Se escuchaba, incluso en la voz de reconocidos periodistas, que si Uribe iba preso se desataría una guerra en el país. Lo que nunca dijeron, ni nos imaginamos, es que sería una guerra selectiva, sucia, siniestra, en forma de masacres reeditadas y con un objetivo específico: los jóvenes. La franja o nicho poblacional que no cree y antes repudia el lenguaje y la política de la guerra, de la muerte, del exterminio, del odio, de la exclusión.
Las encuestas (tanto las públicas como las privadas) vienen marcando desde hace un tiempo el bajísimo nivel de favorabilidad y aceptación que en nuestra juventud tiene el proyecto político que representa en el país lo viejo, lo anacrónico, lo retardatario, lo reaccionario, lo autoritario, lo dogmático, esto es, las «ideas» ultraconservadoras de Uribe y de su uribismo. Por eso tanta ira y tanto odio acumulados hacia los jóvenes y hacia sus maestros, a quienes sindican de ser los responsables del desarrollo, en ellos, de esa visión crítica de la sociedad, entre otras cosas ordenada como objetivo de la educación por la propia ley 115/94.
No es fortuito entonces, que bajo este gobierno, que representa y/o encarna un proyecto que agoniza, las órdenes hacia la fuerza pública hayan sido las de actuar sin contemplación y con sadismo contra los jóvenes que se manifiestan en las calles y de disparar a sus cabezas, práctica que ha dejado a varios con lesiones no deseadas en sus ojos, pues el resultado que en verdad se perseguía era el alcanzado con Dylan Cruz.
Disparan a sus cabezas, porque como en el medioevo temen odian y persiguen el pensamiento y la razón. Degüellan para simbólicamente demostrar que no quieren cuerpos movilizándose en función de lo que piensan y ordenan los cerebros y las conciencias. Focalizan su odio hacia los estudiantes porque tienen claro que quienes estudian difícilmente podrán ser manipulados, engañados e instrumentalizados electoralmente.
La arremetida contra los jóvenes por parte de paramilitares que fungen como brazo armado de un proyecto narco político, que les otorga libertad de movilización y acción e impunidad, inició el 10 de agosto de 2020 en el corregimiento de Santa Lucía, jurisdicción del municipio de Leyva (Nariño) donde Cristián Caicedo y Maicol Ibarra, de 12 y 17 años, fueron asesinados en momentos en que se dirigían a dejar su tareas en el colegio.
La política de la muerte continuó un día después con el asesinato en unos cañaduzales en Llano Verde (Cali) de 5 menores afro descendientes que respondían a los nombres de Juan Montaño, Jean Paul Perlaza, Jair Andrés Cortez y Leider Cárdenas de 15 años y de Álvaro José Caicedo de 14. Curiosamente, el nombre del propietario del predio donde se produjo la masacre ha sido protegido y mantenido en reserva por las autoridades en un hecho que Monseñor Darío de Jesús Monsalve no dudó en calificar como «genocidio generacional».
Como epílogo de la situación se ha conocido la noticia del asesinato de otros nueve jóvenes en la vereda Catalina, del municipio de Samaniego (Nariño), en momentos en los que el presidente Duque centra toda su atención en la libertad de Uribe y en la situación de Venezuela. Algunas de las mortales víctimas fueron identificadas como Byron Patiño (23), Andrés Obando (17), Rubén Ibarra (24), Sebastián Quintero (24), Daniel Vargas (22), Laura Michel Melo (19), Campo Benavides (19) y Brayan Alexis Iguarán (25).
La zona occidental del país, como lo denunciara en su momento y con anticipación Gustavo Petro ha venido siendo copada por el Cartel de Sinaloa sin que las autoridades militares hagan nada al respecto. A los jóvenes los asesinan en una parte por lo que ya se anotó y también, pero relacionado con la causa principal, porque se niegan a ser reclutados y hacer parte de estructuras delincuenciales del narcotráfico.
A nuestra juventud, al parecer, no le perdonan tener sueños y expectativas diferentes a las de traquetear y delinquir. Esta generación sueña con oportunidades de estudio, de investigación, de empleo, de desarrollo, de acceso a la tecnología, de deporte, de ejercicio de expresiones culturales diversas y no de reactivación de una guerra estéril que por otros 50 años más siembre el territorio del país de cadáveres.
Se equivocan quienes creen que haciendo uso de la estrategia de vender terror y zozobra para después presentarse como alternativa de solución a lo que ellos mismos generan van en el 2022 a capturar y lograr movilizar las mismas cantidades de incautos que en el pasado. El país cambió y los jóvenes los repudian. Esperemos que toda esa fuerza silenciosa de la juventud se exprese en las urnas para sepultar definitivamente a quienes están matando y cercenando sus esperanzas e instigando contra la «juventud Farc, combatiéndolo con antibiótico de la verdad».
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