La historia de contratos extraños, sin pertinencia y que generan justificada suspicacia en la ESAP se sigue repitiendo. Esta vez, en la Territorial Atlántico se piensa contratar, si ya no se hizo, 1 médico y 3 enfermeras, tal cual se puede observar en el Plan Anual de Adquisiciones publicado en la página de la ESAP .
Es paradójico que antes, en la presencialidad, la institución no contara con un botiquín de primeros auxilios por si se llegase a presentar un accidente en las instalaciones; y precisamente ahora, cuando se conoce a priori que el semestre en curso se desarrollará bajo la modalidad virtual decidan contratar personal de salud, ¿para qué? Son 94 millones de pesos que serían más pertinentes, y se justificarían en la realidad objetiva, si tuviesen otros destinos.

Un gran porcentaje de la población estudiantil reside en los municipios del departamento del Atlántico, por sólo hablar de este territorio; en Santa Marta y Valledupar, ahora en Bosconia, que recibe a estudiantes de municipios como Algarrobo en el que la alcaldía tuvo que prestarles la sala de informática de un colegio para presentar el examen de admisión, en Uribia, Villanueva y La Jagua de Ibirico municipios de cuarta a sexta categoría, la situación de vulnerabilidad es altísima.
Sin embargo, la actual Dirección Territorial no ha sido capaz de realizar las gestiones pertinentes para adquirir bajo distintas figuras equipos de cómputo, como portátiles y tabletas para facilitar a los estudiantes condiciones óptimas de conectividad.
Todas las instituciones de educación superior lo han hecho, incluso los colegios con sus escasos recursos, han destinado rubros para la compra de equipos. La ESAP, una institución que se debe caracterizar por sus gestiones, no ha establecido relaciones con las Gobernaciones de los 4 departamentos en lo que hace presencia, tampoco con las Alcaldías y menos con el sector productivo y empresarial con el objetivo de que los estudiantes se beneficien.
Mientras tanto, en el mismo Plan Anual de Adquisiciones, contemplan el arrendamiento de inmuebles en Valledupar, Santa Marta y Barranquilla, por la suma de 525 millones de pesos. De ese dinero, $250 millones son para arrendar la sede en Barranquilla, mientras los estudiantes y profesores dan clases virtuales. Así las cosas, nos encontramos ante una institución pública que no gestiona, y que, por otro lado, derrocha recursos en impertinencias.
Además de lo anterior, la Dirección Territorial Atlántico no actúa en la línea de la Ley 1712 de 2014, pues, no cumplió con la publicación de los procesos contractuales y de contratación directa en la sección estipulada para tales fines en la página de la Escuela, durante la vigencia 2020, y durante los meses que han corrido de la presente anualidad.
Se radicarán las peticiones y acciones pertinentes ante las instancias que correspondan para esclarecer la obscuridad que hasta ahora es signo común en las actuaciones oficiales.