El uribismo, sus partidos aliados, instituciones del Estado como Procuraduría e ICBF y los medios de comunicación al servicio de los poderosos siempre rasgaron sus vestiduras y fueron enérgicos en su condena al tema de reclutamiento de menores de edad por parte de la guerrilla e incluso este proceso reprobable continuó siendo uno de sus caballitos de batalla con posterioridad a la desmovilización de las FARC.
Hoy el fenómeno persiste y existen ya denuncias concretas como el caso de Tarazá (Antioquía) y la Caucana, pero a diferencia de épocas pasadas los mismos protagonistas ya mencionados antes, esta vez guardan sepulcral y cómplice silencio. La razón: quienes ahora reclutan a niños y niñas son paramilitares y al parecer desde su lógica de la hipocresía hay reclutamientos malos e inconcebibles y reclutamientos buenos y justificables. El plazo para «incorporación» de estos niños es el 6 de enero de 2020. Los padres que no los entreguen serán declarados objetivo militar. No pueden huir. Nadie puede abandonar la zona.
Es la neopramilitarización del territorio que resurge bajo el influjo del uribismo en el poder y que tiene por cometido reactivar la máquina de la guerra y de la muerte del que este sector se lucra económica y electoralmente. Por eso, a pesar de las denuncias, que más que eso son un grito desesperado de padres de familia que bajo amenazas de muerte deben entregar a sus niños y niñas, nadie desde el poder hace o dice nada.
Los niños de los privilegiados, a diferencia de los de Tarazá, ya recibieron sus regalos, muchos están en el exterior disfrutando de vacaciones y nunca serán amenazados y obligados a empuñar un fusil, para en lugar de estudiar y jugar acostumbrarse a asesinar sin remordimientos.
Pero no es sólo en Colombia donde se guarda sepulcral silencio. A la Comunidad Internacional de Derechos Humanos tampoco pareciera interesarle el tema. Igual ocurre en Colombia y no en Venezuela, donde si saldrían prestos a denunciar semejante crimen que le roba la inocencia y el futuro a niños pobres.