millones los afectados por una política de profundo desprecio por la educación y de depredación de los recursos de la educación, por parte de una clase política que durante décadas y siglos ha detentado el poder y nos ha convertido, vergonzosamente, en uno de los países más desiguales del mundo.

Cuente por favor la verdad. Cuente que si muchas escuelas no disponen de agua potable; de sistema para la disposición final de aguas servidas y de elementos de infraestructura sanitaria adecuados e indispensables para actividades tan simples pero esenciales y vitales como el recomendado “lavado de manos”, se debe a que se rompió con la voluntad del Constituyente del 91 de hacer del nuestro un ESTADO SOCIAL DE DERECHO, para en su lugar construir, hasta de facto, un ESTADO ANTISOCIAL DE HECHO, categoría que, para evitar sesgos y prevenciones, utilizamos como una especie de sinónimo para la expresión “MODELO NEOLIBERAL”.

No oculte y más bien ayude al recuerdo de quienes ya lo olvidaron, que julio ha sido un mes nefasto para la educación. Cuente, que a través del ACTO LEGISLATIVO 01 de julio 30 de 2001 el presidente de la época, ANDRÉS PASTRANA ARANGO, aliado del actual gobierno, y con la complicidad de JUAN MANUEL SANTOS como Ministro de Hacienda, decidió modificar “transitoriamente” los artículos 356 y 357 constitucionales, lo que constituyó un auténtico “raponazo” a los recursos del sector educativo, del sector de la salud y de la llamada participación de propósito general, uno de cuyos objetivos era, precisamente, el saneamiento básico. Diga que lo sustraído sirvió para solventar los aprietos de un sector financiero que hoy, ampliamente recuperado y con utilidades billonarias, sigue recibiendo la ayuda de los contribuyentes mientras demuestra su insolidaridad y su falta de empatía y reciprocidad con el país que, así haya sido a través de medidas antipopulares, les tendió la mano.

Diga, sin temores a ser considerada y removida por herética, que el indiscutido dirigente del CENTRO DEMOCRÁTICO, mentor de quien funge hoy como presidente y faro ideológico del gobierno del que Ud. hace parte, fue quien evitó que el ACTO LEGISLATIVO 01/01 cumpliera con el engañoso propósito de transitoriedad con el que fue aprobado y que fue precisamente él quien a través del ACTO LEGISLATIVO 04 de julio 11 de 2007, volvió permanente el recorte y despojo de los recursos suficientes para educación, salud y saneamiento básico de todos los municipios del país tal y como lo había provisto el Constituyente de 1991.
Exprese, si puede hacerlo con libertad, que el mayor factor de riesgo y obstáculo para el retorno a la presencialidad en las clases lo constituye el hacinamiento en las aulas que también promovió el Dr. ÁLVARO URIBE VÉLEZ a través de su Ministra de Educación de 2002 a 2010, señora CECILIA MARÍA VELEZ WHITE, quien igual que Ud. también fue Secretaria de Educación de Bogotá de las administraciones del PARTIDO VERDE tanto del tristemente célebre ENRIQUE PEÑALOSA como de ANTANAS MOCKUS (1998 y 2003).

Son URIBE y VÉLEZ los responsables directos y sin ambages del DECRETO 3020 de diciembre 10/02 que incrementó significativamente el número de estudiantes por docentes (relación técnica), con propósitos tecnocráticos de “eficiencia”, lo que incentivó la sobrecarga laboral de los maestros y maestras y problemas médicos asociados al sobre esfuerzo. Siendo coherentes, como se esperaría de un Ministro que piense como educador y no como economista, tal norma debería revocarse.

En idéntico sentido debería procederse con el DECRETO 1850 de agosto 13 de 2002, expedido solo 6 días después de posesionado URIBE y en el cual, dentro del famoso estribillo del “trabajar, trabajar y trabajar”, se incrementó también la carga laboral de los maestros y las maestras, a quienes el URIBISMO siempre ha perseguido y procurado hacerles el máximo daño posible.

Son sin duda tiempos dolorosos, que no olvidamos y necesarios de recordar. En los ocho (8) años de gobierno que van desde el 7 de agosto de 2002 hasta el 7 de agosto de 2010, mientras la inflación acumulada fue de un 43,67%, el salario docente se aumentó por debajo de ese valor (42,28%) lo que significó una pérdida relativa de poder adquisitivo de un 1,39%. Decimos relativa, porque en términos reales todos sabemos que la inflación que certifica el DANE es mentirosa, ya que a través de esta entidad el gobierno se constituye convenientemente en juez y parte.

