Quién lo creyera, los más fundados temores de los educadores del país agremiados a Fecode se están volviendo ciertos. Lo que faltaba para la destrucción de la más grande organización sindical del país, comienza a concretarse tras una bien organizada y agresiva campaña comunicativa que durante años se gestó para erosionar su imagen institucional ante la opinión pública como necesaria fase preparatoria del terreno para asestarle una estocada final o definitiva.
El expresidente y hoy tesorero de FECODE y candidato al senado de la república por Fuerza Ciudadana, Carlos Enrique Rivas Segura, rompió el silencio de los educadores oficiales sindicalizados y luego de la elección presidencial de Gustavo Petro Urrego, el pasado 19 de junio se expresó, como es su característica, sin rodeos y “sin pelos en la lengua”.
Ad portas de la realización de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, el próximo 19 de junio, ambos candidatos presidenciales coinciden en aseverar que bajo un eventual mandato suyo serán implacables contra la corrupción y, por obvias razones, contra los corruptos, responsables de un inimaginable desangre de las finanzas públicas cuyos recursos se pierden a borbotones a través de una especie de gran vena rota de la que los politiqueros se benefician y que todos los colombianos pagamos
Es un secreto a voces. Hubo fraude el 29 de mayo, pero superior al mismo es el miedo a hablar abiertamente sobre el mismo por parte de quienes saben de su ocurrencia y de cómo se concretó. Hay de por medio amenazas de muerte, de un poderoso sector en el país, incluso a familiares de quienes pudieran destapar lo que se hizo.
Fuentes de alto crédito cuyas vidas correrían peligro si se llegara a revelar sus nombres revelaron que la maniobra fraudulenta perpetrada en la primera vuelta presidencial tuvo varios componentes que incluían la adulteración por parte de jurados nombrados para tal fin de la votación consignada en los formularios E14, lo cual hacen por afinidad política y dinero bajo la seguridad que se les otorga de que no serán investigados ni judicializados.
Otro de los soportes del fraude, habría estado en la transmisión y digitalización de los datos, de tal manera que bajo el ropaje de una eficiencia inexistente y ponderada, elogiada y amplificada desde la complicidad de los grandes medios se diera un golpe de opinión, incluso desde mucho antes de que los jurados empezarán y concluyeran el proceso de conteo y entrega de la información a la Registraduría sobre el número de los votos efectivamente depositados por los ciudadanos en las urnas.
Los ciudadanos votaron hasta las 4 de la tarde pero de ahí en adelante la selección y oficialización de los ganadores de la jornada electoral estuvieron en manos de la Registraduría y de los contratistas de la misma, quienes desde un preconteo que no tiene efectos vinculantes tuvieron por intencionalidad imponer una matriz de opinión que de facto casi que deja sin razón de ser los escrutinios que deben efectuarse posteriormente por miembros de la rama judicial.
A propósito de estos últimos sería pertinente que se aclare a la opinión pública desde este respetable sector de la sociedad si es cierto o no que desde el gobierno ha existido injerencia indebida y presiones hacia su labor en los escrutinios, a la par de amenazas por parte de actores al margen de la ley para que concluyan el escrutinio sin atreverse a revelar detalles del aberrante fraude tras el que se esconderla lo que al establecimiento corrupto y mafioso no le interesaba ni convenía que ocurriera, el triunfo de Gustavo Petro en primera vuelta como en efecto y al parecer ocurrió.
Pero lo denunciado no se agota en lo ya expresado. La renuencia a la contratación de proceso de auditoría al software de la Registraduría estaría escondiendo, además, la existencia de un código malicioso diseñado para colocar un techo o tope máximo de votos reconocidos al candidato presidencial Gustavo Petro que impidiera que este alcanzara el porcentaje de votos necesarios para imponerse en primera vuelta.
