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Afirma exmagistrado José Gregorio Hernández: Petro no propuso expropiación

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PRECISIONES SOBRE LA EXPROPIACIÓN.

Por: José Gregorio Hernández Galindo (Expresidente Corte Constitucional)

El candidato Gustavo Petro propuso la eventual  oferta de compra de tierras a una empresa,  y de inmediato dijeron sus críticos que estaba proponiendo la expropiación,  y que ello  equivalía a acabar con la propiedad privada, o, peor aún, a un anuncio de confiscación.

Con independencia del aspecto político y de si se está o no con esa candidatura,  en términos objetivos y desde un punto de vista estrictamente jurídico, hay que formular precisiones que eviten  la confusión. Una cosa es ofrecer comprar y otra muy distinta expropiar. Y otra diferente y muy distante, la confiscación,  que algunos entendieron en la propuesta de Petro.

Nada de extraño tiene la propuesta de compra de un bien. El propietario está en libertad de responder si vende o no. La vida diaria de todas las personas y el mundo de los negocios se mueven entre millones y millones de ofertas de compra y de venta de productos,  servicios, bienes muebles, bienes inmuebles, tierras, fincas, casas, apartamentos,  productos agrícolas, ganado, etc. En fin, de lo contrario no habría comercio,  ni negocios jurídicos,  y la economía se quedaría estancada y deprimida.

La figura de la expropiación, que tampoco es exótica en nuestro Derecho y que implica la prevalencia del  interés social y la utilidad pública (Arts. 1 y 58 C.P.), está prevista y reglada en la Carta Política, como corresponde a un Estado Social de Derecho, en el cual la propiedad  -aunque garantizada en Colombia- no es un derecho absoluto y desde 1936 se concibe como una función social, que implica obligaciones. Sin embargo, no es automática y tiene unos requisitos. No se deja librada al capricho del gobernante. Requiere: 1) Previsión, en la ley, de los motivos de interés social o de utilidad pública; 2) Un proceso y una sentencia judicial; 3) Indemnización previa para el propietario, la cual se fijará consultando los intereses de la comunidad y los del afectado.

Excepcionalmente, puede haber expropiación por vía administrativa, pero debe ser prevista por el legislador y contra ella cabe incoar acción contencioso administrativa. Y puede haber expropiación -también muy excepcional- en caso de guerra, temporal y sólo para destinar a ella los productos de la propiedad inmueble, sin previa indemnización. Ello, por la necesidad de atender situaciones apremiantes en el curso del conflicto bélico (Art. 59 C.P.).

Inclusive, la Reforma constitucional de 1936 preveía la expropiación sin indemnización por razones de equidad, que nunca se aplicó y que -en infortunada reforma- fue derogada por Acto Legislativo 1 de 1999.

La confiscación, en cambio, que significa el despojo del patrimonio a título de sanción penal, está expresa y absolutamente prohibida en nuestro sistema.

Así que fue mal entendido el candidato -quien no propuso nada fuera de lo normal-, y las críticas obedecieron a la falta de conocimiento de muchos sobre las distintas figuras consagradas en esta materia por la Constitución.

Llamo a la ciudadanía a respetar al expresidente Álvaro Uribe» Gustavo Petro

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Un saludo episodio en el que el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue objeto de ataques verbales por parte de estudiantes universitarios en Santa Marta que le cuestionaban por los falsos positivos y le gritaban asesino, motivó la reacción del candidato presidencial Gustavo Petro, quien pidió respeto para el expresidente.

Contrariando la idea que han querido vender de él sus contradictores, como un hombre polarizador y que incentiva los odios y los enfrentamientos, Petro Urrego hizo un llamado a los ciudadanos para respetar al expresidente.

En su trino el candidato de la Colombia Humana señaló que a pesar de las diferencias hay que reconocer en Uribe a un representante de una parte de la sociedad e hizo un llamado al entendimiento, a aprender a vivir juntos y a pensar en una nación donde todos quepamos a pesar de las diferencias.

El llamado es muy importante frente a la exacerbación de los ánimos y la polarización en el país y muestra a un Petro maduro, responsable y que es capaz de entender que la verdadera reconciliación entre los colombianos demanda grandeza para reconocer y no eliminar ni acorralar al contradictor y que precisará tras el esclarecimiento de la verdad que exista perdón y que cesen los odios

Ahí viene J.J. Rendón

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No sé quién será Mauricio Vargas, solo se que escribe en EL TIEMPO y que es marcadamente irresponsable. Lo demuestra con su columna «Ahí viene Petro», en donde luego de ponderar las bondades del candidato de la Colombia Humana, nos muestra que detrás de Vargas «viene J.J. Rendón», con su reputación espúrea haciendo lo que mejor sabe hacer el venezolano: calumniar, injuriar, destruir.