Es el momento oportuno, consideramos, de llamar a las cosas por su nombre, sin eufemismos. Sin dobleces. Se contempla la posibilidad de retorno a las aulas, porque la vida de los docentes resulta intrascendente y poco valiosa para el gobierno. A través del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, en cuya estructura directiva tienen asiento tres ministerios (Educación, Trabajo y Hacienda) y a través de sus contratistas en salud a lo largo y ancho del país, el gobierno conoce nuestras edades, nuestra historia clínica y nuestras COMORBILIDADES. Sabe también que no hay memoria inmunológica, pero no les interesa no arriesgarnos. Tristemente resulta más rentable la renuncia o el contagio y muerte de maestros y la enfermedad y posible muerte y/o deserción de estudiantes que admitir culpas y responsabilidades históricas y emprender acciones de fondo para subsanarlas.
Perfectamente podría el gobierno, como lo ha hecho con el sector financiero, inyectar recursos billonarios a la educación para saldar deudas históricas y, por esa vía, proveer a los estudiantes de herramientas tecnológicas y de conectividad pero no le interesa. Sus intereses son otros, diametralmente opuestos a los del país nacional, como ha quedado suficientemente demostrado y corroborado.

Prefieren insistir con el discurso falaz de la “bioseguridad” y jugar con vidas con el tema de reapertura de escuelas. COREA DEL SUR, uno de los países que por organización y disciplina social mejor tratamiento en el mundo le ha dado al tema del COVID-19, hace apenas 3 días tuvo que cerrar de nuevo cientos de escuelas recién abiertas tras reaparición de nuevos brotes de COVID-19, como lo reseña un medio serio como BBC NEWS (www.bbc.com/mundo/amp/noticias-internacional-52848224).

En honor a la verdad, no pretenda insistir en vender la falsa noción de que estamos preparados para volver a las aulas y que es posible con “medidas de bioseguridad” controlar la propagación de un virus invisible y con un alto registro porcentual de personal asintomático padeciéndolo. El discurso de que con elementos de protección es posible garantizar condiciones para el retorno no es creíble. Ni siquiera contra un vector visible como el pediculus humanus capitis (ftirápteros) la escuela ha logrado ganar la batalla como para que ahora pretenda convencérsenos de que si va a ser posible detener la propagación del COVID-19.

Señora Ministra, no nos mienta, no engañe. Hable anteponiendo por encima de cualquier cálculo político la verdad. Invierta más bien en educación. Si su intencionalidad es que los maestros renunciemos, no lo vamos a hacer. Aún a sabiendas de la existencia de una justicia intimidada y acorralada por el gobierno vamos a accionar jurídicamente y agotar las instancias pertinentes ante la jurisdicción nacional para evitar que se pongan en riesgo las vidas de los integrantes de la comunidad educativa.

Si hay denegación de justicia, como seguramente ocurrirá por inexistencia de separación y respeto entre los poderes públicos, estamos dispuestos a solicitar garantías y medidas cautelares ante la CIDH y a efectuar la más amplia campaña de denuncia internacional por violación a nuestros derechos. No le quepa el más pequeño asomo de duda que contra la arbitrariedad y la amenaza actuaremos, siempre respetuosos del marco de derecho, y que no vamos a permitir que se coloque sobre nuestros hombros la responsabilidad de la vida de nadie, por un retorno a las aulas apresurado, improvisado e irresponsable, desarrollado bajo la lógica del ensayo-error o del “miremos a ver qué pasa”. Los MAESTROS somos merecedores de respeto y exigimos respeto. No somos fichas desechables del ajedrez de quienes ostentan el poder. Colombia aún no es una monarquía absoluta.

Colectivo Magisterial ACCIÓN ÉTICA DOCENTE

Colombia: ¿Cuál democracia? ¿Cuál soberanía? ¿Cuál independencia? Somos una vulgar colonia de TRUMP

1. 

Ha quedado al descubierto la farsa. Colombia no tiene una de las «democracias más sólidas del continente», expresión con la que con frecuencia se nos miente. En las democracias el soberano, el que erige a los poderes constituidos (a los elegidos) es el constituyente primario, el pueblo. En el pueblo, y en nadie más, reside la soberanía, dice el texto constitucional. La elección de administradores de lo público (de lo que es de todos) jamás, en una democracia verdadera, puede entenderse como la emisión de un cheque en blanco para que los gobernantes hagan lo que se les venga en gana sin rendirle cuentas a nadie o permitan que otros, desde el extranjero, lo hagan.

Con el envío de tropas estadounidenses a territorio colombiano, anunciada no por el “gobierno” colombiano sino por la embajada norteamericana, pasando por encima y pisoteando a quien para la foto funge como «presidente» y, además, la dignidad del Senado y del Consejo de Estado, que de acuerdo a los artículos 173 (numeral 4) y 237 (numeral 3) superiores, son quienes tienen la facultad de autorizar el tránsito (y más la permanencia, agregamos) de tropas extranjeras por el territorio patrio, ha quedado en evidencia que la independencia nacional fue una efímera ilusión y una mentira que nos repiten los textos de historia patria.