Adicionalmente desde el propio código fuente habría una instrucción para que el software trasfiriera la votación obtenida por Gustavo Petro por encima del tope límite a él colocado a los dos candidatos del uribismo, otorgándole prelación porcentual a aquel de quien las firmas encuestadoras habían señalado como el único capaz de aglutinar los votos del establecimiento y ganarle a Petro en segunda vuelta, esto es, el ingeniero Rodolfo Hernández.
El silencio de Petro
Para la concreción exitosa de la maniobra, un objetivo clave encomendado al equipo de Hernández al parecer consistió en un entrampamiento que neutralizara a Petro restándole credibilidad frente a la opinión pública nacional e internacional en una eventual denuncia suya de Fraude.
La idea, según se nos reveló, consistía en precipitar una salida en falso como la que desde el propio equipo del candidato Hernández se propició, cuando Petro denunció un golpe de estado en marcha que nunca ocurrió y para la que convocó a una reunión a Hernández y Fajardo a la cual estos le hicieron el vacío, lo que sirvió como insumo a una también orquestada campaña de burla en redes y medios que erosionaron la confianza en lo denunciado por PETRO.
A partir de ese episodio y de la amenaza latente de que el Registrador fuera destituido y las elecciones se aplazaran, que no pasó de ser un rumor sin fundamento direccionado desde el uribismo para evitar ataques hacia Vega de parte del Pacto Histórico, en el propósito de que les resultara más fácil y sin oposición materializar su plan, Petro no sólo se silenció sino que, equivocadamente, en el debate final de Caracol fue más tibio que Fajardo con la Registraduría y el registrador absteniéndose de contestar si confiaba en estos como garantes del proceso electoral.
En la misma línea de equivocaciones, el mismo día de las elecciones, desde su discurso, Petro aceptó sin reparos los resultados, se dejó imponer un techo y unos dudosos resultados de sus competidores que lo colocan en desventaja y lo dejaban a merced de la manipulación de las encuestadores, que ya vienen poniéndolo por debajo de Rodolfo Hernández.
Además, no cuestionó, como no lo volvió a hacer, unas elecciones que no le otorgan garantías y que dejan entrever que logre los votos que logre, siempre su competidor será beneficiado por el árbitro del proceso electoral con muchos votos más para ganar.
¿Qué resignó y silenció a Petro? ¿Qué le robó sus legítimos reclamos hacia un proceso electoral espurio cuyos resultados dijo que en ese tipo de eventos no reconocería? No se sabe. Lo único cierto es que la palabra escrutinios también se borró de su lenguaje y del de su equipo.
Evade referirse y contestar preguntas sobre el tema. Insiste en desviar la atención de sus electores de su altísimo probable triunfo y del robo del mismo el 29 de mayo e insiste en que todos se enfoquen en el 19 de junio, como si ya existieran garantías para que se respete la soberanía popular y la decisión del constituyente primario en las urnas por parte de un régimen mafioso y sin escrúpulos.
Mientras el pueblo hace la tarea y descubre y revela por sus propios medios que otra vez hubo fraude, Petro guarda silencio, insiste en callar, persiste en mirar para el 19 de junio y seguir convocando cuando todo marca que ya ganó el 29 de mayo.
¿Qué alguien nos explique ese comportamiento atípico y resignado que no le transfiere a su electorado un espíritu de victoria sino de incredulidad y desesperanza ya que en estos existe la percepción de que, obténganse los votos que se obtengan, otros serán quienes decidan la suerte y futuro de un pueblo que difícilmente logre sobreponerse a otra frustración y a otra derrota y desprenderse de esa sensación de sentirse payasos en el circo de la «democracia» colombiana
Como si ocurre cuando quienes se manifiestan y protestan en las calles de Colombia son jóvenes estudiantes, no existen desde los grandes medios titulares, recriminaciones y estigmatización alguna a quienes desde un mal llamado paro armado prohíben la libre movilidad y actividad comercial y laboral de ciudadanos en varias ciudades del país.