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Los que han estado cerca de la campaña de la Colombia Humana, saben que PETRO es un auténtico fenómeno de masas. No contrata buses, no regala camisetas, ni gorras, ni ron, ni mercados y mucho menos billetes. Convoca con lo que Vargas mismo señala, con un discurso fresco, anticorrupción y renovador, como en su momento lo hicieron Gaitán, Rojas Pinilla y Galán, sin que existiera (para buscar responsables) el Chavismo.

Sabiamente en las abuelas y en la sabiduría popular encontramos la frase «quién las hace se las imagina» y es quizás, aunque no me atrevo a aseverarlo, lo que le ocurre al columnista Mauricio.
Cree que todo el mundo recibe dineros de venezolanos para ser y actuar.

Sería pertinente que el señor Vargas más allá del «dicen», que suena marcadamente a chisme de plazas de mercado y de corrillos, demostrándonos su valor civil nos ilustrara sobre quienes son esos empresarios de la costa, con nombres y apellidos, «que se enriquecieron haciendo negocios multimillonarios con la Venezuela de Chávez y Maduro». ¿Serán los de Fedegan? ¿Estarán apoyando a Petro y por eso el lleno en Montería?

Se requiere ser marcadamente malintencionado, bien incentivado o estúpido para insistir en «que el modelo de sociedad que Petro ofrece es el socialismo del siglo XXI, que tan estruendosamente fracasó en Venezuela».

Lo que el candidato progresista ha remarcado en cada plaza pública a la que asiste, es sus diferencias sustanciales con el modelo extractivista y dependiente del Petróleo que se aplica en Venezuela, reiterando que su propuesta apunta a no depender de rentas con las que se destruye el medio ambiente y que se la juega por el fortalecimiento del sector agropecuario como requisito para desarrollar la industria y garantizar la soberanía alimentaria que hoy Venezuela por su modelo no ofrece.

Si Bateman, Pizarro y el M-19 del que proviene Petro, jamás se reivindicaron como marxistas, socialistas o comunistas, sino como nacionalistas y luchadores por la concreción de una auténtica democracia en el país, mal puede cualquier aparecido pretender engañar a incautos con el coco de Venezuela.

Se siente cada vez con más fuerza: Detrás de muchos columnistas que actúan como aúlicos viene J.J. Rendón

Razones por las que Petro no propuso expropiar sino comprar tierras a Ardila Lule

Periodistas
Hassan Nassar, Luis Carlos Vélez y Néstor Morales.

Perdieron la cabeza varios comunicadores sociales tras el discurso de Petro en plaza pública donde planteó la posibilidad de COMPRAR tierras de Ardila Lule dedicadas al cultivo de caña de azúcar en el valle del río Cauca, todo ello dentro del objetivo de diversificar cultivos y hacer algo de justicia con la población indígena y negra excluida del derecho a la propiedad sobre las que fueron ancestralmente sus tierras.

Y es que actuando más como jefes de prensa o abogados del empresario e incluso como apéndices de la estrategia mediática de desprestigio de J.J. Rendón, enseguida sacaron a relucir el verbo EXPROPIAR como generador de miedos, sin que ello correspondiera con lo dicho por el candidato presidencial, entre otras razones porque Petro se ha cansado de decir de manera pública, que elevará impuestos al latifundio improductivo como mecanismo para que las tierras se pongan a producir o se vendan (no ha usado el término expropiación sino venta y compra).

Tal verbo (EXPROPIAR), se ha satanizado recientemente, pero casi todas las constituciones políticas del mundo lo contemplan para dirimir conflictos entre el interés general y el particular cuando este último no cede al primero y se constituye en un palo en la rueda en algo que denominan los abogados «razones de utilidad pública» o prevalencia del «interés social’ sobre el individual.

El artículo 58 de nuestra Carta Magna, esa en cuya redacción fuera pieza fundamental el M-19 (tras su desmovilización) lo contempla y desde 1991 muchos de nuestros gobernantes lo han usado cuando cómo por ejemplo el propietario de una casa se opone a vender y frena así la posibilidad de ampliar una vía o construir un puente.

