Iván Duque dilapida todos los días recursos de los contribuyentes en un programa de televisión desde donde haciendo gala de su enorme cinismo y capacidad de negación de la realidad pretende hacernos creer al resto de los colombianos que su manejo de la pandemia del COVID-19 no ha sido tan nefasta y desastrosa como en realidad lo es y como lo demuestran incontrovertiblemente las estadísticas.
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Los efectos devastadores de un Huracán son más previsibles que la estupidez humana. Por esa razón, quizás, muchos colombianos votaron a la presidencia de un país con tantos y tan complejos problemas como Colombia por un servil pusilánime sin experiencia y descriteriado, solo porque a un perverso anciano se le ocurrió que tenía que «salvarnos» de una amenaza que existe nada más en su cabeza perturbada por su constante disociación psicótica y su sociopatía.
Gran parte de los pequeños y medianos comerciantes y empresarios del país votaron e hicieron campaña en las elecciones presidenciales en favor de Iván Duque. A ello probablemente los impulsó el miedo inoculado desde los medios de comunicación, una de cuyas misiones era precisamente amplificar para quienes ganaron la matriz de opinión de que un triunfo de Petro significaba un riesgo para la propiedad privada y por ende para sus intereses. Con el tema del «castrochavismo» y la «expropiación» hábilmente los engañaron y los usaron.
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El neoesclavista Decreto 1174 de agosto 27 de 2020 que abre la posibilidad de contratación de trabajadores por días y por horas ha servido para recordar todo un desafortunado pasado en el que el uribismo, con la complicidad de congresistas con precio (más no con valor) ha expedido durante las últimas 3 décadas una serie de normas retrógradas que han constituido un verdadero despojo o raponazo de derechos laborales y una negación en la práctica del Estado Social de Derecho instituido por la Constitución Política de 1991. Recordémoslos:
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En el único propósito de quitarle cargas y aumentarles utilidades y/o ganancias a los empresarios el uribismo, una vez más y como siempre lo ha hecho, ha expedido una norma laboral que perjudica sensiblemente el bolsillo de los colombianos. El perjuicio se ocasiona tanto a los más pobres como a los que lograron acceder a un título profesional. Ello se infiere de lo declarado por la en ese entonces Ministra de Trabajo, Alicia Arango, a comienzos de marzo de este año cuando dijo: «A un ingeniero de sistemas tu no lo necesitas todo el día en tu oficina, sino dos horas».
Al uribismo nada lo sacia. Su voracidad y ruindad contra los derechos de los trabajadores en el país no tiene límites. Decreto tras decreto, norma tras norma, han venido desde hace 30 años arrasando uno a uno los derechos laborales en el país en función de favorecer y ayudar a enriquecer cada vez más a los empleadores, bajo la justificación y reiterada mentira de que cada medida busca atacar el desempleo y crear nuevos puestos de trabajo que en la práctica o en la realidad jamás se concretan.
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Los colombianos estamos frente un gobierno que actúa impúdica o desvergonzadamente. La decencia y la ética están en el mejor de los casos secuestradas en medio de un ejercicio de administración en el que el «todo se vale» es el ejemplo que se proyecta al resto de la ciudadanía desde el primer cargo público de la nación. Lo del «préstamo» a Avianca, tratado de ocultar o minimizado mediante la presentación de la cifra en dólares así lo corrobora.
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En una carta abierta dirigida a la Ministra de Educación Nacional, María Victoria Angulo González, el Colectivo Magisterial ACCIÓN ÉTICA DOCENTE haciendo un juicio histórico de responsabilidades, respondió, a la pretensión del gobierno nacional de alternar clases virtuales y presenciales desde el 1 de agosto tal y como lo prevé la Directiva Ministerial 11 de mayo 29 de 2020.
En la misiva, que rápidamente se difundió a través de redes sociales, el grupo de educadores denunció que un número muy amplio y significativo de estudiantes ha quedado al margen del sistema educativo, como resultado de no disponer de herramientas tecnológicas y de conectividad para afrontar el reto de la virtualidad, lo que, desde el sentir de los maestros y maestras, sería uno de los motivos para adelantar apresuradamente y con graves riesgos el retorno de docentes y estudiantes a las aulas.
