Lucha contra la corrupción: ¿Puede liderarla Rodolfo?

Ad portas de la realización de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, el próximo 19 de junio, ambos candidatos presidenciales coinciden en aseverar que bajo un eventual mandato suyo serán implacables contra la corrupción y, por obvias razones, contra los corruptos, responsables de un inimaginable desangre de las finanzas públicas cuyos recursos se pierden a borbotones a través de una especie de gran vena rota de la que los politiqueros se benefician y que todos los colombianos pagamos

El cambio en primera que burló la Registraduría

Es un secreto a voces. Hubo fraude el 29 de mayo, pero superior al mismo es el miedo a hablar abiertamente sobre el mismo por parte de quienes saben de su ocurrencia y de cómo se concretó. Hay de por medio amenazas de muerte, de un poderoso sector en el país, incluso a familiares de quienes pudieran destapar lo que se hizo.

 

Fuentes de alto crédito cuyas vidas correrían peligro si se llegara a revelar sus nombres revelaron que la maniobra fraudulenta perpetrada en la primera vuelta presidencial tuvo varios componentes que incluían la adulteración por parte de jurados nombrados para tal fin de la votación consignada en los formularios E14, lo cual hacen por afinidad política y dinero bajo la seguridad que se les otorga de que no serán investigados ni judicializados.

 

Otro de los soportes del fraude, habría estado en la transmisión y digitalización de los datos, de tal manera que bajo el ropaje de una eficiencia inexistente y ponderada, elogiada y amplificada desde la complicidad de los grandes medios se diera un golpe de opinión, incluso desde mucho antes de que los jurados empezarán y concluyeran el proceso de conteo y entrega de la información a la Registraduría sobre el número de los votos efectivamente depositados por los ciudadanos en las urnas.

 

Los ciudadanos votaron hasta las 4 de la tarde pero de ahí en adelante la selección y oficialización de los ganadores de la jornada electoral estuvieron en manos de la Registraduría y de los contratistas de la misma, quienes desde un preconteo que no tiene efectos vinculantes tuvieron por intencionalidad imponer una matriz de opinión que de facto casi que deja sin razón de ser los escrutinios que deben efectuarse posteriormente por miembros de la rama judicial.

 

A propósito de estos últimos sería pertinente que se aclare a la opinión pública desde este respetable sector de la sociedad si es cierto o no que desde el gobierno ha existido injerencia indebida y presiones hacia su labor en los escrutinios, a la par de amenazas por parte de actores al margen de la ley para que concluyan el escrutinio sin atreverse a revelar detalles del aberrante fraude tras el que se esconderla lo que al establecimiento corrupto y mafioso no le interesaba ni convenía que ocurriera, el triunfo de Gustavo Petro en primera vuelta como en efecto y al parecer ocurrió.

 

Pero lo denunciado no se agota en lo ya expresado. La renuencia a la contratación de proceso de auditoría al software de la Registraduría estaría escondiendo, además, la existencia de un código malicioso diseñado para colocar un techo o tope máximo de votos reconocidos al candidato presidencial Gustavo Petro que impidiera que este alcanzara el porcentaje de votos necesarios para imponerse en primera vuelta.

 

Adicionalmente desde el propio código fuente habría una instrucción para que el software trasfiriera la votación obtenida por Gustavo Petro por encima del tope límite a él colocado a los dos candidatos del uribismo, otorgándole prelación porcentual a aquel de quien las firmas encuestadoras habían señalado como el único capaz de aglutinar los votos del establecimiento y ganarle a Petro en segunda vuelta, esto es, el ingeniero Rodolfo Hernández.

 

El silencio de Petro

 

Para la concreción exitosa de la maniobra, un objetivo clave encomendado al equipo de Hernández al parecer consistió en un entrampamiento que neutralizara a Petro restándole credibilidad frente a la opinión pública nacional e internacional en una eventual denuncia suya de Fraude.

La idea, según se nos reveló, consistía en precipitar una salida en falso como la que desde el propio equipo del candidato Hernández se propició, cuando Petro denunció un golpe de estado en marcha que nunca ocurrió y para la que convocó a una reunión a Hernández y Fajardo a la cual estos le hicieron el vacío, lo que sirvió como insumo a una también orquestada campaña de burla en redes y medios que erosionaron la confianza en lo denunciado por PETRO.

 

A partir de ese episodio y de la amenaza latente de que el Registrador fuera destituido y las elecciones se aplazaran, que no pasó de ser un rumor sin fundamento direccionado desde el uribismo para evitar ataques hacia Vega de parte del Pacto Histórico, en el propósito de que les resultara más fácil y sin oposición materializar su plan, Petro no sólo se silenció sino que, equivocadamente, en el debate final de Caracol fue más tibio que Fajardo con la Registraduría y el registrador absteniéndose  de contestar si confiaba en estos como garantes del proceso electoral.

