Quién lo creyera, los más fundados temores de los educadores del país agremiados a Fecode se están volviendo ciertos. Lo que faltaba para la destrucción de la más grande organización sindical del país, comienza a concretarse tras una bien organizada y agresiva campaña comunicativa que durante años se gestó para erosionar su imagen institucional ante la opinión pública como necesaria fase preparatoria del terreno para asestarle una estocada final o definitiva.
El expresidente y hoy tesorero de FECODE y candidato al senado de la república por Fuerza Ciudadana, Carlos Enrique Rivas Segura, rompió el silencio de los educadores oficiales sindicalizados y luego de la elección presidencial de Gustavo Petro Urrego, el pasado 19 de junio se expresó, como es su característica, sin rodeos y “sin pelos en la lengua”.
Sobre las 3:48 de la, tarde del día viernes 25 de marzo, a través de su cuenta de twitter, Gustavo Petro presentó a la ciudadanía su programa de gobierno inscrito, sobre el que expresó podía, discutirse y estaba abierto al aporte de todos
El odio y la estigmatización del magisterio oficial y de su organización sindical por parte del uribismo tiene una clara razón de ser: la férrea y efectiva oposición que a los propósitos neoliberales han hecho los maestros desde 2002 y que ha logrado durante más de 20 años frenar y truncar la intencionalidad de este sector político de privatizar la educación y convertirla en un rentable negocio al servicio de intereses particulares.
En ese sentido se entendería que sectores políticos como los que integran el Pacto Histórico y que enarbolan entre sus banderas la defensa de lo público y por tanto la lucha frontal contra el neoliberalismo deberían reconocer, enaltecer y valorar tal logro de las maestras y maestros del país, cuya lucha constituye un valioso ejemplo victorioso contra políticas que se ejecutan en Colombia pero que, en abierta violación de nuestra soberanía, se trazan desde organismos internacionales.
Conscientes de ello, los maestros y maestras del país mayoritariamente apoyaron a Gustavo Petro en 2018 y en 2022 no ven que les quede opción presidencial distinta pues tanto en los candidatos de derecha y del mal llamado centro no avizoran nada diferente a la continuidad de los intentos por afectarles sus derechos y atacar y estigmatizar la educación pública sin reparar en lo que para esta se requiere.
Los maestros están con Petro y el Pacto Histórico pero los hechos parecieran indicar que Petro y el Pacto Histórico no tienen el mismo nivel de compromiso y la misma voluntad política que de ellos esperarían los educadores. En lo que respecta a educación, el discurso de Petro y del Pacto Histórico gira y se circunscribe a uno solo de los componentes de la educación: el nivel superior y/o el derecho de acceso a la educación universitaria.
Así quedo evidenciado en una alocución llena de las mismas generalidades cuando fue invitado especial a la asamblea general de la organización sindical ADIDA en Medellín. Cero compromisos frente al magisterio en torno al tan necesaria y urgente reivindicación y fortalecimiento de la atacada educación pública y de educadores al servicio del estado víctimas de estigmatización, amenazas, desplazamiento y hasta asesinatos.
Pero la ausencia de niveles mínimos de empatía hacia los y las educadoras no solo se pone de manifiesto con lo acontecido en ADIDA. El 15 de marzo de 2021 y luego de anunciarlo en un encuentro realizado con organizaciones sindicales 10 días antes a través de transmisión efectuada por Colombia Humana, Petro dejó plantados a miembros del Comité Ejecutivo de Fecode en momentos en los que al interior de esa organización 8 de los 15 ejecutivos habían decidido hacer público su apoyo al candidato. La reunión coordinada por Aldo Cadena quedó en reprogramarse, lo cual nunca ocurrió.
Con posterioridad a tal desplante y luego de filtrarse el tratamiento que se otorgaría en la lista cerrada del Pacto Histórico a representantes del gremio de maestros, en el que el educador mejor posicionado finalmente fue Domingo Ayala (puesto 29) y se excluyó a otras personalidades como Rafael Cuello, el carismático expresidente de Fecode, Carlos Rivas, se vio forzado a buscar oportunidades al senado en la lista abierta de Fuerza Ciudadana donde ocupa el puesto 17. Otro expresidente de Fecode, Nelson Alarcón, busca su oportunidad en la Alianza Verde (18).