Pablo Escobar Gaviria siempre tuvo en mente la toma del poder político para desde el gobierno favorecer su «emprendimiento» cocainero. Y aunque los Rodríguez Orejuela estaban más preparados para materializar ese sueño, siempre fue impensado un acuerdo entre ambos carteles de la droga en función de intereses estratégicos comunes.
Una desprestigiada revista de la extrema derecha colombiana, cuya evidente falta de neutralidad y objetividad profesional la ha llevado abierta y desvergonzadamente a convertirse en instrumento de propaganda del establecimiento corrupto, ha decidido, en expresión de su máximo nivel de degradación, prestar su tapa o portada para servir de caja de resonancia a quienes frente a la inminente pérdida de las elecciones presidenciales apuestan a la idea de infundir miedo a la población civil con un golpe militar cuyo único fin percibible sería salvaguardar privilegios y encubrir delitos graves de quienes han detentado el poder en las últimas dos décadas.
Sobre las 3:48 de la, tarde del día viernes 25 de marzo, a través de su cuenta de twitter, Gustavo Petro presentó a la ciudadanía su programa de gobierno inscrito, sobre el que expresó podía, discutirse y estaba abierto al aporte de todos
Álvaro Uribe Vélez, former president of Colombia, is not a bad loser. It is simply past that he refuses to accept the present and future of a country that is fed up and already repudiates at the polls his way of acting and solving everything by force and with the use of violence, very much in the style of his infamous compatriot, Pablo Escobar Gaviria.
That is why, because of his voracity and impossibility of detachment from power, he dares today, on the verge of losing it at the polls, to openly propose ignorance of the results of the elections, that is, to promote a coup d’état that would mean something like setting the country on fire rather than leaving it in hands other than his own.
In front of the foregoing arises an inevitable question: does The administration Biden shares and you know something about the fracture institutional and democratic, and the coup d’état that, in the style of the ignorance of the results of the election in the united States did Donald Trump and today, as a formula, you are proposing to Colombia characters that in favor of the republican candidate dared to interfere in the presidential elections in american, as did Álvaro Uribe Vélez, and their co-religionists of the Democratic Center?
Beyond the personal friendship and affinity with political and ideological split between the uribista ambassador of Colombia in Washington, Juan Carlos Pinzón, and the legal advisor to the government Biden for the western hemisphere (Latin america) in the Council of National Security of the united States, the official of colombian origin, Juan Sebastian Gonzalez, the democratic administration should not be indifferent to what happens in Colombia and ignore him but speak out in defense of the freedoms and democracy.
At the U.S. Embassy in Bogota they must be perfectly aware and notified of what is happening in Colombia and what is intended to be done.
A government, highly questioned in the field of human rights and corruption, belonging to a political sector which has been in power since 2002 and controlled through their copartidarios and friends the Armed Forces and Police, the majorities in the Congress, the office of The Attorney General, The Attorney General of the Republic, the office of the Ombudsman, the Comptroller’s office, the National Electoral Council and to the National Registry of Civil Status, intended now, with the involvement and complicity of the mainstream media to re-ripped to shreds, no longer the peace process, but what is left of democracy in Colombia.
And is that even though it may seem implausible, the head of the Head of State in Colombia, from the utter loss of shame and of all forms of decency, dares to unveil already openly to their nature absolutely anti-democratic and tyrannical via the social network twitter by stating, in an invitation to the pathways of fact, that «you can not accept this result,» (the election) and inviting that «the authorities of the State» that are not as already said more than those coptadas by the fanaticism ideological his party proceed to the «to read… the inconsistencies of the vote counts» and to act.
Estas elecciones dejan toda la desconfianza.
E 14 llenos de tachones, enmendaduras, firmas que no coinciden.
A las inconsistencias se suma la abrumadora votación del Petrismo en zonas de narcotráfico.