En la misma línea de equivocaciones, el mismo día de las elecciones, desde su discurso, Petro aceptó sin reparos los resultados, se dejó imponer un techo y unos dudosos resultados de sus competidores que lo colocan en desventaja y lo dejaban a merced de la manipulación de las encuestadores, que ya vienen poniéndolo por debajo de Rodolfo Hernández.

Además, no cuestionó, como no lo volvió a hacer, unas elecciones que no le otorgan garantías y que dejan entrever que logre los votos que logre, siempre su competidor será beneficiado por el árbitro del proceso electoral con muchos votos más para ganar.

 

¿Qué resignó y silenció a Petro? ¿Qué le robó sus legítimos reclamos hacia un proceso electoral espurio cuyos resultados dijo que en ese tipo de eventos no reconocería? No se sabe. Lo único cierto es que la palabra escrutinios también se borró de su lenguaje y del de su equipo.

Evade referirse y contestar preguntas sobre el tema. Insiste en desviar la atención de sus electores de su altísimo probable triunfo y del robo del mismo el 29 de mayo e insiste en que todos se enfoquen en el 19 de junio, como si ya existieran garantías para que se respete la soberanía popular y la decisión del constituyente primario en las urnas por parte de un régimen mafioso y sin escrúpulos.

 

Mientras el pueblo hace la tarea y descubre y revela por sus propios medios que otra vez hubo fraude, Petro guarda silencio, insiste en callar, persiste en mirar para el 19 de junio y seguir convocando cuando todo marca que ya ganó el 29 de mayo.

¿Qué alguien nos explique ese comportamiento atípico y resignado que no le transfiere a su electorado un espíritu de victoria sino de incredulidad y desesperanza ya  que en estos existe la percepción de que, obténganse los votos que se obtengan, otros serán quienes decidan la suerte y futuro de un pueblo que difícilmente logre sobreponerse a otra frustración y a otra derrota y desprenderse de esa sensación de sentirse payasos en el circo de la «democracia» colombiana

¿Presidenciales vuelven a reunificar a los de Medellín y Cali?

Pablo Escobar Gaviria siempre tuvo en mente la toma del poder político para desde el gobierno favorecer su «emprendimiento» cocainero. Y aunque los Rodríguez Orejuela estaban más preparados para materializar ese sueño, siempre fue impensado un acuerdo entre ambos carteles de la droga en función de intereses estratégicos comunes.

70 mil millones perdidos: vandalismo con impunidad garantizada

Bibiana Rincón Luque, quien funge como actual secretaria de educación es simplemente la ficha que Karen Abudinen, pariente cercana de Christian Daes, puso al frente del millonario presupuesto de esa secretaría para poder seguir manejándola a control remoto tras su promoción a cargos del nivel nacional de manos del charismo-uribismo.

No hay un contrato ni ningún movimiento que se haga en la Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla que no cuente previamente con el aval o autorización de la Ministra de las TICs, Karen Abudinen Abuchaibe.

Por eso si Karen Abudinen renuncia al Ministerio de las TICs, probablemente desde la experiencia adquirida en Bogotá quizás le sea ofrecido el administrar el proyecto de los árboles del billón de pesos de Jaime Pumarejo o simplemente  aterrizará otra vez en la Secretaría de Educación de Barranquilla, entre vítores y aplausos de sus amigos rectores y docentes.

Y es que mientras fue secretaria de educación de Barranquilla, con base en un comportamiento más propio de una recreacionista que de una funcionaria pública, Abudinen logró ganarse a punta de abrazos, besos y selfies a muchos rectores, maestros y maestras, que hoy asombrados descubren, que ser simpático no necesariamente es sinónimo de ser honesto.

Sin lugar a equívocos, Karen podrá encontrar en Barranquilla la tranquilidad para hacer y deshacer a sus anchas que no pudo encontrar en Bogotá y tener la absoluta certeza que los medios de Barranquilla si callarán para no perder posibilidades de pautas con la Alcaldía, Energía Solar y Tecnoglass.

El escándalo en que está envuelta la ministra es de tal magnitud que la prensa del interior, con todo y sus afinidades ideológicas con el uribismo, no ha podido dejar de reseñar todo el entramado de corrupción, que, de tener vergüenza, ya debería haber llevado a la Ministra a dimitir de su cargo.

Y es que mientras el país padecía y lloraba los muertos ocasionados por el COVID-19, otros muy seguramente vieron en la conectividad de los niños de las zonas más apartadas y pobres de Colombia una oportunidad de negocios por 2 billones de pesos que podía dejar dividendos importantes para financiar campañas a congreso, presidencia, alcaldías y gobernaciones.

Y aunque con total desparpajo y desvergüenza lo niegue, todos los hilos de una forma u otra conducen hacia la Ministra como explicaremos a continuación:

En plena adjudicación de la licitación, en diciembre 2 de 2020, se descubrió que el abogado de uno de los proponentes (Unión Temporal SES INRED) era Camilo Ernesto Valencia Suescún, quien era simultáneamente asesor jurídico especializado contratado por el FONTIC y adscrito al despacho de la ministra Abudinen y con un contrato de asesoría con la Comisión de Regulación de las Comunicaciones.