La expropiación existe y justamente en el artículo donde se garantiza la propiedad privada a la que atribuye, entre otras, una función ecológica y (para tranquilidad de los que ven en medio de su disociación psicótica a «dictadores comunistas» en todas partes) solo procede por sentencia judicial y mediante indemnización previa. En otras palabras no es un presidente quién la determina a capricho.

COMPRAR no es EXPROPIAR deberían enseñar, y creo que lo hacen, en las facultades de comunicación social.

Lo de Petro lejos de criticarse, más visceral que racionalmente, debería ponderarse. Soluciona o es una válvula de escape a un conflicto social que lleva décadas y que arrancó con el despojo de las tierras en la colonia a sus dueños iniciales (indígenas y negros).

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Ayuda a solucionar además, varios  problemas de naturaleza ambiental: el del daño que ocasiona al suelo fértil el monocultivo y el del agotamiento de acuíferos subterráneos irremplazables con los que se irrigan los sembradíos.

Soluciona, adicionalmente, un problema de irracionalidad: La caña y la ganadería que se implementan en el Valle deberían trasladarse a la zona de los Llanos Orientales y redireccionar el uso de las tierras muy aptas del occidente del país, hacia otro tipo de cultivos como el de frutas, hortalizas y legumbres, que garantizan la llamada «soberanía alimentaria» que evita problemas futuros de desabastecimiento.

Adicionalmente, la zona de ladera debería usarse para bosques naturales que contribuyan a frenar la deforestación y, con ello, que el agua no se agote en la zona

Pero más allá de todo lo expuesto, el problema es también que la tecnificación de los cañaduzales no emplea ya la mano de obra que antes utilizaba. De 28.000 corteros en 2005 se ha pasado a un número insignificante solo 13 años después (2018).

Sumado a lo anterior está el hecho que a mediano plazo la caña dejará de ser el negocio rentable que es para la producción de azúcar y de etanol carburante frente a las ventajas competitivas de nuestro vecino Brasil que no tiene nuestros costos de irrigación en su producción.

Mantener tantas hectáreas  de tierras fértiles amarradas a un monocultivo que no será tan rentable a futuro, como lo es ahora, no es racional ni lógico. Para que nos formemos una idea, 220.000 hectáreas son el equivalente a 2.200.000.000 metros cuadrados de tierra en los que cabrían 34 millones de casas de 64 metros cuadrados. Esa cantidad de tierra dedicada al aguacate produciría más de 88.000 puestos de trabajo (1 puesto por cada 2,5 hectáreas) que hoy no se producen.

En entrevista que reprodujo EL TIEMPO en abril 14 de 2015, Douglas Laing,  ingeniero agrónomo australiano y PHd en Climatología Agrícola y Fisiología de Cultivos de la Universidad Estatal de Iowa (USA) había advertido que era necesario avanzar hacia la sustitución de la caña en el valle del río Cauca como una medida urgente y de alta racionalidad económica y ecológica.

¿Quién tiene la razón sobre generación de empleo: Uribe y Duque o Petro, Piketty y Hanauer?

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Piketty, Petro y Hanouer.

Para controvertir la tesis de Iván Duque que insiste en que solo puede generarse empleo a partir de la reducción de impuestos al empresariado (no a los pobres), Gustavo Petro cita constantemente en los debates y en las plazas públicas al economista francés Tomás Piketty.

Estadísticamente, este último ha documentado y probado que no hay una relación entre disminución de impuestos a los empresarios y generación de empleo y que sí la hay entre este tipo de políticas y el crecimiento de la desigualdad social.

No obstante, Duque insiste en su error, que es el mismo de su mentor político, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quién ya en aplicación de la misma fórmula equivocada, le dio a los trabajadores dos regalos decembrinos inolvidables.

Se trata de la ley 50 de diciembre 28 de 1990, de la que fue ponente en el senado y la ley 789 de diciembre 27 de 2002 (que impulsó como presidente), normas ambas que se expidieron para «quitar pesadas cargas» a los empresarios y «generar empleo», lo cual jamás ocurrió. Ambas normas deberían ser derogadas al no haber cumplido los propósitos por los que surgieron a la vida jurídica.

Pero como desde las huestes uribistas puede llegarse al exabrupto de descalificar (no argumentar que es diferente) a Piketty, tildándolo de «resentido social», mamerto» o «castrochavista», hay que (para desilusión de los mismos) mostrar que hay otros referentes para este planteamiento.