Otros sectores magisteriales con representación sindical que también hicieron pública su «decisión de apostarle al Pacto Histórico» obtuvieron solo silencio por respuesta
Pero aparte de lo ya expuesto, en el documento EL CAMBIO VIENE, publicado en diciembre de 2021 y redactado por la Comisión Programática del Pacto Histórico, solo hay 14 referencias a la palabra «educación» y en lo que respecta al «Pacto por la Educación» se leen las siguientes generalidades como propuesta para el magisterio (páginas 13 y 14):
«Tenemos el convencimiento de que el Pacto por la Educación es el más urgente y ambicioso, porque la construcción de una sociedad democrática que avance hacia una era de paz pasa por acabar con el conjunto de brechas que impiden el acceso de todos los colombianos y las colombianas al sistema educativo en todos sus niveles.
El Pacto Histórico impulsará un acto legislativo y una ley estatutaria de la educación que conformen el sistema nacional de educación en Colombia que garantice la infraestructura, la pertinencia y la financiación requerida, incluido el pago de las deudas del gobierno central con las universidades públicas, para alcanzar en el corto y mediano plazo las metas de la cobertura universal con calidad y la gratuidad en todos los niveles (preescolar, básica, media, terciaria, superior e inclusive la investigación científica) con modelos pedagógicos orientados al pensamiento crítico y la innovación, pero también al estímulo de las carreras humanísticas y las ciencias sociales como la sociología, trabajo social, antropología y filosofía, tan necesarias para forjar identidad y cultura y educar para sostener el cambio.
Será dignificada la labor de los y las docentes a partir del reconocimiento de sus justos derechos… «.
Tal declaración dista significativamente de lo que educadores articulados en el movimiento MAESTROS presentaron públicamente como la propuesta de PACTO POR LA EDUCACIÓN tres meses antes (Septiembre de 2021) de hacerse público el documento» EL CAMBIO VIENE». Este detallado documento con origen en educadores de base también ha tenido por respuesta el silencio de los candidatos presidenciales y de los candidatos a senado y cámara del Pacto Histórico.
Seguramente nada variará la decisión adoptada por los educadores en torno al respaldo a Gustavo Petro. Lo cierto, es que lo mínimo que merecen las maestras y maestros y cualquier ciudadano es ser escuchados, atendidos, valorados y respetados. Es una simple cuestión de reciprocidad del país político hacia el país nacional.
El cambio de fondo que requiere Colombia necesariamente pasa por el fortalecimiento de una educación pública cuyo abandono por parte del estado quedó evidenciado con la irrupción de la pandemia del COVID-19. En ese propósito debería abrirse un diálogo inmediato con todos los actores del proceso educativo, incluidos estudiantes y sus organizaciones.
Una durísima respuesta pública motivó la columna del jefe del partido Cambio Radical, GERMÁN VARGAS LLERAS luego de que a través del Diario EL TIEMPO de este domingo 8 de agosto arremetiera contra FECODE y los educadores a través de una columna que tituló: «Recuperar la Educación Pública».
Transcribimos la respuesta tomada del muro de Facebook de su autor, el educador ALBERTO ORTIZ SALDARRIAGA
Doctor
GERMÁN VARGAS LLERAS
Político y candidato presidencial de oficio
Respetado señor.
Pregunta usted desde su columna del diario capitalino EL TIEMPO de este domingo 8 de agosto ¿Qué razones poderosas mueven a FECODE para oponerse a la presencialidad? cuestionamiento que como un simple educador de base, y no como vocero o representante de FECODE o de alguna de sus filiales, quisiera entrar a responderle de manera pública. De antemano presento excusas si me excedo en la extensión de la respuesta, pero lo considero pertinente y necesario.
Sea lo primero entonces aclararle: los docentes no nos oponemos a la presencialidad como usted de manera simplista e imagino que malintencionada lo afirma. Nos oponemos, eso sí, a un retorno a instituciones cuya infraestructura no ofrece condiciones mínimas de bioseguridad y que por obvias razones no otorgan garantías para la vida y la salud a docentes, estudiantes y padres de familia.
