Al uribismo nada lo sacia. Su voracidad y ruindad contra los derechos de los trabajadores en el país no tiene límites. Decreto tras decreto, norma tras norma, han venido desde hace 30 años arrasando uno a uno los derechos laborales en el país en función de favorecer y ayudar a enriquecer cada vez más a los empleadores, bajo la justificación y reiterada mentira de que cada medida busca atacar el desempleo y crear nuevos puestos de trabajo que en la práctica o en la realidad jamás se concretan.
La expedición del Decreto 1174 de agosto 27 de 2020 es apenas la más reciente de las normas encaminadas a deteriorar hasta límites insospechados el empleo digno en Colombia. En el modus operandi o la lógica de los antisociales que dirigen el país, muchas de estas normas han sido presentadas como transitorias para después terminar siendo permanentes. Por ello, el argumento que podría esgrimirse en el sentido de que se expide por motivo o en razón de la pandemia es absurdo y falaz.
Desde que volvieron al poder, con complicidades inadmitidas de muchos y sin que se presagiara pandemia alguna, el propio Uribe Vélez cacareó con absoluta desvergüenza que el trabajo por horas y por días era una de las banderillas (y no banderas) de su partido, que como en una plaza de toros estaban aún pendientes por incrustar en el alma nacional, con todo el sadismo que los caracteriza, a la manera como lo haría cualquier torturador de toros.
No es de extrañar entonces, que el servil personaje colocado al frente de la Casa de Nariño vuelva a dejarse instrumentalizar firmando un decreto al que solo le hacen falta uno o dos artículos que autoricen a los empleadores el uso de elementos restrictivos de la libertad individual en sus “trabajadores” para retrotraernos aún más al pasado y reinstaurar la esclavitud en el país. Por eso nos atrevemos a preguntar: ¿Duque, para cuándo ahora el decreto que autorice el uso de grilletes, cadenas y látigos? Lo hacemos, entre otras razones porque sentimos que ese es el modo de producción que mejor encuadra con la mentalidad (equivocadamente llamada feudal) de estos personajes,
Y es que a quienes detentan el poder en Colombia no les sirven ni siquiera las relaciones de servidumbre propias de la edad media. Muchos de ellos, herederos de hacendados esclavistas y por tanto negreros, conservan, más viva que nunca, su mentalidad de despojo y de violencia y esa suerte de visión despreciable de la humanidad profundamente elitista, clasista y racista que los hace sentir merecedores de subyugar a quienes desde su perspectiva solo deben producir resignadamente para su beneficio, a cambio de mendrugos y agua.
Esa sigue siendo para ellos su modelo ideal de sociedad. Persisten en ver a quienes no pertenecen a su cerrado círculo social como cosas, carentes de alma, y no como seres humanos. De ahí su deshumanización. De ahí también su reacción a una Constitución política, como la del 91, que al consagrar al nuestro como un Estado Social de Derecho, intenta consolidar elementos de dignidad y humanidad en nuestra sociedad a partir de valores como la libertad, la igualdad y la fraternidad heredados de la Revolución Francesa. A ellos esas ideas se les tornan inconvenientes. Por ello prefieren en un ejercicio de para-constitucionalidad construir a su medida su propio Estado Antisocial de Hecho.
Y así se argumente que la norma está concebida en función de quienes ya no van a alcanzar a pensionarse, lo cierto es, que a partir de este decreto, ningún empleador que disponga a su favor del marco legal creado para contratar por horas y por días, exento además del reconocimiento y pago de un salario mínimo, de prestaciones sociales y del aseguramiento al sistema de seguridad social en salud y en riesgos profesionales, va a preferir contratar bajo el anterior esquema por simples y elementales razones económicas y de utilidades.
Uribe y el uribismo convencidos de que son seguidos (precisamente entre los sectores que sufrirán la norma) por un alto número de personas con un bajísimo nivel de escolaridad y coeficiente intelectual, justifican la medida presentándola como una forma de que los trabajadores dispongan de más tiempo para disfrutar de sus familias, como si la pobre remuneración (en nada equiparable al de otros países que tienen esa modalidad como Estados Unidos) lo fuera a permitir y como si la incertidumbre de no saber cuándo podrían volver a ser “enganchados” no impidiera “disfrutar” los “períodos de ocio”.
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Si con contratos a 10 meses se volvía prácticamente imposible para los trabajadores alcanzar el número de semanas cotizadas para pensionarse, bajo la extensión paulatina de la nueva modalidad, lograrlo será una misión imposible gracias al uribismo y a sus gobiernos.