Nick Hanauer no es venezolano ni cubano. No es pobre y mucho menos socialista o comunista. De hecho, es norteamericano, capitalista y multimillonario (fundador de Amazon) y sostiene las mismas tesis de Petro y de Piketty.

Ha argumentado contrario a Duque y Uribe que «si las tasas impositivas más bajas para los ricos realmente funcionaran, nos ahogaríamos en empleos, y sin embargo el desempleo y el subempleo están en niveles récord».

Pero Hanauer va mucho más allá en su herejía. Desmonta, siendo empresario y uno de los hombres más prósperos del mundo, el mito de que quienes crean empleos son los ricos.

Al respecto afirma que «las empresas y los ricos no crean empleos. Los empleos se crean mediante un ciclo… entre los clientes y las empresas que se pone en marcha cuando los consumidores aumentan su demanda».

Hanauer va mucho más allá y coincide con Petro y hasta con algunos planteamientos de Maurice Armitage (empresario y actual alcalde de Cali), al dar a entender que cuando se le quitan impuestos a los ricos, se le imponen a la clase media y a los pobres. El hilo se revienta por lo más débil.

Así sucedió recientemente en la última reforma tributaria aprobada por el congreso en donde se perdonó a los azucareros y a Ardila Lule de los impuestos a las bebidas azucaradas y a cambio se subieron 3 puntos al IVA del resto de la población, llevándola del 16 al 19 por ciento.

Solo una sociedad que remunera bien el trabajo puede hacer que crezca la demanda, el mercado interno, la producción y producir riqueza. Uribe no es quien tiene hoy la autoridad moral para proponer «en cuerpo ajeno» aumentos salariales.

Las estadísticas, esas que no les gustan, indican que en sus 8 años de reinado, el salario solo creció un ínfimo 9,07 por encima del IPC, es decir, míseros incrementos salariales que en promedio no superan un 1,13% por año.

Gobierno Uribe*
INCR       INF        DIF
7,44%    6,99%    0,45
7,83%    6,49%    1,34
6,50%    5,50%    1,00
6,94%    4,85%    2,09
6,32%    4,48%    1,84
6,40%    5,69%    0,71
7,67%    7,67%    0,00
3,64%    2,00%    1,64

Petro ganó de lejos el debate económico organizado por Camcomercio Bogotá

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No varía sus propuestas a conveniencia o populistamente. Es coherente y consecuente con su discurso y demostró ante expertos en la materia, como los que se congregaron en la Cámara de Comercio de Bogotá, una gran solvencia y preparación académica.

En los introitos que a los dos temas hizo Mauricio Reina, a nombre de Fedesarrollo, quedó en claro que los estudios de la entidad coinciden con Petro en aspectos tales como la necesidad de buscar alternativas que rompan la dependencia de nuestra economía del sector minero energético (1), que «como vamos no vamos bien» (2); que bajar impuestos a los empresarios genera preocupaciones entre los economistas y el Banco de la República (3) por el colapso fiscal que ello podría originar, y que frente al tema pensional ya hay coincidencias en cuanto a reemplazar el actual sistema por uno de pilares (4)

Frente al primero de los temas tocados, el del crecimiento económico, Petro sostuvo entre otras las siguientes ideas:

«…El problema de Colombia en estos momentos es que se… agotó el modelo petrolero… Hoy es un modelo agónico (1). Hay que «transitar… hacia un modelo productivo y no extractivista» (2). «En Colombia funciona la enfermedad holandesa, es decir, entre más exportamos petróleo y carbón más se revalua la moneda, más destruimos la agricultura e industria» (3). Protegimos un sector con 300 mil puestos de trabajo, (el carbón y el petroleo) y destruimos progresivamente la agricultura y la industria que produce 11 millones de puestos de trabajo y otros 10 millones en la informalidad…» (4). Si «crece la agricultura y la industria… tendríamos… un motor de crecimiento del PIB tanto en dólares como en puestos de trabajo y sobre todo en lo último…»

Intervención del Estado frente a las leyes del mercado y la iniciativa privada

Frente a esta pregunta de Mauricio Reina, Petro contestó: «Se necesita estado y mercado. La idea de que solo mercado (neoliberalismo) fracasó en el mundo en el año 2008 y la idea de que solo estado (estatismo) fracasó en el mundo en el año 1993…» (1) «Estado allí donde falle el mercado…. en el crédito… en el medio ambiente y el cambio climático… (en) un factor productivo esencial el saber, el cerebro… (y) en la tierra. Tenemos un sistema feudal de la tierra… no se puede industrializar un país sino se moderniza su tierra y la modernización de la tierra implica un cambio del régimen del uso de la tierra en Colombia, que es absurdamente ineficiente e irracional:10 millones de (hectáreas de) tierras fértiles que podrían producir 2 millones de puestos de trabajo no se usan ni para sembrar una mata de maiz…»