La razón poderosa detrás de una oposición razonada es entonces nada más y nada menos que de rango constitucional y fundamental. Y es que juramos, al momento de tomar posesión formal de nuestros cargos, acatar y cumplir una constitución que establece el derecho a la vida como valor fundante de nuestro maltrecho (por ustedes, los políticos de profesión) estado social de derecho.
Aunque usted, intencionadamente lo olvide, el artículo 4 Superior señala que la constitución es norma de normas y que en todo caso de incompatibilidad entre esta y normas de rango inferior (como la Resolución 777 y la Directiva Ministerial 05) debe aplicarse prevalentemente la norma superior. Adicionalmente en su artículo 6, nuestra carta de navegación señala que los servidores públicos «son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes… y por omisión… en el ejercicio de sus funciones».
De una vez me permito aclararle, que de «omisión… en el ejercicio de… funciones» públicas no puede, como sería su deseo, sindicársenos pues a pesar del gobierno y de sectores políticos oportunistas como el suyo, que siempre han degustado y pelechado de las mieles del poder, hemos seguido trabajando virtualmente hasta donde las herramientas, infraestructura y conectividad que el gobierno debería garantizar -y no de ahora- lo han permitido.
Pero antes de recordarle responsabilidades, si de buscar culpables se trata, permítame como docente y no como abogado (que no lo soy) seguirlo ilustrando sobre las normas de índole, supralegal en las que se fundamenta nuestro disenso frente a preceptivas de rango inferior que amenazan la vida y que su partido avala y aplaude.
El artículo 49 constitucional, por ejemplo, coloca como deber de todas las personas, y los docentes lo somos aunque a usted desde su arribismo, elitismo y clasismo le genere incomodidad reconocerlo, «el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad», lo que haya perfecta concordancia con lo dispuesto por el numeral 2 del artículo 95 de la misma norma al fijarnos como obligación a los ciudadanos responder con «acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas».
Pero como quiera que usted podría alegar un conflicto entre los derechos a la salud y la vida y el derecho fundamental a la educación presencial, (del que no habla la Carta Política del 91 en su artículo 67), debo advertirle que tal situación la dirimió el propio constituyente del 91 al establecer en el artículo 44 Superior una categorización en la que figuran como derechos fundamentales de nuestros niños en su orden: la vida (1), la integridad física (2), la salud y la seguridad social (3) y, apenas en un octavo escalón, la educación y la cultura.
Aclarado lo anterior, debo expresarle que lo que sin duda si resulta «inaceptable» y una auténtica “desfachatez” es que sean precisamente personas como usted, que ostentó la condición de senador desde el 20 julio de 1994 hasta junio de 2008, de ministro de despacho, de vicepresidente y líder indiscutido de un partido que ha hecho parte de mayorías con peso político y capacidad de decisión, no sea quien empiece primero, y como correspondería, haciendo un mea culpa por omisiones que explican que la infraestructura escolar y hospitalaria, desnudadas por la pandemia, sean lo que lamentablemente son, cuando ni los docentes ni FECODE son quienes han gobernado y legislado en Colombia.
Es muy fácil desde la comodidad, desde los privilegios y desde imaginar que todos los colegios del país tienen una infraestructura similar a la de los países del primer mundo o a la de colegios tipo Nueva Granada o Los Nogales de Bogotá, salir -para no perder la costumbre de dar coscorrones y matonear- a atacar una vez más a los maestros como ya lo hizo cuando sin ninguna prueba e irresponsablemente cuestionó nuestra ética insinuando ante Darío Arismendi, en mayo de 2018, que como jurados electorales podíamos actuar deshonestamente.
Creo además, y a propósito de ética, decencia y honestidad, que es usted el que está en deuda con la sociedad y debe suministrar explicaciones por recoger y avalar desde su partido a personajes de dudosa reputación de los que la justicia y los medios han dado ya suficiente cuenta. En educación, desde donde sabemos que la mejor forma de educar y de liderar es el ejemplo, aún nos preguntamos ¿Por qué en toda la legislatura pasada y ostentando su partido la presidencia del senado, usted nunca cuestionó que este cuerpo colegiado, con mejores condiciones de bioseguridad que la de las escuelas públicas de Colombia no sesionara presencial y no virtualmente?