Compartimos a continuación el texto completo del enérgico pronunciamiento de los docentes, quienes anuncian que no renunciarán, como quozás se pretende forzarlos a hacerlo, y que en su lugar desarrollarán acciones legales en la jurisdicción nacional y, de ser necesario, presentarán solicitud de medidas cautelares ante la CIDH en procura de salvaguardar sus vidas y la de los estudiantes ante el riesgo y amenaza que sobre ellos se cierne con la anunciada medida del gobierno.
CARTA ABIERTA A LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
Doctora
MARIA VICTORIA ANGULO GONZÁLEZ
Ministra de Educación Nacional
E. S. D.
Atento saludo.
Con perplejidad hemos conocido y leído su última Directiva Ministerial, documento en el que se expresa la intencionalidad, por parte del gobierno, de un irresponsable retorno a las aulas cuando aún el mundo no ha hallado un tratamiento efectivo y, menos aún, una vacuna contra el COVID-19.
En razón de ello y con toda la sinceridad que nos es posible, nos permitimos decirle: No falte a la verdad señora Ministra de Educación. Sus verdades a medias son una forma de mentir lacerante, que ofende nuestra inteligencia y nuestra memoria. Su DIRECTIVA 11 DE MAYO 29 de 2020 tiene como propósito de fondo ocultar verdades; las verdades de nuestra educación y no aceptamos que para ello se esté pensando incluso, en arriesgar la salud, la integridad física y la vida de los maestros y maestras y la de nuestros estudiantes y padres de familia, como ocurriría, con un alto grado de probabilidad, con un eventual regreso a actividades presenciales a partir del primero de agosto de 2020, así estas sean alternadas.
Tal decisión es, a nuestro parecer, inadmisible e irresponsable. Encubre lo que la pandemia ha develado: la precariedad, y no por razones atribuibles a los maestros y maestras del país, de nuestro sistema educativo. Tenga Ud. el valor civil, para que no nos corresponda hacerlo a nosotros, de contar la verdad. De decir la verdad verdadera.
Hábleles a los colombianos sobre el altísimo número de estudiantes que con la virtualidad han quedado al margen de la posibilidad, de la oportunidad, de la garantía de disfrutar, de gozar efectivamente del derecho constitucional y fundamental a la educación, simplemente porque su pobreza extrema no las permite disponer de una tablet, de un celular, de un computador, de conectividad y mucho menos de una RED NACIONAL de RADIO y TELEVISIÓN EDUCATIVA. Cuénteles que su gobierno no sabe qué hacer con esos cientos de miles de niños, niñas y adolescentes que han entrado a engrosar lo que en el suroccidente del continente llamarían “el baile de los que sobran”.
Cuente que no son FECODE ni sus sindicatos filiales los responsables de esta suerte de auténtica catástrofe humanitaria de proporciones y consecuencias no dimensionables en el presente. Infórmele a los grandes medios de comunicación,
sobre todo a esos afectos al poder por la pauta, a quienes en los paros de los maestros exigiendo presupuesto se erigen en la primera línea del gobierno para intentar desprestigiar y deslegitimar la justeza de sus luchas (mediante matrices mediáticas como las de los “niños afectados por la indolencia de los maestros”) y que hoy miran convenientemente para otro lado, que justo ahora, podrían igualmente ser millones los afectados por una política de profundo desprecio por la educación y de depredación de los recursos de la educación, por parte de una clase política que durante décadas y siglos ha detentado el poder y nos ha convertido, vergonzosamente, en uno de los países más desiguales del mundo.