Sostenibilidad fiscal

En la misma línea de Fedesarrollo y del francés Tomás Pikketty, Petro respondió: «…no estoy de acuerdo en bajarle los impuestos al gran capital. Estoy es de acuerdo con quitarle las exenciones para acabar la elusion y eso significa 8 billones de pesos… Pikketty demostró que al bajar impuestos no se genera empleo sino que se genera mayor desigualdad social…»

«… Ud. coincide conmigo… en que las tasas de tributación del gran capital no son altas… (son) las más bajas en Amética Latina y, segundo, coincide conmigo en que la proyección es en que si se bajan impuestos vamos hacia un colapso fiscal; colapsa el estado. Es populista afirmar lo contrario… lo que yo propongo… es quitar las exenciones que la ley creó sobre todo en la época de Álvaro Uribe Vélez… una enorme maquinaria de subsidios de recursos públicos hacia las clases más pudientes de Colombia (AIS por ejemplo) en contra de las menos pudientes… cada vez que se hace ese subsidio lo que se destruye es la clase media…»

«No vamos a subir… tasas, vamos a quitar las exenciones. Las exenciones están ligadas a la elusion…o evasión de impuestos… Los gravámenes tienen que caer sobre las rentas no productivas, por ejemplo la tierra fértil no productiva. La renta presuntiva es un elemento esencial para modernizar la tierra. Por ejemplo, los dividendos cuando de la empresa salen al propietario. Por ejemplo los aranceles a importaciones… Por ejemplo la remesa de utilidades hacia el extranjero…»

Reforma pensional

«Lo que me propongo es una reforma pensional que Uds ya coinciden en el régimen de pilares. Fui el primero en proponerlo aquí como candidato presidencial. Pero (uds) establecen que el primer pilar de reparto simple, Colpensiones, solo tendría hasta 1 salario mínimo. Eso no sirve… Es hasta 4 salarios mínimos… porque nos garantiza… poderle pagar a 2 millones de personas en edad de pensión 6 billones de pesos a través de una renta pensional que sea superior a la línea de la pobreza…»

Sin lugar a dudas la propuesta más estructurada, seria y consistente con la situación actual del país y con la crisis de los precios internacionales del Petróleo es la que está formulando Gustavo Petro y así quedó hoy demostrado.

Petro propone devolverle a los trabajadores lo que Uribe les quitó

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En su discurso en Zipaquirá el pasado domingo 22 de abril, Gustavo Petro se atrevió a ponerle el cascabel al gato. Allí abordó un tema tabú o vedado en el ámbito de la política colombiana: El de la devolución de los derechos que empezaron a arrebatársele a los trabajadores desde inicios de la década del 90.

Es una cuestión de simple y elemental justicia. No es comunismo ni socialismo como seguramente empezará a vociferar más de uno. De hecho, las garantías, derechos y prerrogativas de las que gozaban los trabajadores hasta inicios de la última década del siglo pasado, eran en buena parte expresión del auténtico pensamiento liberal, mientras que la contrarreforma que se aplicó a la misma es un claro producto del pensamiento neoliberal.

Uno no entendería entonces que los trabajadores, que tanto se quejan de sus cada vez más precarias condiciones laborales, no respalden a quién ha asumido pública y valientemente el compromiso de terminar con los contratos de 3 meses; con la intermediación laboral (tercerización) y con quién, además, ha vuelto a colocar en el centro de la discusión pública el cancelar horas extras desde las 6:00 PM y reconocer un mejor pago por laborar en dominicales y festivos.

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Es necesaria la expedición de un nuevo Estatuto del Trabajo que garantice condiciones de dignidad y decencia en las relaciones laborales al sector más débil: el de los trabajadores. Es impostergable en ese campo la mediación de un estado garantista.

Se requiere urgentemente un Estatuto que impida, que con fundamento en la inestabilidad en el empleo, se extorsione laboral, política y hasta sexualmente a quienes devengan su sustento y el de sus familias de la posibilidad de trabajar.

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La Ley 50 de 1990 de la que Uribe fue ponente en el congreso se expidió bajo la excusa de que otorgándole beneficios a los empleadores y ahorrándoles costos, en detrimento de los trabajadores, se generarían nuevos empleos, lo cual nunca ocurrió.