El escándalo ante tal conflicto de intereses llevó a que el lunes 7 de diciembre la ministra se viera forzada a la suspensión del proceso de licitación pero solo por dos días, pues el miércoles 9 de diciembre el proceso de adjudicación se retomó como si nada hubiese pasado.

Entre los 10 consorcios o uniones temporales participantes, en las que tenían representación 25 empresas, una particularmente, por su falta absoluta de experiencia en el objeto de contratación, llamó la atención: la Unión Temporal Centros Poblados, la que además no acreditaba capacidad ni técnica ni financiera lo que poco importó a la Ministra Abudinen.

Del Consorcio Unión Temporal Centros Poblados hace parte, con un 35% de participación, la empresa Intec de la Costa SAS con domicilio en la ciudad de origen de la ministra (Barranquilla) y dedicada a la construcción de infraestructura vial y ferroviaria y a la fabricación de muebles, firma esta que en 2018 se vio envuelta en un caso de corrupción por un contrato para el mejoramiento de una vía en el departamento de Bolívar.

Finalmente y contra toda lógica y pronóstico el 50%, del contrato de 2.1 billones de pesos (1,07 billones) le fue adjudicado a la UT Centros Poblados, adjudicación que Abudinen respaldó ante medios afirmando que todo estaría bien y que los niños tendrían su conexión a internet.

De esta forma, Centros Poblados adquirió contractualmente la obligación de instalación de 7.277 centros digitales en la región B, integrada por los departamentos de Amazonas, Arauca, Cundinamarca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.

Frente a los notorios incumplimientos del cronograma acordado puesto de presente en que entre diciembre de 2020 y abril de 2021 solo se había ejecutado un 1% del contrato, se conoció que, a pesar del incumplimiento, a Centros Poblados se le había girado en febrero 10 de 2021 un anticipo del 7% del valor del contrato, es decir, unos 70.243 millones de pesos y se les había autorizado otro pago por 21 mil millones que el escándalo logró aguantar.

En pleno proceso administrativo sancionatorio por incumplimiento de lo pactado, una nueva situación anómala surgió cuando salió a relucir que las 3 pólizas o garantías bancarias (2020-1156-01002 – 2020-1156-01001 – 2020-1156-01003) que presentó la UT Centros Poblados para firmar el contrato y presuntamente adquiridas con el Banco Itau (por un valor de casi 146 mil millones) eran falsas,  situación que forzó al Ministerio a iniciar un proceso de caducidad del contrato 1043 de 2020 que concluyó en julio.

Curiosa y convenientemente ni el ministerio, ni la empresa especializada contratada por ese despacho (SES COLOMBIA) para revisar documentos y pólizas se percataron del gol que les estaba haciendo Centros Poblados con el propósito de garantizar su jugoso desembolso.

De los poco más de 70 mil millones girados al contratista incumplido, trascendió que a mediados del presente año un 82% (58 mil millones) fueron girados a una fiducia en Estados Unidos (Nouvo Security) mientras que el restante 18% (12 mil millones) fueron girados a la empresa INSELSA de Barranquilla.

Como corolario de la situación, quien representa jurídicamente los intereses de Centros Poblados es Jorge Pino Ricci, abogado de la Universidad Externado, especializado en derecho administrativo y conocido por su amistad con los primos Nule, tristemente famosos por escándalos de corrupción en Bogotá; por ser uno de ellos hermano de Katia Nule Marino, esposa de Alejandro Char, quien como alcalde los premió adjudicando a la empresa SIT Barranquilla el recaudo del hoy paralizado Sistema Integrado de Transporte Masivo de Barranquilla Transmetro, mientras la ciudad desenfrenada celebraba carnavales. Bitácora Soluciones Ltda., empresa del grupo Nule es uno de los socios de SIT Barranquilla.

Pero Pino Ricci, en defensa de Centros Poblados, señaló ante medios, que las pólizas las adquirieron de buena fe a través de un intermediario de nombre Jorge Alfonso Molina García-Mayorga, contratado por INTEC de la Costa, y representante legal de CM Construcciones.

Curiosamente, esta última persona tuvo como su abogado en 2017 a Felipe De Viveros Arciniegas, quien es, desde 2018, alto asesor jurídico de la Dirección de Infraestructura del MinTic y junto al ex viceministro de conectividad, Iván Mantilla, fue quien estructuró los pliegos de la licitación en la que se perdieron 70 mil millones.

Curioso, en un país tan, todos los caminos parecieran coincidir hacia el despacho de Karen Abudinen. Por aquello de “dime con quién andas y te diré quién eres”, los rectores y docentes de Barranquilla deberían escoger mejor a sus “amistades”.

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