Cuente por favor la verdad. Cuente que si muchas escuelas no disponen de agua potable; de sistema para la disposición final de aguas servidas y de elementos de infraestructura sanitaria adecuados e indispensables para actividades tan simples pero esenciales y vitales como el recomendado “lavado de manos”, se debe a que se rompió con la voluntad del Constituyente del 91 de hacer del nuestro un ESTADO SOCIAL DE DERECHO, para en su lugar construir, hasta de facto, un ESTADO ANTISOCIAL DE HECHO, categoría que, para evitar sesgos y prevenciones, utilizamos como una especie de sinónimo para la expresión “MODELO NEOLIBERAL”.
No oculte y más bien ayude al recuerdo de quienes ya lo olvidaron, que julio ha sido un mes nefasto para la educación. Cuente, que a través del ACTO LEGISLATIVO 01 de julio 30 de 2001 el presidente de la época, ANDRÉS PASTRANA ARANGO, aliado del actual gobierno, y con la complicidad de JUAN MANUEL SANTOS como Ministro de Hacienda, decidió modificar “transitoriamente” los artículos 356 y 357 constitucionales, lo que constituyó un auténtico “raponazo” a los recursos del sector educativo, del sector de la salud y de la llamada participación de propósito general, uno de cuyos objetivos era, precisamente, el saneamiento básico. Diga que lo sustraído sirvió para solventar los aprietos de un sector financiero que hoy, ampliamente recuperado y con utilidades billonarias, sigue recibiendo la ayuda de los contribuyentes mientras demuestra su insolidaridad y su falta de empatía y reciprocidad con el país que, así haya sido a través de medidas antipopulares, les tendió la mano.
Diga, sin temores a ser considerada y removida por herética, que el indiscutido dirigente del CENTRO DEMOCRÁTICO, mentor de quien funge hoy como presidente y faro ideológico del gobierno del que Ud. hace parte, fue quien evitó que el ACTO LEGISLATIVO 01/01 cumpliera con el engañoso propósito de transitoriedad con el que fue aprobado y que fue precisamente él quien a través del ACTO LEGISLATIVO 04 de julio 11 de 2007, volvió permanente el recorte y despojo de los recursos suficientes para educación, salud y saneamiento básico de todos los municipios del país tal y como lo había provisto el Constituyente de 1991.
Exprese, si puede hacerlo con libertad, que el mayor factor de riesgo y obstáculo para el retorno a la presencialidad en las clases lo constituye el hacinamiento en las aulas que también promovió el Dr. ÁLVARO URIBE VÉLEZ a través de su Ministra de Educación de 2002 a 2010, señora CECILIA MARÍA VELEZ WHITE, quien igual que Ud. también fue Secretaria de Educación de Bogotá de las administraciones del PARTIDO VERDE tanto del tristemente célebre ENRIQUE PEÑALOSA como de ANTANAS MOCKUS (1998 y 2003).
Son URIBE y VÉLEZ los responsables directos y sin ambages del DECRETO 3020 de diciembre 10/02 que incrementó significativamente el número de estudiantes por docentes (relación técnica), con propósitos tecnocráticos de “eficiencia”, lo que incentivó la sobrecarga laboral de los maestros y maestras y problemas médicos asociados al sobre esfuerzo. Siendo coherentes, como se esperaría de un Ministro que piense como educador y no como economista, tal norma debería revocarse.
En idéntico sentido debería procederse con el DECRETO 1850 de agosto 13 de 2002, expedido solo 6 días después de posesionado URIBE y en el cual, dentro del famoso estribillo del “trabajar, trabajar y trabajar”, se incrementó también la carga laboral de los maestros y las maestras, a quienes el URIBISMO siempre ha perseguido y procurado hacerles el máximo daño posible.
Son sin duda tiempos dolorosos, que no olvidamos y necesarios de recordar. En los ocho (8) años de gobierno que van desde el 7 de agosto de 2002 hasta el 7 de agosto de 2010, mientras la inflación acumulada fue de un 43,67%, el salario docente se aumentó por debajo de ese valor (42,28%) lo que significó una pérdida relativa de poder adquisitivo de un 1,39%. Decimos relativa, porque en términos reales todos sabemos que la inflación que certifica el DANE es mentirosa, ya que a través de esta entidad el gobierno se constituye convenientemente en juez y parte.