"Son atribuciones del Senado: (…) 4. Permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República".
Artículo 173, numeral 4, Constitución Política.

— José Gregorio Hdez G (@josegreghg) May 28, 2020

Se ha materializado el temor profético de Simón Bolívar al visionar a Estados Unidos como el país «destinado por la providencia para plagar a América de miserias en nombre de la libertad». El silencio del “gobernante” frente a semejante afrenta no es más que la comprobación de que es una útil marioneta con dos titiriteros que la manejan a su antojo: Trump, el dueño de la finca, y Uribe su fiel y servil capataz.

¿Cómo ocultar o negar a partir de ahora que somos tan solo una colonia más a la que ni siquiera se le reconoce como tal? Colombia ha sido violada frente a toda la comunidad internacional y nuestro “gobernante” y su partido de gobierno sonríen de la misma forma en que lo haría un proxeneta que explota miserablemente lo que no le pertenece, pero ni siquiera a cambio de dinero sino de no ser expuestos y juzgados por todo lo que se sabe sobre ellos.

"En los casos de tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional, de estación o tránsito de buques o aeronaves extranjeros de guerra, en aguas o en territorio o en espacio aéreo de la Nación, el gobierno debe oír previamente al Consejo de Estado". Art. 237-3 Const. Pol.

— José Gregorio Hdez G (@josegreghg) May 28, 2020

Nuestra triste realidad hoy, es que nos gobiernan dos dementes a través de cuerdas

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imperceptibles de ventrílocuo. Los identifica, eso sí, un mismo comportamiento criminal, psicópata. Se placen y extasían con la guerra, con la muerte y con el derramamiento de sangre ajena. Dogmáticos y fanáticos están dispuestos a todo con tal de destruir a quienes se opongan a sus dogmas, a sus designios, a sus «verdades» que ni siquiera alcanzan para ser consideradas como doxas.

Felices deben estar los que votaron y quienes revivieron con su abstención y su voto en blanco este proyecto totalitario, reaccionario y retardatario propio del oscurantismo y de la caverna, señalando, como justificación para ello, que resultaba lo mismo votar por un proyecto liberal y progresista, proclive a defender y desarrollar la Constitución de 1991, que hacerlo por un proyecto ultraconservador, ortodoxo y que no conoce, y antes más bien desprecia, la ética. Un proyecto político que si pudiera nos devolvería, siendo optimistas, a la Constitución de 1886 aunque su verdadero sueño hecho realidad seria retrotraernos al medioevo de los señores y los vasallos o, un poco antes, a la sociedad integrada por amos y esclavos.

Un antecedente: El Consejo de Estado, el 13 oct./09, con fundamento en el art. 237-3 C.P., emitió concepto previo desfavorable sobre Proyecto de Acuerdo Complementario de asistencia técnica en defensa y seguridad entre Colombia y Estados Unidos. Bases Militares.

— José Gregorio Hdez G (@josegreghg) May 28, 2020

No les importa el pueblo raso, el país nacional del que hablaba Jorge Eliecer Gaitán. No les interesa si entre las tropas norteamericanas hay positivos asintomáticos de COVID-19 y agravan nuestra ya delicada situación o si vienen y violan con su «inmunidad» cientos de niñas a su paso. No les importa si desde suelo colombiano se agrede a un pueblo hermano y si la respuesta de su gobierno nos involucra en una guerra innecesaria, inconveniente e impredecible. Sería extremadamente importante que un acto de humildad y contrición los que contribuyeran a elegir a este remedo de gobierno que cada vez convierten más al país en una republiquita, reconocieran con valor civil su letal error.

El ÚNICO gobierno que en plena pandemia se atreve a ingresar a su territorio 800 soldados provenientes del segundo país con más contagios y muertes por COVID-19 a nivel mundial, es el de @IvanDuque. Y el ÚNICO país con la cantidad de borregos suficiente para permitirlo. Bobombia.

— Soldado de Infantería (@SteveR97854829) May 28, 2020

Premonitoria o proféticamente Jaime Garzón situaba a Uribe como quien nos traería a los «redentores soldados norteamericanos». Hoy sus pronósticos geniales, como los de Simón Bolívar se cumplen. Estamos en mora de construir una verdadera independencia. Cuando Bolívar murió entró a gobernar una élite criolla igual o peor a la que el genio de América combatió. Aún nos gobiernan. La gesta de Bolívar fue traicionada.