From the same absurd logic and failed to invite the citizens to vote for the uribismo to save us of the current government uribista that the former president did elect under slogans such as «the who Says Uribe» and «Duke is the one that is» today is absurd that with all the power of the state under their control try to sell the idea of that could have happened to a fraud perpetrated by an opposition that had already been the victim of a fraud and interference against a drug trafficker in the elections of 2018.
In his deranged and delusional story, Uribe today intends to make us believe that his Registrar acted against all logic against those who elected him and put him in office, not precisely to provide guarantees of impartiality and transparency to the opposition. If «these elections leave all the distrust» it will not be due precisely to those who aspire just to be a government and are not yet.
If there are «E-14 full of blanks, amendments, (and) signatures that do not match» the explanation cannot be in those who do not make jury selection, but in those who unleashed a whole campaign of creeping stigmatization against those who historically acted as jurors, that is, against teachers, and then replace them with people related to the Democratic Center, which as has been evidenced in social networks, are not precisely characterized by their education, high levels of schooling and spelling. Interestingly, in times when teachers, apart from the role of jurors, acted, there were no problems and the «left» did not win.
But the height of effrontery of Uribe is cross out to millions of citizens in the great citizens as a part of the drug by not voting for their party and try to associate «the overwhelming vote of the Petrismo» with «drug trafficking», who believed him, under the government that benefited from the action of the drug trafficker «Ñeñe» Hernandez and they had the luxury to have untouchable ambassadors owners narcofincas in the vicinity of Bogota, to ship cocaine to the outside from the very El Dorado International Airport without the authorities to see or hear anything during the current government.
From this perspective, the United States cannot afford to remain silent in the face of this kind of ally that remembers and far surpasses former Panamanian President Manuel Antonio Noriega. Parliamentarians like Bernie Sanders and Alexandra Ocasio-Cortez should take note and warn President Biden that the United States cannot allow that in Colombia, de facto, a political party that contaminated all institutions and disfigures the ideas of democracy and freedom continues to governv.
Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia, no es un mal perdedor. Es simplemente pasado que se niega a aceptar el presente y futuro de un país que se hastió y repudia ya en las urnas su forma de actuar y resolver todo a la fuerza y con la utilización de la violencia, muy al estilo de su tristemente célebre coterráneo, Pablo Escobar Gaviria.
Por eso desde su voracidad e imposibilidad de desapego al poder se atreve hoy, ad portas de perderlo en las urnas, a proponer abiertamente el desconocimiento de los resultados de las elecciones, es decir, a promover un golpe de estado que significaría algo así como incendiar al país antes que dejarlo en manos distintas a las suyas.
Frente a lo anterior surge una inevitable pregunta: ¿La administración Biden comparte y sabe algo sobre la fractura institucional y democrática y el golpe de estado que, muy al estilo del desconocimiento de los resultados electorales en Estados Unidos hizo Donald Trump y que hoy, como fórmula, están proponiendo para Colombia personajes que a favor del candidato republicano se atrevieron hasta a interferir en las pasadas elecciones presidenciales norteamericanas como lo hicieron Álvaro Uribe Vélez y sus correligionarios del Centro Democrático?
Más allá de la amistad personal y de la afinidad política e ideológica entre el uribista embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón, y el asesor del gobierno Biden para el hemisferio occidental (Latinoamérica) en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el funcionario de origen colombiano, Juan Sebastián González, la administración demócrata no debería ser indiferente a lo que ocurre en Colombia e ignorarlo sino pronunciarse en defensa de las libertades y la democracia.
En la embajada de Estados Unidos en Bogotá deben estar perfectamente al tanto y notificados de lo que en Colombia está pasando y de lo que se pretende hacer.