Es el momento oportuno, consideramos, de llamar a las cosas por su nombre, sin eufemismos. Sin dobleces. Se contempla la posibilidad de retorno a las aulas, porque la vida de los docentes resulta intrascendente y poco valiosa para el gobierno. A través del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, en cuya estructura directiva tienen asiento tres ministerios (Educación, Trabajo y Hacienda) y a través de sus contratistas en salud a lo largo y ancho del país, el gobierno conoce nuestras edades, nuestra historia clínica y nuestras COMORBILIDADES. Sabe también que no hay memoria inmunológica, pero no les interesa no arriesgarnos. Tristemente resulta más rentable la renuncia o el contagio y muerte de maestros y la enfermedad y posible muerte y/o deserción de estudiantes que admitir culpas y responsabilidades históricas y emprender acciones de fondo para subsanarlas.
Perfectamente podría el gobierno, como lo ha hecho con el sector financiero, inyectar recursos billonarios a la educación para saldar deudas históricas y, por esa vía, proveer a los estudiantes de herramientas tecnológicas y de conectividad pero no le interesa. Sus intereses son otros, diametralmente opuestos a los del país nacional, como ha quedado suficientemente demostrado y corroborado.
Prefieren insistir con el discurso falaz de la “bioseguridad” y jugar con vidas con el tema de reapertura de escuelas. COREA DEL SUR, uno de los países que por organización y disciplina social mejor tratamiento en el mundo le ha dado al tema del COVID-19, hace apenas 3 días tuvo que cerrar de nuevo cientos de escuelas recién abiertas tras reaparición de nuevos brotes de COVID-19, como lo reseña un medio serio como BBC NEWS (www.bbc.com/mundo/amp/noticias-internacional-52848224).
En honor a la verdad, no pretenda insistir en vender la falsa noción de que estamos preparados para volver a las aulas y que es posible con “medidas de bioseguridad” controlar la propagación de un virus invisible y con un alto registro porcentual de personal asintomático padeciéndolo. El discurso de que con elementos de protección es posible garantizar condiciones para el retorno no es creíble. Ni siquiera contra un vector visible como el pediculus humanus capitis (ftirápteros) la escuela ha logrado ganar la batalla como para que ahora pretenda convencérsenos de que si va a ser posible detener la propagación del COVID-19.
Señora Ministra, no nos mienta, no engañe. Hable anteponiendo por encima de cualquier cálculo político la verdad. Invierta más bien en educación. Si su intencionalidad es que los maestros renunciemos, no lo vamos a hacer. Aún a sabiendas de la existencia de una justicia intimidada y acorralada por el gobierno vamos a accionar jurídicamente y agotar las instancias pertinentes ante la jurisdicción nacional para evitar que se pongan en riesgo las vidas de los integrantes de la comunidad educativa.
Si hay denegación de justicia, como seguramente ocurrirá por inexistencia de separación y respeto entre los poderes públicos, estamos dispuestos a solicitar garantías y medidas cautelares ante la CIDH y a efectuar la más amplia campaña de denuncia internacional por violación a nuestros derechos. No le quepa el más pequeño asomo de duda que contra la arbitrariedad y la amenaza actuaremos, siempre respetuosos del marco de derecho, y que no vamos a permitir que se coloque sobre nuestros hombros la responsabilidad de la vida de nadie, por un retorno a las aulas apresurado, improvisado e irresponsable, desarrollado bajo la lógica del ensayo-error o del “miremos a ver qué pasa”. Los MAESTROS somos merecedores de respeto y exigimos respeto. No somos fichas desechables del ajedrez de quienes ostentan el poder. Colombia aún no es una monarquía absoluta.
Colectivo Magisterial ACCIÓN ÉTICA DOCENTE
¿Humanidad o Utilidad? ¿vida o negocios? El coronavirus, a partir de la parálisis de la producción por ausencia del factor humano develó que el capital, las fabricas y las máquinas, por si solos, no generan riqueza y que solo la fuerza de trabajo es quién la posibilita. Sin la participación de millones de asalariados no solo se frena la producción de bienes sino también la generacion de riqueza. Es el trabajo humano y/o el trabajador y no el capital en sí mismo quién genera riqueza.