Por el contrario, al modificar el artículo 6 del Decreto 2351 de 1965, la ley 50 permitió o facilitó los despidos masivos y el fin de: los contratos a término indefinido (1); de la estabilidad en el empleo (2); del derecho de reintegro por despido sin justa causa (3); del reconocimiento de salarios dejados de recibir y/o pago de indemnización por despido sin justa causa (4) y de la retroactividad en el pago de cesantías (5), entre otras.

De todo ello surgió la desregularización en las relaciones laborales y el inicio de la explotación de los trabajadores por un tercero (tercerización) bajo la figura inicial de bolsas de empleo ( Decreto 468 de febrero 23 de 1990) o de “cooperativas” de trabajo asociado, fortalecidas después por el Decreto 4588 de Diciembre 27 de 2006

En hora buena un candidato presidencial propone derogar también la Ley 789 de 2002 que puso fin al pago de recargos nocturnos por laborar después de las 6 PM; a la remuneración especial por laborar en domingos y festivos y que redujo las tablas para pago de indemnización por despidos injustos, acrecentando la inequidad social.

El balón está en el terreno de los trabajadores. Ellos deciden si le dan un voto más de confianza a quienes han actuado históricamente contra sus intereses o a quienes proponen restituirlos y salvaguardarlos.

 

Militares y policías: quién de verdad los afecta desde la política

La biblia en lo que pareciera describir a los colombianos alienados por los «miedos» de conspiración, señala en Isaías 5:20 que hay quienes «a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo…». Eso sintetiza de alguna forma también la inversión de valores en nuestra sociedad.

En esa dinámica y «lógica» absurda, es un escándalo y una afrenta condenable que un candidato presidencial diga que ningún policía y/o militar debe estar excluido de la posibilidad de acceder a la educación superior y que debe tener opciones de hacer cosas diferentes a enrolarse, si así lo quiere.

Contrario a ello, es «bien vista» por ejemplo, la discriminación que impide que un joven de escasos recursos pueda aspirar a ser un oficial de nuestras fuerzas militares o de policía o, peor aún, esa especie de sistema de organización por castas, que impide la movilidad al interior de las fuerzas, esto es, que los suboficiales puedan aspirar a la oficialidad a partir de experiencia, tiempo de servicio y estudios.

A esto es a lo que la oficialidad en retiro en verdad le teme: A que la extensión de la oportunidad en el estudio a todos los miembros de la fuerza pública, sin excepciones, sea el preludio de una democratización que permita esa preparación que posibilite que cualquier miembro pueda aspirar a ascender hasta general de 3 soles, sin que para ello represente obstáculo su condición económica. Le temen a la democracia y a perder privilegios que se soportan sobre exclusiones.

Paradójicamente dentro de esta espiral de cosas sin sentido, se reprueba que policías y militares puedan servir a la patria con las armas pero también con los libros; al tiempo que se aprueba frenéticamente que nuestros jóvenes en lugar de ir a las aulas vayan al campo de batalla a acabar con sueños de otros jóvenes que poco se diferencian de ellos; a retornar a las salas de sus casas en un ataúd cubierto por la bandera de Colombia o, peor aún, a regresar mutilados y con graves secuelas físicas o psicológicas al seno de sus familias.

Se condena y muestra como enemigo de los militares a quien en el Sumapaz dignificó las condiciones de existencia de soldados surgidos de sectores pobres de la geografía nacional (Petro), pero se muestra como «salvador» y «redentor» de los mismos muchachos a quien por razones fiscales les quitó a los soldados profesionales, a través del Decreto 3770 de 2009, el subsidio que les había otorgado el artículo 11 del decreto 1794 de 2000 (Uribe)

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En buena hora, una alta corte de justicia, una de esas que el uribismo-duquismo pretenden acabar por incómodas, les restituye a nuestros héroes de la patria, a través de demanda, lo que el mesiánico presidente les había arrebatado (Sentencia 00065 de junio 8 de 2017, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B)

J.J. Rendón, o más bien J.J. el HAMPÓN, lo había anticipado: Haría todo lo posible, aún gratuitamente, para destruir con su especialidad, es decir, con la mentira, a Gustavo Petro.

En su propósito, el ciudadano venezolano de marras siempre ha contado con los «miedos» de comunicacion, que colocan la cuota inicial de la mentira, para que el ejército de fanáticos de las redes las diseminen sin ninguna vergüenza y pudor y, obvio, sin ningún análisis.