Sería muy pertinente, que usted, que cuestiona mediáticamente los paros que los educadores adelantamos, entre otras razones solicitando inversión en educación y denunciando la precaria infraestructura escolar, que el país político y la élite enquistada que se apropió del poder no alcanza a conocer desde su burbuja de cristal y su mundo rosa, respondiera por sus ejecutorias. ¿Dónde estaba usted como congresista mientras los actos legislativos 01/01 y 04/07 cercenaban los recursos de educación y salud para trasladarlos a la banca y a la guerra? ¿Dónde estuvo para ejercer control político mientras durante 27 años los gobiernos pasaban sin crear el Sistema Nacional de Educación Masiva de que trata el artículo 45 de la ley 115 de 1994, y luego derogaba el artículo 102 de la misma ley?
Los impactos sobre la educación no los genera la pandemia sino el virus de la corrupción contra el que usted nunca se pronuncia. La salud mental y física de los niños y los servicios de nutrición, protección y seguimiento del crecimiento y desarrollo han estado seriamente comprometidos desde hace bastante tiempo en territorios donde sus aliados y caciques electorales dominan alcaldías y gobernaciones desde hace décadas, por lo que carece de autoridad moral para rasgarse las vestiduras.
Le recuerdo igualmente, que las cifras de trabajo infantil han aumentado como resultado de la deserción escolar que genera la incapacidad del gobierno del que usted hace parte para proporcionarles a los niños y jóvenes herramientas tecnológicas y conectividad gratuita y, también, como fruto de la insensibilidad e incapacidad de bancadas como la suya para auxiliar a las pequeñas y medianas empresas y evitar el despido de los padres de nuestros estudiantes; sin pasar por alto la negación de una renta básica, nada de lo cuál a ustedes los conmueve.
Debo clarificarle también, que mientras aún se nos considere ciudadanos y estén vigentes los artículos 86 y 40 (numeral 6) de la Constitución que usted desearía en su fuero interno que se derogara para reemplazarla por un legalizado estado antisocial de hecho, a los docentes, como sujetos, y no siervos, nos asiste el derecho de «interponer acciones públicas en defensa de la Constitución» y a los gobernantes el de actuar dentro de principios de autonomía, así se les amenace desde el totalitarismo con sanciones ejemplares que los envíen a sus casas en forma permanente, contrariando la carta de derechos de la OEA y sentencias de la CIDH.
Para su información el asunto del retorno a la presencialidad -y no porque manipuláramos el virus para que se generaran nuevas variantes tan peligrosas como Delta- no pasa ya solo por un proceso de vacunación, puesto ya en jaque en los países del primer mundo con mayores porcentajes de inmunización que el nuestro. Tampoco de su pobre concepto de bioseguridad escolar que desconoce, al igual que el gobierno, la transmisión por aerosoles y aspectos inexistentes en nuestras aulas como ventilación, renovación, filtración del aire y mediciones de CO2 para detectar cuando el oxígeno en recintos cerrados está viciado y representa un mayor riesgo de contagio.
Finalmente imagino que cuando usted habla de que lo que queremos es «arrodillar al Gobierno para obtener» prebendas y aumentos salariales, lo hace como una especie de mecanismo de proyección desde la experiencia y las prácticas deleznables que suelen usar los políticos para acceder a ministerios y pasar de la noche a la mañana de posturas críticas a aprobar proyectos a pupitrazos y a formar parte del ejecutivo.
De lo que se trata entonces Dr. Vargas Lleras, más que de «recuperar la educación pública», es de recuperar el país y la política para la decencia y la ética, propósito en el que sus prácticas históricas dan cuenta de no estar interesado. Espero haya valido la pena sacar este tiempo valioso para, de manera desinteresada, demostrarle que los docentes, en todos los espacios, siempre estamos en la disposición de educar.
Atentamente,
Lic. ALBERTO ORTIZ SALDARRIAGA
Miembro Colectivo Acción Ética Docente
Tomado del muro de Facebook del educador Alberto Ortiz Saldarriaga
Hace pocos días, a instancias de la cuenta en tuiter de la congresista María Rosario Guerra de la Espriella se colocó en la mira y bajo escrutinio y juicios no fundamentados la labor de una docente de Cali a la que se cuestiona por un taller en el que indagaba a sus estudiantes sobre los asesinatos injustificados de civiles por militares a los que eufemísticamente se ha llamado, pretendiendo exculpar a sus responsabilidades, “falsos positivos”.
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