Como si ocurre cuando quienes se manifiestan y protestan en las calles de Colombia son jóvenes estudiantes, no existen desde los grandes medios titulares, recriminaciones y estigmatización alguna a quienes desde un mal llamado paro armado prohíben la libre movilidad y actividad comercial y laboral de ciudadanos en varias ciudades del país.
Los calificativos de vándalos, delincuentes y terroristas, al igual que los disparos a matar, al parecer se reservan en Colombia para los que portan libretas, libros y lápices y no para quienes usan armas de fuego de corto y largo alcance para amedrentar y asesinar a ciudadanos inermes en una actuación que perfectamente podría tipificar una sancionable violación de DDHH y/o del DIH por organismos internacionales.
Pero esa especie de cómplice silencio mediático y de inacción estatal hacia actores armados ilegales de extrema derecha y que afectan la economía del país, más allá de lo que se dice, esto es, de que representan una protesta o una reacción extemporánea por un hecho irreversible como la extradición del jefe narcoparamilitar Otoniel, parecieran tener por propósito real infundir miedo o hasta crear artificialmente condiciones de alteración del orden público que justifique un aplazamiento de las elecciones del 29 de mayo o hasta un golpe de estado que evite un previsible cambio democrático en la conducción del país.
Sumada a la omisión de los medios para informar y llamar a las cosas por su nombre y sin maquillajes, y con el despliegue con que lo hacen para satanizar a nuestra juventud, reiteramos, existe también una sospechosa omisión de las fuerzas armadas y de policía para, como la constitución se los ordena, garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos y para combatir a los que ilegalmente transgreden el orden jurídico, con el objetivo velado de incidir con el uso de la fuerza en el escenario político-electoral.
La impresión de lo que ocurre en los territorios afectados y transmitida a través de la denuncia de los directamente afectados da cuenta de una suerte de complicidad oficial que constituye una especie de luz verde para actuar a sus anchas a un grupo ilegal que en algún momento se llamó los urabeños y curiosamente beneficiado de la noche a la mañana con un cambio repentino de «razón social» que más que proteger el buen nombre de los ciudadanos de Urabá (urabaenses) pareciera tener por propósito evitar que por similitud se asimile al término Uribeños y de esta forma se asocie al apellido de un innombrable expresidente.
Lo cierto es que la tan «eficiente» acción de las autoridades para reprimir y combatir hasta con sevicia a manifestaciones populares sin reparar en los medios y consecuencias, en términos de vidas afectadas y cegadas, pareciera haber súbitamente desaparecido dejando una desagradable percepción ciudadana de acción concertada entre militares y paramilitares.
Este concierto para delinquir también lo concluyen muchos ciudadanos del hecho del accionar impune de las denominadas «Águilas Negras» (A quienes muchos han visto vestidas de negro como en Putumayo, pero también de verde, caqui y camuflado) en el asesinato de cientos de líderes sociales, sin que hasta la fecha se devele organigrama alguno de esa fantasmagórica organización delincuencial o exista un solo imputado o capturado por estos crímenes, perteneciente a la misma y con una curiosa presencia en todo el territorio nacional igual a como ocurre con los cuarteles de policía y ejército.
Si al general Eduardo Enrique Zapateiro en realidad le interesara la defensa del honor y del buen nombre de sus tropas y la imagen institucional de las fuerzas militares, más que estar rompiendo con la neutralidad que le ordena el artículo 219 Constitucional y tomar partido, como lo hizo, por un sector político de extrema derecha, debería estar mostrando resultados operacionales contra la Banda Criminal de los Uribeños y no estar haciéndose el de la vista gorda ante la múltiple comisión de delitos por parte de los mismos.
Para nadie es un secreto que Zapateiro tiene evidentes identidades ideológicas con Uribe y el Centro Democrático y que a nadie más que este sector político, que respalda desde las sombras y por vergüenza de hacerlo públicamente a Fico Gutiérrez, es a quien más le conviene generar, previo a las elecciones presidenciales de 2022, un ambiente de zozobra que legitime un aplazamiento de los comicios presidenciales o un golpe militar, así para ello, y sin escrúpulos, deban sitiar ciudades y pueblos como está ocurriendo.
Hasta en el modus operandi de unos (Uribeños) y otros (partidarios de FICO) son innegables las identidades en el accionar. Un inocente perro pintado con las siglas AGC y equinos pintados con el nombre FICO dan cuenta del mismo desprecio hacia toda forma de vida, incluidos los animales. Son unos mismos actores jugando a la «combinación de todas las formas de lucha». Es un sector político sacando ventaja de las armas que la, sociedad otorgó a los militares para su defensa y de las que el narcotráFICO provee a sus ejércitos privados de paramilitares. La sociedad ya no se deja engañar tan fácilmente de los que crean la enfermedad del terror y proponen la “medicina” para el mal que ellos mismos crean
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