Pero la crisis también planteó a la sociedad en su conjunto un dilema ¿Qué debe primar o prevalecer, el derecho a la vida de millones, a través de medidas como el confinamiento obligatorio, garantizando a los medios necesarios para sobrevivir, o el derecho a la ganancia de sectores más pequeños de la población (empresarios) sobre la base de que estos expongan a la muerte a sus empleados haciéndolos ir a laborar? Constitucionalmente este dilema está resuelto. El intereses particular debe ceder ante el interés general.
Los países que optaron por la opción contraria (economía/vida) fracasaron estruendosamente en la contención del virus, demostrando que el «yo no paro, yo produzco», que un sector minoritario propagandizó en Colombia no aplica como posibilidad de supervivencia del género humano. La humanidad es más importante que la utilidad y la vida está por encima de los negocios y de la economia por una razón sencilla: sin vida no hay ni producción ni consumo.
Se plantea luego entonces otra disyuntiva. ¿Quiénes asumen los costos de la crisis en el plano economico? En esta etapa histórica en la que el conjunto de la sociedad pierde, lo correcto es que los mayores sacrificios los afronten los que mayores posibilidades tienen para hacerlo. Los que disponen y han acumulado en el tiempo grandes utilidades deben aportar antes que los que no disponen de nada para dar.
La vía de los empréstitos (endeudar a empresarios y personas naturales con los bancos) para afrontar la crisis solo representa a lo mucho, un aplazamiento de sus efectos; un fortalecimiento aparente de quienes prestan y un mayor empobrecimiento y disminución de la capacidad de responder de los acreedores, con lo que ello puede significar en términos de una mayor contracción de la economía sí còmo consecuencia de la recesión todo desemboca en una cesación de pagos de las obligaciones.
Por ello coincidimos con el senador Gustavo Petro en qué la vía no es endeudar sino desendeudar. Quitar cargas. La cesación de pagos de acreencias o deudas (1); de servicos públicos (2) y de arriendos (3) a los empresarios del sector privado puede liberarles recursos para mantener empleos y salarios. Los trabajadores, más allá de verse beneficiados por vía de la estabilidad en sus empleos y en sus ingresos para sobrevivir (1), sí se les hace extensiva, la cesación de iguales obligaciones pueden liberar recursos que les permitan mantener su confinamiento en condiciones de dignidad (2) y ejercer, en la medida de sus posibilidades, la solidaridad con quienes están condenados al subempleo y el desempleo (3).
Sin embargo, surge de la politica de exoneración de pagos un aparente problema y una pregunta. Sí el arrendador que no recibe arriendo, compensa no pagando deudas y servicios y, a su vez, si las empresas de servicios públicos dejan de pagar deudas, la afectación e impacto será para la banca. Entonces de manera pedagógica preguntamos: ¿Puede y tiene la banca cómo asumir tan alto costo?
La respuesta es sí. De los ultimos 21 años solo en 1.999 y 2.000 la banca afrontó una crisis en la que tuvo pérdidas y en la que el Estado y la sociedad concurrieron solidariamente en su ayuda. Desde 2001 hasta 2019, es decir, durante 19 años, el sector financiero ha tenido ganancias por 175 billones de pesos y bien podria hacer, por una vez, un sacrificio y retribuir en parte algo a los colombianos de lo que éstos le han ayudado a ganar.
Pero aún, sí se pensara en responsabilidades compartidas, también las empresas de servicios publicos domiciliarios tanto del orden público como privado podrían de manera voluntaria u obligadamente sacrificar parte de sus multimillonarios ganancias en función de subsidiar a los colombianos total o parcialmente en las tarifas que les cobran. Sí ambos sectores carecen de la grandeza y de la solidaridad y responsabilidad social que las circunstancias ameritan una buena opción por contemplar sería la nacionalización còmo lo ha planteado reiteradamente, respecto a la banca, el senador Armando Benedetti
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