Una desprestigiada revista de la extrema derecha colombiana, cuya evidente falta de neutralidad y objetividad profesional la ha llevado abierta y desvergonzadamente a convertirse en instrumento de propaganda del establecimiento corrupto, ha decidido, en expresión de su máximo nivel de degradación, prestar su tapa o portada para servir de caja de resonancia a quienes frente a la inminente pérdida de las elecciones presidenciales apuestan a la idea de infundir miedo a la población civil con un golpe militar cuyo único fin percibible sería salvaguardar privilegios y encubrir delitos graves de quienes han detentado el poder en las últimas dos décadas.
Bajo el título «Malestar en los cuarteles», se esconden además otros malintencionados objetivos entre los cuales se destaca la intención de desviar la atención de la opinión pública nacional e internacional sobre los crímenes de estado y sobre las violaciones recurrentes a los DDHH y al DIH perpetrados por miembros del ejército colombiano contra población civil y reconocidos hace pocos días por miembros de esa organización castrense en audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz, crímenes estos que tuvieron ocurrencia en momentos en que fungía como presidente Álvaro Uribe Vélez.
Pero además de lo anterior, la publicación también pretende de alguna forma conferirle el carácter de intocables, judicialmente hablando, a militares de alto rango como el comandante del Ejército de Colombia, seriamente cuestionados por la reciente reincidencia en Putumayo, por parte de sus tropas, en el comportamiento eufemísticamente denominado falsos positivos y que corresponden más a ejecuciones extrajudiciales de civiles para hacerlos pasar, sin serlo, como guerrilleros dados de baja en combate.
Envalentonados y aupados desde el despacho mismo de la Presidencia de la República para intervenir en política, parte del estamento militar no ha reparado ni tenido pudor o escrúpulos en incumplir mandatos constitucionales como el contenido en el artículo 219 Superior que les ordenan no ser deliberantes y mantener una neutralidad que garantice que las armas de la República existan en función de la defensa de la nación y no de gobiernos o partidos políticos en específico.
Las groseras e infortunadas declaraciones y amenazas veladas del general Zapateiro en su abierta participación en política, excusada en una supuesta e inexistente defensa de sus tropas y del mancillado (por ellos mismos) «honor militar», lejos de concitar el respaldo de la sociedad civil desencadenó voces de rechazo y protesta, desde distintas orillas de la sociedad frente a lo que se considera además una ruptura de una tradición civilista de la que se enorgullece y ufana permanente en el escenario latinoamericano nuestra clase política.
Si de verdad existe un malestar en los cuarteles debería estar orientado precisamente a quienes desde la cúpula vienen desfigurando el sentido misional del ejército y haciendo que cada vez más, por parte de la sociedad se perciba a esta institución con desconfianza y miedo y no con respeto y admiración. La fuerza pública debe estar conformada por servidores del público y no por individuos armados al servicio de un partido político o de un gobierno. Ahí radica precisamente su neutralidad.
Un ejército cuyos miembros perciben a sus connacionales como objetivos militares o una amenaza interna deja de ser un estamento revestido de legitimidad y se asemeja a un grupo paramilitar o a las famosas águilas negras frente a cuya existencia y accionar no existe, sospechosamente, una sola acción operacional con resultados concretos. Los muchos hombres y mujeres al servicio de la patria que aún conservan su vocación de servicio e intacta la noción de honor militar no pueden no deben dejarse instrumentalizar por mandos a los que su suerte, necesidades y destino jamás les han importado.
Afortunadamente para los colombianos y colombianas una aventura golpista de este tipo, no del todo imposible, no contaría con el respaldo de la comunidad internacional suficientemente bien informada sobre la permanente violación de la Carta de Derechos de Naciones Unidas por parte de agentes del estado en una práctica que más allá de constituir hechos aislados tiene la sistematicidad de una política de estado.
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