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El primero que implementó el macabro plan pistola en Colombia fue Pablo Emilio Escobar Gaviria. Las victimas en su mayoría eran policias sin rango adscritos a la hoy denominada Policia Metropolitana del Valle del Aburrá -MEVAL- y oriundos de otras regiones del pais. De alli se copió el modelo de exterminio de los lideres sociales que hoy se implementa a lo largo y ancho del país y que deja entre otros los siguientes interrogantes:
¿Cuántos de los asesinatos han sido investigados y tienen a responsables materiales y autores intelectuales identificados y tras las rejas? ¿Si existen las denominadas Águilas Negras por qué los aparatos de inteligencia del Estado no han develado nada acerca de su estructura, integrantes y cabecillas? ¿Qué organización o institución dispone de la infraestructura y logística para operar impunemente en absolutamente toda la geografía nacional?
Más allá de eestas incógnitas que debería haber despejado de tiempo atrás el propio Estado, lo cierto es que este nuevo genocidio que ha arrancado con fuerza en Colombia tras el inicio del proceso de paz y que sucede a los eufemisticamente denominados «falsos positivos» pareciera enmarcarse dentro de la lógica de que hay «buenos muertos» y por tanto asesinatos justificados que recaen curiosamente en quienes son permanentemente estigmatizados por la militancia del Centro Democrático como «bandidos», «mamertos», «guerrilleros», o «gente incómoda» para los poderosos intereses económicos y políticos de la dirigencia de ese sector político, vinculados a la tenencia de la tierra y a actividades como la ganadería.
Sin que existan los elementos probatorios para hacer sindicaciónes, lo cierto es que desde esta última agrupación política y desde su máximo dirigente no ha existido nunca un pronunciamiento contundente que invite a parar el odio y que condene la intolerancia y el que los conflictos y diferencias se diriman por la fuerza, con utilización de armas y con propósitos de exterminio o liquidación física de quién opina o piensa diferente.
Lejos de ello, se han vuelto tristemente célebres los constantes pronunciamientos intemperantes e incendiarios de María Fernanda Cabal, quien llegó incluso a cuestionar el papel del ejército señalando frente al mismo, palabras más, palabras menos, que era una fuerza letal cuyo propósito era entrar a matar, doctrina que explicaría la lógica espantosa con el que esta institución se involucró en los «falsos positivos» durante los 8 años de gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
Precisamente en febrero de 2018 y siendo presidente Juan Manuel Santos, Uribe Vélez se pronunció contra el aumento de «Las muertes de líderes sociales», lo que convenientemente olvidó volver a hacer desde el 7 de agosto de 2018 cuando se posesionó Iván Duque en la presidencia sin que los asesinatos se detuvieran.
Apenas dos meses y 24 días después, el propio Uribe, al mejor estilo de Escobar Gaviria, acuñó el término «buen muerto» al referirse al asesinato de Carlos Areiza.
Para rematar sus desafortunadas declaraciones públicas sobre el tema, efectuadas a través de Twitter, poco antes de la posesión como presidente de Iván Duque, Álvaro Uribe al criticar que Juan Manuel Santos se ufanara de la «disminución del asesinato», señalando frente a lo mismo que lo único que hacía era dejar «el asesinato aplazado», con lo que daba a entender o anticipaba la reactivación de la muerte en Colombia
Ayúdanos a PARAR el GENOCIDIO copiando y tuiteando el siguiente texto:
@IntlCrimCourt @CourPenaleInt
@FATOU_BENSOUDA @Opinionoticias
ARRÊTEZ LE GÉNOCIDE DES DIRIGEANTS SOCIAUX EN COLOMBIE Finie l’impunité
STOP THE GENOCIDE of SOCIAL LEADERS in COLOMBIA. No more impunity
DETENGAN el GENOCIDIO de líderes sociales en Colombia. No más IMPUNIDAD
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