Un gobierno altamente cuestionado en materia de derechos humanos y de corrupción, perteneciente a un sector político que detenta el poder desde 2002 y controla a través de sus copartidarios y amigos las Fuerzas Armadas y de Policía, las mayorías en el Congreso, la Fiscalía General de La Nación, La Procuraduría General de la República, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, el Consejo Nacional Electoral y hasta la Registraduría Nacional del Estado Civil, pretende ahora, con el beneplácito y complicidad de los grandes medios de comunicación volver trizas, ya no el proceso de paz, sino lo que queda de democracia en Colombia.
Y es que aunque parezca inverosímil el jefe del Jefe de Estado en Colombia, desde la más absoluta pérdida de vergüenza y de toda forma de decencia, se atreve a develar ya abiertamente su naturaleza absolutamente antidemocrática y su carácter tiránico a través de la red social twitter afirmando en una invitación a las vías de hecho, que «no se puede aceptar este resultado» (el electoral) e invitando a que «las autoridades del Estado» que no son como ya se dijo más que aquellas cooptadas por el fanatismo ideológico de su partido procedan a «leer… las inconsistencias de los conteos de votos» y a actuar.
Estas elecciones dejan toda la desconfianza.
E 14 llenos de tachones, enmendaduras, firmas que no coinciden.
A las inconsistencias se suma la abrumadora votación del Petrismo en zonas de narcotráfico.
Desde la misma lógica absurda y fracasada de invitar a la ciudadanía a votar por el uribismo para salvarnos del actual gobierno uribista que el expresidente hizo elegir bajo eslogans como «el que Diga Uribe» y «Duque es el que es», hoy es absurdo que con todo el poder del estado bajo su control se pretenda vender la idea de que pudo haber ocurrido un fraude perpetrado por una oposición que ya había sido víctima de un fraude y de una injerencia en contra de un narcotraficante en las elecciones de 2018.
En su relato desquiciado y delirante Uribe pretende hoy hacernos creer que su Registrador actuó contra toda lógica contra quienes lo eligieron y pusieron en su cargo, no precisamente para brindar garantías de imparcialidad y transparencia a la oposición. Si «estas elecciones dejan toda la desconfianza» no se deberá precisamente a quienes aspiran apenas a ser gobierno y aún no lo son.
Si hay «E-14 llenos de tachones, enmendaduras, (y) firmas que no coinciden» la explicación no puede estar en quienes no hacen selección de los jurados, sino en quienes desataron toda una campaña de rastrera estigmatización contra quienes históricamente actuaban como jurados, es decir, contra los maestros, para luego reemplazarlos por personas afines al Centro Democrático, que como ha quedado evidenciado en redes sociales, no se caracterizan precísamente por su educación, altos niveles de escolaridad y ortografía. Curiosamente en épocas en que los maestros, apartados de la función de jurados, actuaban no había problemas y la «izquierda» no ganaba.
Las autoridades del Estado deberían leer la angustia popular por las inconsistencias de los conteos de votos en sus diferentes etapas
Pero el colmo del descaro de Uribe es tachar a millones de ciudadanos en las grandes ciudades como parte del narcotráfico por no votar por su partido e intentar asociar «la abrumadora votación del petrismo» con «narcotráfico», quien lo creyera, bajo el gobierno que se benefició de la acción del narcotraficante «Ñeñe» Hernández y que se dio el lujo hasta de tener intocables embajadores propietarios de narcofincas en las inmediaciones de Bogotá, para despachar cocaína hacia el exterior desde el mismísimo Aeropuerto Internacional El Dorado, sin que las autoridades vieran o se enteraran de nada durante el actual gobierno.
Desde toda esta perspectiva, Estados Unidos no puede darse el lujo, está vez, de guardar silencio frente a esta especie de aliado que recuerda y supera con creces al expresidente panameño Manuel Antonio Noriega. Parlamentarios como Bernie Sanders y Alexandra Ocasio Cortéz deberían tomar nota y advertirle al presidente Biden que Estados Unidos no puede permitirse que en Colombia, de facto, siga gobernando un partido político que contaminó a todas las instituciones y desfigura las idea de democraci
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